Aumentar el salario mínimo en una economía destruye empleo o impide que la creación del mismo se expanda todo lo posible. En España, desde 2018, 350.000 personas que podrían trabajar en microempresas no lo hacen por la imposición de esta cuantía retributiva mínima, según contabiliza la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en su informe Repercusión de la subida del SMI en la pyme española.
En poco más de 10 años, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de suponer menos del 40% del salario medio a superar el 60%, como hace en la actualidad. Pero, además, si se toma como referencia el salario medio de 2024, el SMI de 1.184 euros aprobado recientemente por el Gobierno de Pedro Sánchez marcará un nuevo máximo histórico, el 61,8% de la media de lo que se gana en España, lo que ampliará “la desproporción provocada por los aumentos de los últimos años”, cuando el SMI se ha incrementado “sin atender a la evolución de la productividad y en una medida muy superior a la inflación“.
Un 80% desde 2016
Un aumento del salario mínimo en 2025 hasta 1.184 euros supone un incremento acumulado del 60,9% desde 2018 y del 80,7% desde 2016. Este factor implica, además de un obstáculo para crear empleo y reducir el paro, que terminó 2024 en el 10,61%, una importante losa para la competitividad de las empresas, según viene a explicar Cepyme, por el aumento de costes laborales por encima de la productividad, lo que es “especialmente preocupante en el caso de sectores en los que predominan pequeñas empresas”.
Menos competitividad
Es el caso, por ejemplo, del comercio minorista: desde 2018, el SMI se ha incrementado casi el doble que las ventas del retail y tres veces más que la facturación en comercios pequeños con un solo establecimiento, como las tiendas de proximidad. Algo similar ocurre en bares y restaurantes. En otras palabras: mientras el SMI ha aumentado desde el cuarto trimestre de 2018 un 54%, el volumen de negocio en el comercio minorista lo ha hecho un 30%; en bares y restaurantes, un 18,1%; y en el sector de los vehículos de motor un 21,7%, lo que supone un incremento notable de los costes, en este caso, en forma de salarios, que tienen que asumir los empresarios.
En resumen, todos estos subsectores han aumentado en facturación y resultados menos de lo que lo han hecho muchos de los salarios que tienen que abonar (en muchos de estos empleos se cobra el SMI), lo que “conlleva una menor rentabilidad y debilita la capacidad de inversión” que, “en casos extremos”, puede derivar en la “inviabilidad de algunos negocios”.
Productividad: España, contracorriente
Una vez entre en vigor esta medida impulsada por el Ministerio de Trabajo, el SMI se situará en 1.184 euros, por lo que la economía española soportará el salario mínimo más alto en relación con su productividad, entendida como PIB por ocupado. Hasta ahora, el SMI, en 1.134 euros, superaba en seis puntos porcentuales la media de la UE en esta comparación.
Al mismo tiempo, Cepyme destaca en su estudio que la productividad en España cayó un 2,7% entre 2018 y 2024. Por el contrario, en Estados Unidos aumentó un 11,4% y en Irlanda lo hizo un 11,1%. Y no sólo: la productividad también aumentó en Portugal un 6,2%; en Suecia, un 6,1%; en Corea del Sur, un 5,3%; en Dinamarca, un 4,9% y en Reino Unido, un 3,1%.
El salario mínimo en España: una anomalía
Es decir, se suben salarios mientras no se produce ni más ni mejor: una anomalía si se compara con el resto de países, ya que España muestra el mayor incremento real del salario mínimo a pesar de ser la segunda economía donde la productividad más ha decrecido. Otras economías con una situación pareja ni han subido su salario mínimo ni lo tienen tan alto en proporción a su salario medio.
Cepyme recuerda que el Estatuto de los Trabajadores recoge las condiciones bajo las que el Gobierno puede fijar “previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas” el salario mínimo todos los años “teniendo en cuenta” el IPC, la productividad media nacional y la coyuntura económica. Sin embargo, desde finales de 2018 hasta 2024, el salario mínimo ha aumentado casi tres veces más que el IPC: un 54,1% frente a un 19,4% tras uno de los procesos inflacionarios más importantes en la Historia.
350.000 empleos menos
Cepyme calcula que la subida de esta variable ha imposibilitado desde 2018, año en que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, la creación de unos 350.000 empleos en microempresas. Desde entonces, el número de asalariados en grandes empresas ha subido un 27,8%. En cambio, la cantidad de empleados en microempresas solo aumentó un 0,9%.
La confederación de pymes justifica este cálculo de la siguiente forma: en el cuarto trimestre de 2018, las grandes empresas tenían un 76% más de empleados que las microempresas; ahora la diferencia es de un 122%, que es un máximo histórico. Entre 2013 y 2018, el número de asalariados creció un 10,3% en las microempresas y un 22,3% en las grandes firmas. “De haberse mantenido el mismo crecimiento entre 2018 y 2024, el empleo en las microempresas debería haber crecido un 12,9% en lugar del 0,9% que ha logrado, lo que equivale a la no creación de alrededor de 350.000 puestos de trabajo“, argumenta.
En paralelo, lo mismo se observa a través de la evolución del número de empresas: actualmente hay un 1,3% menos de microempresas con empleados que en el cuarto trimestre de 2018, mientras que la cantidad de grandes empresas ha aumentado un 23,7%. Hoy por hoy, hay menos de 200 microempresas por cada gran firma.
Asimismo, en términos netos, el SMI supondrá más del 70% de la remuneración media neta de las micro y pequeñas empresas. Estas compañías, al pagar salarios más bajos por ser su productividad menor, son las que sufren una mayor carga. En las micro y pequeñas empresas, el 99% de las empresas de España, el salario mínimo neto de un SMI de 1.184 euros supera el 70% del salario medio ordinario neto de jornada completa. Por otro lado, las regiones también muestran notables diferencias en la relación entre el salario mínimo y el salario medio. En trece autonomías, esta proporción supera el 60%.
Discrepancia por la tributación
Mientras, una disputa se ha instalado en el seno del Gobierno por la tributación que aquéllos que cobran este salario tienen que tener. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el viernes pasado que algunos de los perceptores del salario mínimo tributen por el IRPF tras la subida de esta remuneración acordada por el Consejo de Ministros. Montero afirmó que sería “insostenible” mantener esos incrementos en el SMI en próximos ejercicios sin esa tributación y abogó, además, por hacer “pedagogía” para no incurrir en el “populismo fiscal“.
María Jesús Montero, sobre el IRPF del SMI: “Si consideramos que el Gobierno está persiguiendo que el SMI ya no sea un salario de subsistencia, sino un salario acorde a las necesidades básicas que tiene una familia, entenderán que esto significa tener derechos y tener deberes” pic.twitter.com/p1ob5sCf1g
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 14, 2025
Montero remarcó: “El 80% de los perceptores de este nuevo SMI no va a tener que hacer contribución ninguna a las arcas públicas”, de forma que sólo “escasamente un 20%” de los perceptores tendrá que tributar, y éstas coinciden en ser “habitualmente” personas “solteras que no tienen hijos a cargo”. “Un SMI que no sea de subsistencia, sino uno acorde con las necesidades básicas de una familia, significa también tener deberes”, añadió la ministra.
Futuras subidas
La nueva líder del PSOE andaluz confirmó la “intención” que tiene el Gobierno de seguir “incrementando” la cuantía del SMI en “años sucesivos” para alejarla de “cifras de subsistencia” y equipararla a “salarios dignos”, por lo que será preciso “acompañar la fiscalidad en esa misma proporción para asegurar la sostenibilidad del Estado del bienestar”.