Solo hay que sacar la calculadora para darse cuenta del inmenso problema del alquiler en España. En la ciudad de Madrid, arrendar una vivienda cuesta de media 19,80 euros el metro cuadrado según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista. Si encontramos un piso pequeño de 50 metros cuadrados, tendremos que dedicar casi 1.000 euros al mes para vivir. A esta cifra, hay que sumar los suministros básicos, que son tres: la luz, el gas y el agua. Suponen una media de 50 euros en el caso de la factura de la luz y otro tanto del gas -según datos de la OCU- y unos 15 euros (siendo ahorradores) de agua. Estos gastos suman 1.105 euros en total. Y en teoría, deberíamos destinar solo un tercio de nuestra nómina al pago de la vivienda para tener unas cuentas saludables…
Ahora coloquémonos en el lado del propietario. Tenemos un piso al que le queremos sacar la mayor rentabilidad. Si lo alquilamos a 100 euros al día, en diez días ya habremos ganado exactamente lo mismo que si lo alquiláramos de forma convencional. Por eso están proliferando los pisos turísticos, porque sencillamente, se gana más dinero. Cada vez se destinan más pisos a este fin y los que quedan para alquiler normal, se los rifan. Estos datos así lo corroboran. El 18% de las viviendas que se alquilaron a través de Idealista durante el primer trimestre no llevaba ni 24 horas en el mercado. En un solo día desaparecen.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado una serie de medidas para poner freno a los alquileres por temporada, los que duran menos de un año y a los que se ha trasladado gran parte de la oferta. Unos arrendamientos que quedaron fuera de la Ley de Vivienda y que, junto a los alquileres turísticos, están provocando la escasez de vivienda.
Un decreto urgente para desarrollar el artículo 3 de la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que obligaría a los usuarios a acreditar y justificar la razón del alquiler al formalizar el contrato. Además, deberán registrarse en una nueva plataforma que centralizará todas las modalidades de alquiler, incluidos los turísticos y de habitaciones.
Además, las comunidades de vecinos tendrán también un papel importante ya que los alquileres turísticos deberán ser autorizados por los propietarios. Dependerá de ellos que se puedan implantar en las comunidades de vecinos. El Gobierno tendrá que ajustar la Ley de Propiedad Horizontal para que los propietarios puedan decidir si aceptan o no esta clase de vivienda en sus comunidades.
“Igual que se nos puede requerir nuestra nómina”, al fimar el contrato de alquiler, “se requerirá la causalidad de esa temporalidad. No se podrá abusar de una temporalidad, sino proteger y dar seguridad jurídica a quienes necesitan este tipo de alojamientos que ahora están tensionando los alquileres, del mismo modo que lo hacen los turísticos”, ha concretado la ministra.
También ha reclamado el trabajo conjunto de las administraciones para “trabajar por una vivienda digna a precios asequibles. Vamos a avanzar en la regulación, habrá que acreditar la temporalidad y nos vamos a dotar de un registro, para poder fiscalizar, perseguir y sancionar a quienes no cumplan la ley”.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay más de 350.000 viviendas turísticas en España, lo que supone un aumento respecto al año pasado de un 9,2%. Todos estos pisos turísticos representan el 1,33% del total de viviendas en territorio español.
Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el número de apartamentos turísticos, con 82.454, seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña, con 59.413 y 52.598 pisos, respectivamente.
Un aumento que Unidas Podemos quiere limitar a un 2% sobre la oferta total de residencia además de ampliar a 10 años la duración mínima de los contratos de alquiler e incluso 12 años en el caso de que el propietario sea una empresa y no un particular.
Hay ayuntamientos que ya están moviendo ficha. Barcelona ha anunciado que va a acabar con las licencias de pisos turísticos de aquí al año 2029 y que de este modo volverán a estar a disposición de la ciudadanía hasta 10.000 viviendas para uso residencial. Mas Madrid plantea cobrar una tasa turística en la capital de 3 euros como ya sucede en dos comunidades autónomas, Baleares y Cataluña. El objetivo es recaudar 65 millones de euros en total y reinvertirlo para la promoción de vivienda pública, apoyo de los alquileres y rehabilitación de vivienda. En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechaza la intervención del Gobierno en materia de vivienda y ha presentado su propia propuesta estrella: ampliar hasta los 40 años la edad para acceder a una hipoteca avalada por la Comunidad de Madrid.
Las administraciones públicas empiezan a reaccionar ante un problema vital para los españoles. El acceso a la vivienda se ha convertido en la segunda mayor preocupación de los ciudadanos según el último barómetro del CIS.
