Una de las grandes preocupaciones de los españoles es la ocupación, pues cada vez estamos viendo más barrios en los que las casas okupadas aumentan y eso ha puesto a los propietarios en pie de guerra desde hace mucho tiempo, pues tienen miedo de perder sus viviendas, ya que una vez que son ‘invadidas, es común que se tarde mucho en recuperarlas, puesto que la ley que hay al respecto no es ni mucho menos favorable a ellos. Aunque eso está a punto de cambiar, pues el Gobierno va a poner en marcha una nueva legislación que sí que les favorece en gran medida y les permite librarse de este problema antes.
Será a partir de abril cuando entre en marcha una reforma de la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia, la cual va a permitir que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, por lo que estos podrán celebrarse en un plazo estimado de 15 días. Esto entrará en vigor el 3 de abril, pero aún hay una pequeña arista que lo pone en el alero.
Vecino de Santa Cruz de Tenerife protestando por la okupación de las casas de un barrio
Lo que podría dar marcha atrás a la ley antiokupas
Esta ley es una gran demanda desde hace muchos años y una necesidad para quienes buscar tener cierta seguridad en este aspecto, además de buscar la forma de tratar de mantener sus pisos en el caso de que sean ocupados. Sin embargo, no todos están de acuerdo y aunque sobre el papel el 3 de abril estará en marcha, aún hay una posibilidad de que la tiren para atrás. Aunque eso sí, es complicada.
Y es que existe una medida que podría hacer que esta reforma de la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia publicada en el BOE quedara en nada. Para eso en los próximos tres meses el Ejecutivo debería impulsar una nueva ley orgánica para corregir la modificación, con lo que esta quedaría derogada y no entraría en vigor en España.
Aunque parezca extraño, esta no es del todo una posibilidad remota, ya que Podemos anunció que el Gobierno se comprometió a derogar este cambio legal desde el momento en el que se aprobó. Y no es casualidad, porque este partido es el más obcecado en evitar que esta reforma entre en vigor. Esto llevó al PNV, que fue el partido que la propuso en primera instancia, a mostrar su descontento con su secretaria general: “Ione Belarra miente: la enmienda del PNV aprobada no es sobre desahucios, es sobre okupas. No afecta a la familia que no puede hacer frente al pago de su vivienda. Le afecta a aquel que delinque okupando una vivienda ajena. Podemos está a favor de la okupación, el PNV en contra”.
Poco apoyo en el Congreso
El principal motivo de que es posible que no llegue a llevarse a cabo este esta fórmula que pide Podemos es que no cuenta con demasiados apoyos en la Cámara. No hay respaldo de formaciones como el PNV, Junts, PP y Vox. Como explica el líder del PNV en su mensaje en redes antes mencionado, esta reforma no aplica a los que no pueden afrontar el pago de su alquiler. Como tampoco lo hace a los inquiokupas, que son aquellos que tras pagar algún mes el alquiler dejan de hacerlo, normalmente de forma voluntaria, y permanecen en el interior de la vivienda hasta que un juez ordena su desalojo. Y es que las personas vulnerables no pueden ser desalojadas por el Real Decreto ley 11/2020 implementado durante la pandemia.