La situación de Muface ha alcanzado un punto crítico tras la salida de Adeslas y DKV de su sistema de aseguramiento. Con estas bajas, Asisa queda como la única compañía que podría asumir la cobertura sanitaria de los más de 700.000 mutualistas que ahora se encuentran en la incertidumbre. Sin embargo, lejos de ser una oportunidad lucrativa, esta licitación plantea enormes desafíos para la aseguradora y pone de manifiesto las tensiones estructurales del modelo de Muface, que enfrenta su mayor crisis en décadas.
El problema radica en la falta de rentabilidad que las aseguradoras han venido denunciando en los últimos años. La combinación de primas insuficientes y un aumento sostenido de los costes sanitarios ha generado un déficit que, según fuentes del sector, asciende a 429 millones de euros en el último concierto. Este escenario ha llevado a gigantes como Sanitas, Mapfre o Caser a abandonar el sistema de Muface hace tiempo, dejando a Asisa como la única posibilidad de salvación, aunque sus condiciones para asumir esta responsabilidad siguen siendo inciertas.
¿Qué ha llevado a Muface al borde del colapso?
La raíz del problema se encuentra en la estructura de los contratos de Muface. Las aseguradoras señalan que la duración de los conciertos y la falta de ajuste en las primas han convertido el modelo en una operación insostenible. El último contrato, con una subida de primas del 17,12% en dos años, no logró convencer a las compañías debido a que no era suficiente para cubrir el aumento de los costes sanitarios, especialmente tras la pandemia.
El Gobierno decidió extender el próximo contrato hasta 2027, evitando así la necesidad de renegociarlo durante esta legislatura. Sin embargo, esta decisión ha generado más discordia entre las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública. Asisa, que inicialmente se mostró reacia a participar en solitario, ahora parece estar evaluando la viabilidad de asumir el concierto, aunque reconoce que los desafíos son enormes.
La carga de 700.000 mutualistas: un obstáculo casi insuperable
Asisa tendría que hacerse cargo de los 700.000 mutualistas restantes si no hay más compañías interesadas en unirse al concierto. Esta cifra, que representa un 70% de los funcionarios que actualmente optan por la sanidad privada a través de Muface, sería un desafío monumental incluso para una aseguradora consolidada. Los más de 1.000 millones de euros anuales que recibiría no serían suficientes para garantizar un servicio sanitario de calidad sin comprometer las condiciones de los mutualistas.
El problema no es solo financiero. Ampliar infraestructuras, contratar más profesionales y garantizar una atención sanitaria adecuada requeriría una inversión masiva que difícilmente podría realizarse en el corto plazo. Esto ha llevado a algunos expertos a considerar que la única forma de que el sistema sea viable es que una parte significativa de los mutualistas migre al sistema sanitario público, reduciendo así la carga para Asisa.
La desbandada hacia la sanidad pública, ¿la única solución?
Actualmente, alrededor de 1,5 millones de funcionarios pueden adherirse a Muface, y más de un millón de ellos eligen la sanidad privada. Si una parte considerable de estos funcionarios opta por volver al sistema público, la presión sobre Asisa disminuiría significativamente. No obstante, esto también tendría repercusiones importantes en la sanidad pública, que ya enfrenta problemas de saturación en infraestructuras y recursos humanos.
Según la Fundación Idis, que representa los intereses de las aseguradoras, acoger a estos funcionarios en el sistema público incrementaría considerablemente los costes sanitarios y podría agravar las listas de espera. Este escenario genera preocupación tanto en el ámbito privado como en el público. A fin de cuentas, el sistema sanitario español no está diseñado para absorber un aumento tan significativo de usuarios en un corto periodo de tiempo.
Muface: entre la supervivencia y el riesgo de deterioro
El futuro de Muface depende en gran medida de cómo se gestione esta crisis. Si Asisa decide asumir el concierto en solitario, la aseguradora deberá realizar ajustes significativos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto podría traducirse en un empeoramiento de las condiciones para los mutualistas, algo que ya genera preocupación entre los funcionarios que dependen de Muface.
Además, la incertidumbre actual podría llevar a muchos mutualistas a abandonar el sistema en enero, cuando tienen la oportunidad de cambiarse a la sanidad pública. Si este éxodo se materializa, el modelo de Muface podría quedar irreversiblemente debilitado, convirtiéndose en una mutualidad residual con menor capacidad de negociación y prestación de servicios.