Carlos III, rey cazador, católico fervoroso y modernizador empedernido, fundó en 1782 el Banco de España. Desde entonces, ha sobrevivido a los avatares de este viejo país, incluida la guerra civil que lo devastó. Su silueta icónica domina, junto al Palacio de Correos, la madrileña plaza de Cibeles. Es uno de los organismos clave en el funcionamiento del Estado español. En la actualidad, forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), estando sometido a las disposiciones que emanen del Tratado de la Comunidad Europea y a los propios estatutos de la SEBC, lo que le obliga a seguir las decisiones del Banco Central Europeo. Por tanto, el Gobierno no puede darle ningún tipo de instrucción. Se rige por la Ley de Autonomía del Banco de España de 1994. Se trata de una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y capacidad de actuación autónoma de la Administración General del Estado. Sus principales funciones se centran en la ejecución de la política monetaria de la zona euro, en la supervisión bancaria y en la elaboración de informes, estudios, indicadores y estadísticas sobre la política económica.
El gobernador es nombrado por el Rey, a propuesta del presidente del gobierno, con un mandato de seis años. Sus principales funciones son la dirección del banco, su representación legal, la presencia en organismos internacionales y la pertenencia al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Hasta la fecha, el Banco de España ha tenido 70 gobernadores en sus más de 240 de historia. Entre los cuales han ocupado cargos ministeriales Alvaro de Figueroa, Joaquín Chapaprieta, José Calvo Sotelo, José de Echegaray, Francisco de Paula Pavía, Manuel Marraco, José Larraz, Mariano Navarro Rubio, Luis Coronel de Palma o José María López de Letona. Desde la transición se ha evidenciado una tendencia, en aras de garantizar la independencia del puesto de gobernador, de evitar antecedentes ministeriales. Quizás, la única excepción la encarnó Fernández Ordoñez, que había sido secretario de Estado de Hacienda.
El último gobernador ha sido el economista Pablo Hernández de Cos, quien han dejado un listón de independencia de criterio, brillantez analítica, respeto internacional y capacidad propositiva de gran altura. Junto con la subgobernadora Margarita Delgado y Oscar Arce, como director general de Economía, han encarnado una etapa dorada en la historia moderna del organismo.
El presidente del Gobierno tomó hace meses la firme decisión de que su ministro, en dos carteras diferentes, de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones, Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, iba a ser nombrado gobernador del Banco de España por encima de carros y carretas.
No será este modesto articulista quien cuestione la capacidad técnica y la sobrada experiencia, que le acreditan para el puesto. Dispone de todos los galones. Su trayectoria está jalonada por su paso por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por el propio Banco de España, por el BBVA, por el Banco Central Europeo y por el Banco Internacional de Pagos. También la política, pues ha sido ministro en dos ocasiones y se ha sentado semanalmente desde enero de 2020 en la apretadísima mesa del Consejo de Ministros. Su capacidad de trabajo, su exuberancia técnica, su dominio del dato, su vehemencia en la defensa de sus ideas y su contumaz testarudez son conocidas en todo Madrid. Pero no va a haber quien sea capaz de quitarle el “pero” de su vinculación directa y mediata con el Gobierno, lo que merma la suposición de la independencia de criterio y actuación.
Este nombramiento deja tres lecciones de peso. Paso a enumerarlas:
- Un Estado viejo y consolidado como el español está compuesto por una serie de poderes que garantizan su equilibro, basado en la autonomía, la independencia, la capacidad y el buen funcionamiento. En los últimos ejercicios, un gobierno autodefinido como progresista, que sufre una fragilidad parlamentaria al que los puños del independentismo le llevan contra las cuerdas un día sí y otro también, está sistemáticamente colocando a sus ministros, altos cargos y afines en posiciones clave en el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el CIS, la agencia EFE, el Banco de España, etc. No cabe duda de que estas decisiones privativas del Palacio de la Moncloa representan un riesgo para el funcionamiento de la democracia, para la salud del país y para la independencia institucional. Es difícil de aceptar que un gobierno asfixiado para aprobar legislación, incluida la Ley General Presupuestaria, se atreva a repartir ministros por los organismos del Estado.
- Un gobierno autodefinido como feminista no ha considerado la continuidad como gobernadora de Margarita Delgado, subgobernadora con Hernández de Cos y actual gobernadora en funciones. Su experiencia en el Banco de España, en el Mecanismo Europeo de Supervisión, en la CNMV y en el Banco Central Europeo avalan una carrera nacional e internacional en la que se fundían sus méritos con su condición de mujer, tan valorada por el Gobierno y por la sociedad española. Pero, en esta ocasión, el discurso del feminismo y de la ruptura del techo de cristal se ha fracturado por el sesgo político que prima el criterio del presidente del Gobierno.
- La independencia del cargo está garantizada por la Ley de Autonomía. Lo está también por la calidad del servicio de Estudios del Banco y por su Inspección. También es cierto que la personalidad y la trayectoria de José Luis Escrivá abren una ventana de esperanza. Pero la obstinación del presidente del gobierno en la candidatura de su exministro es más que sospechosa. No parece aceptable que se siente por la mañana en el Consejo de Ministros y por la tarde pase a fiscalizar sus propias actuaciones.
El tiempo dirá si la decisión ha sido buena para el Banco de España, pero el contorno que la ha rodeado abunda en una ocupación de espacios del Estado que ciernen una sombra sobre la salud de nuestra democracia.