Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, se va de vacaciones con deberes para la mesa de negociación con los agentes sociales en su vuelta al cole: el primero, el acuerdo para la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas a partir de 2025; el segundo, la reforma del despido para subir la indemnización del improcedente tras el fallo de la Unión Europea.
Tras conocerse formalmente la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha fallado contra la legislación española del despido improcedente por considerar sus indemnizaciones insuficientes, Díaz afirmó que el Gobierno cumplirá con las normas europeas y, por tanto, “dará seguridad a las empresas y a los trabajadores“.
“Nosotros sabemos lo que hay que hacer. Hay una alarma porque vamos a tocar el despido (…) Llevamos muchas reformas laborales, singularmente la del 10 y la del 12, que han tocado el despido y lo han hecho para mal. No solo no han cumplido con los mandatos del Derecho europeo, sino que han perjudicado a los trabajadores ¿Qué vamos a hacer? Sustanciar una reforma del despido y lo vamos a hacer en el seno del diálogo social”, aseveró.
En este sentido, la idea de trabajo es considerar las circunstancias personales de los trabajadores, como la edad o su situación familiar, según avanzó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. “No es lo mismo despedir a alguien con 60 años que hacerlo con 30. No es lo mismo despedir a alguien con cargas familiares que no hacerlo. O no es lo mismo despedir a alguien en circunstancias de formación determinadas que no hacerlo”, aclaró.
Primero jornada laboral
Pero antes el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales -CCOO, UGT, CEOE y Cepyme- tendrán que llegar a un acuerdo -esa es la voluntad- en la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas en 2025 tras concluir sin acuerdo la última reunión de la mesa de diálogo social antes de las vacaciones. La cita ya está fijada, para el 9 de septiembre.
Las patronales también se van con tareas -según explicó el Pérez Rey- pues se han comprometido a estudiar “seriamente” para la propuesta de Trabajo para aplicar de manera flexible el recorte de jornada a lo largo de 2025, mejorar el registro de jornada y garantizar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital.
A qué convenio afectará
Dentro de esa flexibilidad ofrecida a la patronal para que la reducción de jornada a 37,5 horas entre en vigor a lo largo de 2025 y no el 1 de enero, Pérez Rey ha defendido que, según los datos del Ministerio, la mayoría de los convenios colectivos van a perder vigencia entre 2024 y 2025.
“Por lo tanto, está claro que durante esos dos años, la flexibilidad suficiente que vamos a incorporar a la reducción de jornada va a permitir, además, una reclamación de la propia patronal. Que los convenios colectivos puedan ya negociarse con las nuevas condiciones y no haya una afectación a los que están vigentes”, aclaró.
Pérez Rey ha defendido que, con todos estos mimbres, el objetivo de Trabajo es alcanzar, tras el verano, un acuerdo con las partes “rápidamente”. “Hemos ofrecido a la patronal márgenes suficientes para que esta reducción se haga de manera progresiva sin alterar de manera importante el ritmo de las empresas, para que las empresas se puedan acoger de manera secuencial a esta reducción”, añadió.
En este marco, ha hecho hincapié en la importancia de mejorar el registro horario para poder verificar si se cumple legalmente con la jornada. Insistió en que “todo este esfuerzo negociador no serviría de nada si luego la jornada se incumpliera de manera sistemática y esto es a lo que queremos poner freno con ese registro”, ha insistido.
Desconexión digital
Pérez Rey explicó el Ministerio ha planteado una propuesta concreta para garantizar el derecho a la desconexión digital tanto en las modalidades presenciales de trabajo como en el teletrabajo, sin que el trabajador pueda sufrir la más mínima consecuencia negativa.
“No coger el teléfono al jefe fuera del horario es un derecho que pueden esgrimir los trabajadores y que no pueden sufrir ninguna represalia por ejercitarlo. No contestar, no coger el teléfono, no leer los correos electrónicos cuando están fuera de la jornada laboral, se estructura en el Estatuto de los Trabajadores como un verdadero derecho, y se prohíbe cualquier represalia”, detalló.
Díaz se va de vacaciones optimista sobre la reducción de la jornada: “creo que hay margen para el acuerdo“.