Tras una primera movilizacion y ante el riesgo de tener a los funcionarios públicos en la calle, Óscar Lopéz ha decidido desbloquear la mesa de negociación en las administraciones públicas. El ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, se reune este lunes, 24 de marzo, a partir de las 11.00 horas con CCOO y UGT para abordar las cuestiones pendientes del acuerdo marco que firmó el Gobierno con ambos sindicatos, entre ellas la subida salarial del 0,5% que todavía no se ha aplicado y que corresponde al año 2024. Por la tarde, a las 17.00 horas, la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, celebrará una reunión con CSIF, sindicato que no firmó el acuerdo marco 2022-2024, han informado a Europa Press en fuentes de este sindicato.
UGT y CCOO han demandado en las últimas semanas al ministro López la apertura de una mesa de negociación para buscar un nuevo acuerdo marco para los empleados de las administraciones públicas, de carácter plurianual, que incluya, entre otras medidas, una subida salarial “por encima del IPC real” para ganar y recuperar poder adquisitivo. Por su parte, CSIF realizó la primera movilización. En la mesa de diálogo participan, además de CSIF, CCOO, UGT, ELA y CIG.
UGT y CCOO
Por parte de UGT y CCOO se aboga por repetir una fórmula similar a la del anterior acuerdo, que contemplaba una subida salarial fija y otra variable, ligada a elementos como el IPC armonizado o la evolución del PIB. El sistema retributivo de parte fija y variable empleado en el primer acuerdo marco ha permitido elevar los sueldos de los funcionarios en el periodo 2022-2024 en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que ha implicado un gasto cercano a los 13.000 millones de euros. No obstante, queda pendiente de ejecutar una subida adicional y consolidable del 0,5% del año 2024, por lo que UGT y CCOO han emplazado al Gobierno a hacerla efectiva de inmediato, informa Europa Press.
Además de la mejora retributiva, ambos sindicatos quieren que el segundo acuerdo marco pivote sobre la creación de más empleo, más derechos, y la rebaja de la temporalidad en el sector público, con la supresión de la tasa de reposición de vacantes como una de sus principales demandas. También reclaman ofertas públicas de empleo y planes de ordenación de recursos humanos plurianuales, que tengan en cuenta el envejecimiento de la plantilla (la media es de 53 años), y la agilización de los procesos selectivos.
Subida automática
Por su lado, el Área Pública de CCOO, que agrupa a las tres federaciones con empleadas públicos (Servicios a la Ciudadanía, Sanidad y Sectores Sociosanitarios y Enseñanza), anunció la semana pasada la convocatoria de una concentración de delegados el próximo 8 de abril frente al Ministerio de Hacienda para pedir al Gobierno que presente una oferta de subida salarial a los empleados públicos para 2025. Según advirtió el sindicato, el 8 de abril será “el pistoletazo de salida” de una campaña de movilizaciones que irá creciendo en intensidad si el Gobierno no se sentaba a negociar con los sindicatos.
CSIF exige, además de aprobar cuanto antes la subida de este año, el reconocimiento del 0,5% adicional correspondiente a 2024 que todavía está pendiente. Este sindicato, mayoritario entre los funcionarios, aboga por que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Recuerda que el actual acuerdo salarial -que CSIF no firmó porque condenaba a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo- concluyó el pasado 31 de diciembre. “Por tanto, emplazamos a Función Pública a negociar lo antes posible un nuevo acuerdo salarial. Los empleados públicos han perdido un 9% de poder de compra desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo, y más de un 20% desde los recortes de 2010 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero”, puntualiza.
Cuestiones pendientes
“No podemos esperar más para conocer cuál es la propuesta del Gobierno para el incremento retributivo de los empleados públicos para el año 2025. No estamos dispuestos a esperar a los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno tiene mecanismos suficientes para garantizar ese incremento retributivo por otros cauces, por otros caminos”, señalaron desde el sindicato.
Para CSIF, las cuestiones que se deben abordar sin demora son: la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra; la adecuación de los Grupos Profesionales; y la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición. Junto con la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
El sindicato reclama, también, la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, la mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.
Voluntad de acuerdo
Aunque CSIF acudirá la reunión con la mejor voluntad “para llegar a un acuerdo”, no descarta seguir con las medidas de presión. Así el sindicato advierte que se reserva la opción de continuar con las movilizaciones en caso de no ver que sus demandas son satisfechas. “La incapacidad del Gobierno para presentar unos Presupuestos por su debilidad parlamentaria está frenando la puesta poner en marcha las reformas que necesitan ámbitos tan importantes como la Sanidad, la Educación o la Administración General del Estado”, asegura.
En este sentido, recuerda que el 60% de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará a lo largo de los próximos 10 años. “Esta circunstancia pone en peligro la sostenibilidad de nuestra Administración. Además, en estos momentos se encuentran enquistados conflictos laborales en la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo o el SEPE”, concluye.