Los mutualistas de Muface que reciben su asistencia sanitaria a través de Adeslas tienen una buena noticia. La aseguradora ha decidido presentarse a la licitación del nuevo concierto de Muface para prestar asistencia sanitaria privada a sus funcionarios adscritos durante el periodo 2025-2027. La participación de Adeslas ha sido una prioridad para el Ejecutivo que de este modo, no solo garantiza la competencia, sino también la capilaridad suficiente para atender a los 1,5 millones de mutualistas que actualmente forman parte del sistema.
Para atraer a las principales prestadoras del servicio en la actualidad, Adeslas y Asisa, el Gobierno ha incrementado un 41,2% la prima del concierto y ha otorgado garantías de que revisará las condiciones si las aseguradoras demuestran que el modelo es deficitario. Esta ha sido una de las condiciones planteadas por Asisa, la aseguradora que ha liderado la negociación en los momentos más difíciles. De hecho, según consta en una respuesta a esta última, el Ejecutivo responderá también por los “riesgos imprevisibles”.
Adeslas
En un comunicado, Adeslas valoró que, con los cambios introducidos en la licitación “se puede configurar un modelo viable que le permite dar continuidad al servicio sanitario de los funcionarios de Muface durante los próximos tres años, tal y como viene sucediendo a lo largo de sus casi 50 años de existencia”. Hasta la fecha, la empresa había rehusado participar hasta en dos ocasiones en este concierto porque consideraba que las condiciones ofrecidas agravarían las pérdidas que venía registrando en este modelo.
“Adeslas, actuando desde su responsabilidad como prestador de servicios de salud, y valorando de forma positiva el esfuerzo realizado por la Administración, considera que el convenio actual ofrece unas condiciones económicas justas y equilibradas, tal y como se venía solicitando a la Administración para garantizar su viabilidad”, ha afirmado la firma participada por Grupo Mutua Madrileña y CaixaBank.
Garantías
Adeslas concentra casi un 50% de la cuota en Muface, frente al 35% de Asisa y al 18% de DKV seguros, por lo que su participación es una buena noticia para el Ejecutivo. Con la subida de la prima, el contrato asciende a 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades, tras sumarle una dotación adicional de 330,5 millones de euros en la oferta final, se han reforzado las garantías a las aseguradoras ante su mayor preocupación: las pérdidas para las entidades derivadas de las subidas de costes en la prestación del servicio sanitario privado a los funcionarios.
En una consulta vinculante planteada por Asisa, la aseguradora que ha liderado la negociación para buscar fórmulas de revisión de condiciones, el Ejecutivo reconoce la aplicación del “riesgo imprevisible”. En este sentido, el Gobierno en su respuesta a Asisa deja claro que, aunque la doctrina del “riesgo imprevisible” no esté expresamente contemplada en el pliego del contrato, sí es aplicable en situaciones excepcionales. Con esta respuesta, las aseguradoras cuentan con más garantías para plantear la eventual revisión del contrato si los costes aumentan y pueden demostrar que sufren un perjuicio económico.
Subida costes
En este sentido, el Gobierno menciona como posibles supuestos de aplicación “el aumento del precio de los actos médicos producido por una situación de inflación muy superior a la prevista en el contrato” o “la aparición de una situación sanitaria que incremente significativamente la frecuencia en la prestación del servicio sanitario”. Si esto ocurre, la Administración podría reconocer la ruptura del equilibrio financiero y aplicar mecanismos de compensación.
Otro punto de la consulta planteada por Asisa se refiere a si un incremento de los costes de ejecución superior al 5% generaría la obligación de reequilibrio económico del contrato en la aplicación de la doctrina del “riesgo imprevisible”. En este sentido, el Ejecutivo detalla que “habrá que atender cada caso, a la luz de las circunstancias producidas si se produce la ruptura de la economía del contrato más allá del establecimiento de un porcentaje que, si existe riego imprevisible, podría ser incluso inferior a ese 5%”, señala el Ejecutivo en la respuesta vinculante.
Medios
Para demostrar el perjuicio económico, las aseguradoras podrán utilizar sus cuentas auditadas. No obstante, se aclara que este no es el único medio de prueba aceptable, ya que “la ruptura sustancial de la economía del contrato y de las causas que lo motivan podrá acreditarse por cualquier otro medio válido en Derecho”.
Las aseguradoras tienen de plazo hasta el próximo 4 de marzo para presentar sus ofertas al concierto. Mientras el reloj avanza, se perfila la resolución de la crisis de Muface.