Tras una primera movilizacion y ante el riesgo de tener a los funcionarios públicos en la calle, Óscar Lopéz ha decidido desbloquear la mesa de negociación en las administraciones públicas. El Ministerio de Función Pública ha convocado, previsiblemente el próximo 24 de marzo, una reunión para retomar la negociación en las administraciones públicas, “tras la presión ejercida por CSIF en los últimos meses, con concentraciones y protestas frente al Ministerio de Hacienda y las delegaciones de Gobierno de toda España”, según informó en un comunicado el sindicado.
A pesar de la petición de los sindicatos de convocar la mesa de la función pública, una vez que el pasado diciembre concluyó la vigencia del anterior acuerdo marzo, hasta la fecha el Departamento que dirige López no había movido ficha. En la agenda de los sindicatos, la principal reclamación es la aprobación urgente de la subida salarial de 2025 para los funcionarios. A punto de concluir el primer trimestre, no ha habido ningún gesto por parte del Ejecutivo en este sentido. En la mesa de diálogo participan, además de CSIF, CCOO, UGT, ELA y CIG.
Subida automática
CSIF exige, además de aprobar cuanto antes la subida de este año, el reconocimiento del 0,5% adicional correspondiente a 2024 que todavía está pendiente. Este sindicato, mayoritario entre los funcionarios, aboga por que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
Recuerda que el actual acuerdo salarial -que CSIF no firmó porque condenaba a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo- concluyó el pasado 31 de diciembre. “Por tanto, emplazamos a Función Pública a negociar lo antes posible un nuevo acuerdo salarial. Los empleados públicos han perdido un 9% de poder de compra desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo, y más de un 20% desde los recortes de 2010 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero”, puntualiza.
Cuestiones pendientes
Para CSIF, las cuestiones que se deben abordar sin demora son: la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra; la adecuación de los Grupos Profesionales; y la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición. Junto con la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
El sindicato reclama, también, la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, la mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.
Voluntad de acuerdo
Aunque CSIF acudirá la reunión con la mejor voluntad “para llegar a un acuerdo”, no descarta seguir con las medidas de presión. Así el sindicato advierte que se reserva la opción de continuar con las movilizaciones en caso de no ver que sus demandas son satisfechas. “La incapacidad del Gobierno para presentar unos Presupuestos por su debilidad parlamentaria está frenando la puesta poner en marcha las reformas que necesitan ámbitos tan importantes como la Sanidad, la Educación o la Administración General del Estado”, asegura.
En este sentido, recuerda que el 60% de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará a lo largo de los próximos 10 años. “Esta circunstancia pone en peligro la sostenibilidad de nuestra Administración. Además, en estos momentos se encuentran enquistados conflictos laborales en la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo o el SEPE”, concluye.