El anunció de Pedro Sánchez de una nueva empresa de la vivienda ha puesto en el foco a una empresa histórica con más cinco décadas de experiencia en el desarrollo urbanístico: SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo). Será el ‘germen’, como así señaló la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de la apuesta más ambiciosa del Gobierno en materia de vivienda: “Un instrumento integral que gestionará desde el suelo hasta la promoción y movilización de vivienda”.
Al frente de SEPES, como directora general, está desde diciembre de 2023, Leire Iglesias, cuya carrera política estuvo ligada a Extremadura. Previamente, a su incorporación a esta empresa pública fue consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de Extremadura (2019-2023). Anteriormente, fue consejera de Cultura e Igualdad de Extremadura y diputada en el Congreso en la X legislatura (entre 2011 y 2015). También fue concejala en el Ayuntamiento de Cáceres y directora general de Juventud de la Junta de Extremadura.
SEPES, ya era una herramienta clave
Desde SEPES, Iglesias ha apostado por la consolidación de un parque público de vivienda que “garantice la protección social para siempre”. En esa transformación en una empresa pública de vivienda, algo que en la práctica ya había comenzado a hacer, tiene el reto de acelerar la promoción de vivienda social. Según recoge su Plan Anual de Actuación 2024, SEPES desempeñará un papel estratégico en la promoción de suelo urbanizado para vivienda social. Hasta la fecha, su proyecto estrella ha sido la Operación Campamento, en Madrid, donde impulsará la construcción de un nuevo barrio con 10.700 viviendas asequibles.
SEPES cuenta con unos activos valorados en 388 millones de euros y más de 8,5 millones de metros cuadrados de suelo. De hecho, en 2020, recibió una inyección de 1.565 millones de euros, en el marco del Plan 20.000 para vivienda en alquiler asequible. Y en 2022, contó unas transferencias adicionales de más de 350 millones. La meta es clara: alcanzar un 9% del parque total frente al poco más del 2% actual. Ello implica la puesta en el mercado de más de 1,5 millones de vivienda en los próximos años.
Fortalecimiento
Para ello, el ‘germen’ de SEPES será fortalecido con los activos del Estado, incluyendo terrenos del Ministerio de Defensa, Adif y la Sareb. De esta forma, como detalló Isabel Rodríguez, “el instrumento es el fortalecimiento de la anterior empresa del suelo que ahora abarca también la vivienda, introducir todo ese patrimonio, adquirir todo el patrimonio del Estado, completarlo con esa financiación pública que estamos disponiendo a través del ICO y abordar no sólo la construcción o la urbanización del suelo, sino también la promoción de un parque de vivienda asequible. Incluso la movilización en alquiler”.
Según desveló en la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en el Consejo de Ministros, la creación de una nueva empresa pública de vivienda es una medida en la que el Ejecutivo lleva meses trabajando. “Hablamos de una gran empresa pública que sería responsable de todo desde la urbanización de suelo a la construcción y la propia entrega de llaves”, resumió.
¿Es la solución adecuada?
“Una empresa pública bien gestionada puede ser una solución eficaz, siempre y cuando se diseñe con mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y una gestión profesionalizada”, explica a Artículo14, Juan Carlos Higueras, doctor en Economía y director del Máster MBA de EAE Business School. Según recuerda, ejemplos en países como los Países Bajos o Austria muestran que este modelo puede funcionar si hay objetivos claros y financiación estable.
El experto advierte que, sin embargo, en España, su puesta en marcha requeriría reformas para evitar la politización y garantizar su operatividad técnica y, además, ya hemos visto los resultados negativos que ha habido en otros países cuando se ha intentado crear una empresa pública, por ser fuente relevante de corrupción política. La última gran empresa pública de vivienda fue la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) creada en 2005 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras la crisis del mercado inmobiliario fue disuelta en 2012 como parte de un plan de reestructuración del sector público empresarial bajo el mandato de Mariano Rajoy. Según un informe del Tribunal de Cuentas, la creación y posterior disolución de la SPA tuvo un coste de 54,17 millones de euros para las arcas públicas.
Intervencionismo
La reconversión de Sepes es inminente y según, la ministra de Vivienda acelerará las acciones emprendidas: “Son viviendas, por ejemplo, del Plan de Recuperación, donde hemos impulsado 25.000 viviendas gracias a más de 500 convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas y 1.000 millones de euros del Gobierno. Ya hay todo un parque de vivienda que estamos desarrollando, más de 80.000 viviendas que están en fase de construcción, de movilización y, por tanto, ya puestas a disposición”. Para los expertos, entre las medidas más efectivas para solucionar la crisis de vivienda asequible, además del incremento del parque público de vivienda, es necesario eliminar los topes a los precios y la inseguridad al propietario para que haya más oferta y apostar por la rehabilitación de viviendas, con los fondos europeos.
“La mayoría de las medidas tomadas tienen un carácter populista y no son económicamente razonables la clave está en aumentar significativamente la oferta en el mercado”, señala Higueras. En su opinión, “el Gobierno ha adoptado algunas medidas que están demostrada su ineficacia, como el tope al incremento de los alquileres que sólo consigue retraer la oferta de alquiler por parte de los propietarios, al igual que la permisividad que hay con la okupación, que desprotege jurídicamente al propietario. La falta de seguridad jurídica y de incentivos fiscales para los propietarios que alquilan a precios asequibles están fomentando que tanto el precio de compra de vivienda como el del alquiler sea cada vez mayor”.
Una vez que el anuncio de la nueva empresa de vivienda está lanzado, el reto será convertirla en una realidad tangible. En 2023, España estaba a la cola de UE en gasto público de vivienda con 35 euros de inversión por persona, frente a los 140 euros de media. Las estadísticas futuras reflejarán si esta nueva apuesta del gobierno da sus frutos para alcanzar el porcentaje ‘mágico’ del 9% del parque de viviendas asequibles.
