Son mujeres poderosas, al frente de dos de los seis bancos que cotizan en el Ibex 35 y ambas se han mostrado muy contundentes en contra del impuesto permanente a la banca que quiere implantar el Gobierno. Una, desde Madrid, la otra, desde Washington, pero con la misma idea: un gravamen así mermaría la competitividad de las entidades y afectaría a la financiación de las familias.
Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, aprovechó la presentación de los resultados de la entidad para dejar clara su posición. “Tal y como está redactado, tiene grandes deficiencias técnicas y legales que hay que solventar. Pero si cumple la normativa y se hace permanente, lo acataremos”.
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que participó en el encuentro anual del Instituto de Finanzas Internacionales en Estados Unidos, se preguntaba “por qué nos van a imponer un impuesto bancario sobre los ingresos de un banco, como tenemos en España. Eso va directamente en contra del crecimiento y no va a contribuir a nuestro objetivo común de ayudar a que a la gente le vaya mejor. En Estados Unidos está permitido hacer dinero”.
Apenas queda tiempo -hasta el 31 de diciembre- para que el Gobierno intente sacar adelante este impuesto, que en un primer momento se ideó como temporal, para los ejercicios 2022 y 2023, tanto para la banca como para las compañías energéticas. La idea era que contribuyeran a paliar la crisis inflacionaria en un momento en que se estaban beneficiando de la subida de tipos de interés (la banca) y de los elevados precios de la energía a raíz de la invasión rusa en Ucrania (las energéticas). Durante esos dos años, Hacienda recaudó 5.700 millones de euros en total.
Pero ahora el Gobierno quiere dar un paso más allá y consolidar este gravamen de forma definitiva. Aunque la parte socialista baraja suavizarlo para evitar que las empresas acudan a los tribunales o retiren las inversiones como fórmula de presión. En el caso de las energéticas, se está planteando que pueda haber bonificaciones si realizan inversiones verdes, que se extienda a todo el sector en lugar de afectar a las grandes compañías como hasta ahora, que gravaba a aquellas con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros, y que el impuesto fuera sobre los beneficios operativos en lugar de las ventas. La parte del Gobierno de Sumar, sin embargo, es partidaria de dejar el impuesto tal y como está o, en cualquier caso, endurecerlo. De todas formas, no será fácil llevarlo a cabo. Lo ha adelantado la propia vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que dependen de la difícil aritmética parlamentaria con las reticencias claras de PNV y Junts.
Las compañías, por su parte, están presionando para que el impuesto no se convierta en permanente y Repsol y Cepsa ya han amenazado públicamente con congelar las inversiones verdes previstas en sus planes estratégicos o incluso trasladarlas a otros países con “más estabilidad regulatoria”. Repsol va a mover a Portugal, a Sines, la inversión del primero de sus proyectos de hidrógeno verde para el que estaban buscando una ubicación definitiva. Y condicionan hasta 3.000 millones de euros en inversiones a lo que decida el Ejecutivo. Cepsa también ha dejado paralizado por el momento un proyecto de construcción de una planta de hidrógeno verde bajo el nombre de Valle Andaluz que presentó el propio Pedro Sánchez.
La patronal de la banca (AEB y CECA) y la Asociación de productos petrolíferos (AOP) consideran que España sería el único país de toda la Unión Europea en aprobar un impuesto de estas características y esto lastraría la competitividad de las compañías en el extranjero. Además, calculan que el impacto total podría llegar a sumar 66.000 millones de euros, entre los 50.000 millones de merma en el sector financiero y otros 16.000 millones de inversiones de las energéticas. “Si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características”, señalan desde la patronal bancaria.
Pero el Gobierno insiste en que las empresas pueden hacer frente al impuesto y seguir teniendo unos beneficios de escándalo, ya que sus cuentas no se han visto afectadas por el gravamen en los últimos años. La semana que viene, Repsol, que es la energética que más se ha quejado y la que más ha pagado también, presentará sus resultados económicos. Y volveremos a escuchar a la cúpula de la empresa pronunciándose en contra de lo que, considera, una doble imposición inconstitucional.