Mientras el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales negocian la reducción de jornada a 37,5 horas con carácter general, los funcionarios de la Administración General del Estado (AEG) aspiran también a reducir la suya en dos horas y media. La diferencia es que los casi 180.000 funcionarios estatales -un 54% de ellos son mujeres- ya disfrutan de esta jornada, por lo que en su caso se han fijado como objetivo rebajarla a 35 horas en todo el Estado. La lista de prioridades incluye la equiparación salarial con el resto de administraciones, que cifran en una subida media de 8.000 euros anuales, el equivalente a 1.500 millones de euros en su conjunto. Entre otras demandas, reclaman también una oferta de empleo público sin tasa de reposición, culminar el proceso de estabilización o mejoras en la jubilación.
La resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública establece la duración de la jornada general en 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales. No obstante se prevén algunas excepciones: determinados puestos requieren una jornada de 40 horas semanales, una jornada reducida por interés particular, o la jornada de verano. Según informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo, el objetivo es lograr una jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado y la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como el teletrabajo.
Actualmente, el 47,78% de los funcionarios está cuenta con teletrabajo, según el último Informe de seguimiento de trabajo a distancia (septiembre 2024) de la AGE. Casi tres de cada diez funcionarias (el 27,73% del total) están ya en esta modalidad, frente al 20% de los hombres. La mayor parte de las mujeres que teletrabajan realizan funciones de administración y de gestión (el 66,57% del total), y solo un 2,65% de ellas ocupa puestos directivo. Paradójicamente, son los hombres directivos quienes más cuentan con teletrabajo, el 3,8% del total. Considerando ambos sexos, solo el 2% de los puestos directivos están en teletrabajo en la administración estatal.
Equiparación salarial
Una funcionaria con la categoría de responsable en el País Vasco -nivel A1.28- percibe un salario de casi 72.000 euros anuales, entre sueldo y complementos, frente a los poco más de 49.000 euros de un funcionario del Estado, lo que supone una diferencia de 22.600 euros. Esta diferencia en la retribución de los funcionarios estatales se da tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos. Según CSIF, la diferencia media para los trabajadores de la Administración General del Estado es de 8.000 euros menos al año en comparación con el resto de administraciones por el mismo puesto.
"Cada día a los empleados públicos del SEPE, de la Seguridad Social o de los ministerios se les descuenta 20 euros en relación con sus homólogos en comunidades y ayuntamientos", advierte el presidente de CSIF, Miguel Borra. El sindicado ha analizado la estructura salarial del funcionariado, tanto a nivel autonómico como local -con un gran ayuntamiento-. Según sus cálculos, en total, suplir las diferencias salariales de los trabajadores públicos estatales frente al resto supondría 1.487 millones de euros. La propuesta del sindicato es hacer una recuperación progresiva: la mitad el próximo año -744 millones-, un 30% en 2026 y el 20% restante en el 2027.
El estudio diferencia entre el personal funcionario y estatutario y el laboral. En el primer caso el coste de equiparación salarial sería de más de 1.325 millones de euros, con una media de desigualdad retributiva de 8.690 euros menos anuales. Para el personal laboral, el coste sería de 161 millones de euros, con 7.380 euros menos de media por trabajador. Para CSIF, el personal de la AGE ha sido "muy maltratado" por los sucesivos recortes aplicados desde 2010, que se han traducido en una pérdida de poder adquisitivo del 15,9% de estos trabajadores.
Mujeres en la función pública
Los funcionarios de la administración general suman una plantilla de casi 180.000 personas frente a los casi tres millones de trabajadores públicos en toda España. Las mujeres siguen afianzándose en la función pública. A nivel general, ellas representan seis de cada diez personas que trabajan en el sector público en España. En los dos últimos años, el número de trabajadoras en este ámbito ha crecido más de un 12% y, con datos de enero de 2024, alcanzan los 1,76 millones de empleadas de un total de casi tres millones de personas (2,968 millones). Este crecimiento se explica porque a partir de enero de 2023 en los datos de las comunidades autónomas se incluye el personal laboral temporal, además del personal en formación y prácticas, considerado también por el Gobierno desde dicha fecha.
Oferta de empleo público sin tasa de reposición
Según subraya el sindicato, los empleados públicos han perdido un 5% de poder adquisitivo desde la firma del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Este se ratificó entre Gobierno y CCOO y UGT, para el período 2022-2024 y concluye a finales de diciembre de este año. En las prioridades del CSIF se incluye la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en julio el Real Decreto para la oferta de empleo público de 2024, con una cifra récord de 40.146 plazas, de las que se reservarán un 10% a personas con discapacidad. Del total, el 68% se destina al turno libre (27.360), mientras que el resto es para promoción interna (12.786). Para la Administración General del Estado, se han previsto 31.465 plazas (66% de acceso libre y el resto, de promoción interna).
"Las convocatorias que afectan a miles de personas van con retraso de meses", señala el sindicado, que reclama asimismo el balance y culminación del plan de estabilización de plazas de personal interino. A 31 de diciembre, la cifra no debe superar el 8% del total. Para CSIF, la administración estatal acumula un déficit de 43.000 plazas correspondientes al periodo 2010-2020. En este sentido, indican que el 60% de la plantilla se jubilará a lo largo de los próximos diez años. "Esta circunstancia pone en peligro la sostenibilidad de nuestra Administración", concluye el sindicado.
Además, se demanda la mejora de las condiciones de jubilación y garantías con la continuidad de la atención sanitaria con el mutualismo administrativo, con una financiación adecuada. La primera "línea roja" para el sindicato es negociar un acuerdo salarial para 2025 que no suponga una pérdida de poder adquisitivo para todo los trabajadores públicos. "En ningún caso vamos a empezar a hablar por una subida salarial por debajo del IPC", advirtió Borra.
Para presionar al Gobierno en sus demandas, los funcionarios volverán a ser convocados a salir a la calle, ya lo hicieron el pasado verano. CSIF contempla la convocatoria inminente de concentraciones frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias los días 11 de noviembre y 16 de diciembre, sin descartar nuevas medidas más contundentes si el Gobierno no reacciona.