Los funcionarios podrían tener una jornada laboral de 35 horas

¿Una jornada laboral de 35 horas? Los funcionarios públicos podrían beneficiarse de la nueva medida promovida por Yolanda Díaz

Yolanda Díaz - Política
Yolanda Díaz, durante el acto Pioneras14, organizado por Artículo 14 Javier Cuadrado

La reducción de la jornada laboral sigue siendo un tema central en el debate político y laboral en España. En este contexto, Sumar, el partido liderado por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha propuesto que los funcionarios públicos pasen a tener una jornada laboral de 35 horas semanales. Esta medida, que rebajaría en dos horas y media la jornada de 37,5 horas recientemente acordada con los sindicatos, se plantea a través de una enmienda en el Congreso de los Diputados dentro del proceso de tramitación de la Ley de Función Pública.

La propuesta de reducción de la jornada laboral de 35 horas responde a un compromiso previo incluido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, en el que ya se contemplaba la recuperación de este horario en el sector público. Desde Sumar insisten en que la Administración debe garantizar estas condiciones y negociar su implementación con los agentes sociales, aunque sin contar con la patronal CEOE-Cepyme, que ya mostró su oposición a la anterior reducción a 37,5 horas.

Un paso más en la reducción de la jornada laboral

El debate sobre la reducción de la jornada laboral no es nuevo. Durante los últimos meses, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trabajado para reducir progresivamente las horas de trabajo semanales. La primera gran medida fue el acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT para establecer la jornada de 37,5 horas, sin el respaldo de la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, ha manifestado en repetidas ocasiones su desacuerdo con los cambios en el modelo de trabajo.

Los funcionarios podrían tener una jornada laboral de 35 horas

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo | Kilo y Cuarto

Ahora, con la nueva enmienda, se busca dar un paso más y fijar la jornada laboral de 35 horas como norma para todos los funcionarios públicos. Esta medida tendría implicaciones tanto para la organización del trabajo en la Administración como para el presupuesto público, ya que una reducción de la jornada podría implicar nuevas contrataciones o una reestructuración de los servicios públicos.

La enmienda presentada por Sumar se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Si se aprueba en el Congreso, podría implantarse en los próximos meses. El Gobierno ha señalado que espera que el proyecto de ley se apruebe en marzo y que la medida pueda tramitarse por la vía de urgencia.

Si la propuesta recibe luz verde, se establecería un marco de negociación con los sindicatos para acordar cómo se aplicaría la jornada laboral de 35 horas en las distintas administraciones públicas. Sin embargo, la falta de consenso con la patronal y la oposición de algunos sectores políticos podrían ralentizar su implementación.

Jubilación parcial y teletrabajo en la función pública

Además de la reducción de la jornada laboral de 35 horas, Sumar ha presentado otras enmiendas dentro de la Ley de Función Pública. Una de las más destacadas es la propuesta de permitir la jubilación parcial de los funcionarios en términos similares a los del sector privado. Esto permitiría a los empleados públicos acogerse a una jubilación progresiva, combinando trabajo y pensión hasta su retirada definitiva.

Los funcionarios podrían tener una jornada laboral de 35 horas

Una mujer mayor teniendo una reunión relajada con su pupila | Shutterstock

Asimismo, la enmienda introduce la posibilidad de que los funcionarios puedan solicitar su permanencia en activo tras alcanzar la edad de jubilación, con un plazo de solicitud de entre tres y cuatro meses antes de cumplir la edad correspondiente. No obstante, esta prórroga sería completamente voluntaria y no aplicaría al personal directivo profesional.

En cuanto al teletrabajo, la propuesta subraya que esta modalidad debe ser una opción para los empleados públicos. Pero en ningún caso una imposición. Desde Sumar han advertido que el trabajo a distancia no debe implementarse con la justificación de reducir costes en la Administración. A fin de cuentas, este no debe ser el objetivo principal de la medida.