El mercado de alquiler en Barcelona se enfrenta a un nuevo escándalo. En medio de la crisis de la vivienda, una práctica preocupante ha salido a la luz: cobrar a los posibles inquilinos por la visita a un piso de alquiler. Esta nueva táctica, además de ser polémica, desafía las regulaciones actuales y ha provocado un debate sobre la ética en el sector inmobiliario.
Barcelona ha sido uno de los epicentros de la crisis de la vivienda en España, donde la demanda de alquileres supera con creces la oferta. Las nuevas normativas, como la Ley de Vivienda, han tratado de controlar el mercado, estableciendo zonas tensionadas y limitando el aumento de los precios. Sin embargo, la escasez de propiedades disponibles ha generado una situación en la que los propietarios e intermediarios buscan nuevas formas de maximizar sus ingresos, incluso a costa de los derechos de los inquilinos.
Una de las últimas maniobras en este sentido es la decisión de algunas agencias inmobiliarias de cobrar una tarifa por la visita a los pisos de alquiler. Este cobro, que puede parecer mínimo en términos absolutos, añade una carga más a los inquilinos que ya enfrentan altos costes de vida en la ciudad.
Cobran 10 euros por visitar un piso de alquiler en Barcelona
Recientemente, una empresa de intermediación en Barcelona ha implementado un cargo de 10 euros por cada visita a un inmueble disponible para alquiler. Este movimiento ha generado indignación tanto entre los inquilinos como entre los profesionales del sector. Mercedes Blanco, CEO de una reconocida firma de administración de fincas, ha señalado en Invertia que esta práctica va en contra de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Una ley que estipula que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador.
Vista aérea de la ciudad de Barcelona | Licencia Unsplash
La Ley de Vivienda, reformada en 2022, es clara en este aspecto. No se puede trasladar a los inquilinos el coste de mostrar un piso. A pesar de ello, algunos intermediarios han comenzado a cobrar por este servicio. Lo justifican como un coste necesario debido a la alta demanda y la falta de oferta.
Para los inquilinos, esta nueva tarifa es un obstáculo adicional en un mercado ya de por sí difícil. Con precios de alquiler que superan el 30% de los ingresos de muchas familias, cada gasto adicional agrava la precariedad de quienes buscan una vivienda digna. Además, en un contexto donde la oferta es limitada, los inquilinos pueden sentirse presionados a pagar estas tarifas para asegurarse una oportunidad de conseguir un piso.
Este tipo de prácticas también plantea preguntas sobre la transparencia y la equidad en el mercado inmobiliario. Si bien algunos podrían argumentar que este cargo es una forma de filtrar a los inquilinos realmente interesados, la realidad es que podría estar excluyendo a aquellos que ya están financieramente vulnerables.