El Proyecto de Ley de Paridad aprobado en el pleno del Congreso de los Diputados como último paso en su trámite en primera vuelta en esta Cámara ha quedado empañado por la incorporación de propuestas ajenas a su espíritu. Pero cuyo alcance, con la obligatoriedad de que haya una participación del sexo menos representado de, al menos, el 40%, afectará a prácticamente a todos los ámbitos de la vida pública, económica y social.
Entre las modificaciones incorporadas en la negociación de enmiendas, se ha introducido un mayor control en el cumplimiento de esta obligación para las entidades de interés público o la obligación de contar con planes de igualdad debidamente registrados para aquellas empresas que quieran optar a concursos públicos, según el Informe de la Ponencia aprobado en la Comisión de Igualdad el pasado 21 de junio.
Así, a iniciativa del PSOE y Sumar, las entidades de interés de público también deberán rendir cuentas de la paridad en sus consejos de administración ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Instituto de las Mujeres, organismo independiente adscrito al Ministerio de Igualdad, si no cotizan.
Entidades de interés público
El concepto de entidades de interés público viene definido en el artículo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas e incluye, además de entidades supervisadas por la CNMV, el Banco de España o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a entidades que “se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados”. En esta categoría se encuentran empresas como El Corte Inglés, Mercadona, Eulen o Mondragón, por citar algunos ejemplos.
Según se detalla en la futura Ley de Paridad, las entidades de interés público afectadas por la norma serán aquellas en las que concurran además dos requisitos: que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250 y que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 50 millones de euros o el total de las partidas de activo sea superior a 43 millones de euros.
De esta forma, el consejo de administración de estas entidades deberán, al igual que lo hacen las sociedades cotizadas, “elaborar y publicar, integrado en el informe de sostenibilidad, anualmente y en su página web información sobre la representación del sexo menos representado en el consejo de administración de la sociedad, que deberá ser fácilmente accesible”.
Esto es algo que en la práctica muchas de ellas ya vienen haciendo, pero ahora deberán remitir al Instituto de las Mujeres dicha información, de la misma forma que las supervisadas enviarán a la CNMV. En el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el proyecto de Ley prevé que publique anualmente un listado actualizado de las sociedades cotizadas que manifiesten en su informe de sostenibilidad haber alcanzado los objetivos.
Al Instituto de las Mujeres se le encarga “la promoción, el análisis, el seguimiento y el apoyo al cumplimiento de las obligaciones en los consejos de administración de las entidades de interés público”, además de dar difusión en su página web por un periodo mínimo de diez años, según figura en el Informe de la Ponencia.
Ampliación del alcance
El Proyecto de Ley ha incorporado además una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, de manera que se incluye como prohibición para contratar que las empresas de 50 o más trabajadores, no cumplan “con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y que deberán inscribir en el Registro laboral correspondiente”.
Se ha introducido también una enmienda de Junts, que modifica el apartado 5 del artículo 4 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre del Deporte, obligando a las federaciones deportivas españolas y a las ligas profesionales a contar con un protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abusos o acoso sexual, que pondrá a su disposición el Consejo Superior de Deportes.
De esta forma, se podrá sancionar como infracción muy grave “cualquier actuación que pueda ser considerada discriminación, abuso o acoso sexual y/o acoso por razón de sexo o autoridad, la no realización del informe anual de igualdad y no contar con los protocolos mencionados anteriormente”.
Blindaje del PGE
Con todo, ha sido la enmienda del PSOE y Sumar por la que se levanta el derecho de veto del techo de gasto al Senado y con la que el Gobierno trata de blindar la futura tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la más notoria.
Generará también controversia durante la tramitación del Proyecto de Ley en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Su presidente, Pedro Rollán, ya ha anunciado que los servicios jurídicos de la institución están estudiando el “margen de maniobra” contra esta enmienda.
Por su parte, desde el PSOE, a través de su portavoz en el Congreso, Patxi López, se trata de poner el foco en el compromiso por la igualdad. López aseguró que a su formación le “gustaría” que la Ley de Paridad, “saliera con mucho consenso”, a pesar de que PP y Vox ya la han rechazado en el trámite de la Comisión de Igualdad. Así ocurrirá mañana previsiblemente durante su votación en el pleno del Congreso.