El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una encrucijada económica y política: la reforma fiscal, clave para desbloquear el quinto pago de los fondos europeos Next Generation, sigue sin materializarse. Esta falta de consenso no solo agrava las tensiones internas en el Ejecutivo, sino que también compromete 6.500 millones de euros vitales para proyectos estratégicos en España.
El fracaso de la reforma fiscal llega en un momento crítico, marcado por las demandas de la Unión Europea para implementar un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones, una directiva que España aún no ha traspuesto. A menos que el Gobierno tome medidas inmediatas, las sanciones de Bruselas y la pérdida de credibilidad en el ámbito europeo se ciernen como una amenaza inminente.
El bloqueo de Sánchez en el Congreso: un galimatías de enmiendas
La reforma fiscal de Sánchez ha sido motivo de múltiples reuniones fallidas en la Comisión de Hacienda del Congreso. Esta semana, el Ejecutivo desconvocó dos veces las sesiones para debatir el proyecto, señal de un acuerdo esquivo entre sus socios de gobierno. Entre las enmiendas más polémicas figuran la propuesta de Sumar de hacer permanente el impuesto a las energéticas y la introducción de un nuevo tributo a la banca, pactado con el PNV y Junts.
Pedro Sánchez, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado 11 de noviembre | Artículo 14
A este cúmulo de propuestas se suma la necesidad de unificar medidas fiscales dispersas que, hasta ahora, Bruselas no considera como una reforma integral. Según la Comisión Europea, los gravámenes temporales a sectores como el energético y financiero no cumplen los estándares de sostenibilidad que exige la UE.
Un retraso que tiene consecuencias en los fondos europeos
El quinto tramo de los fondos europeos Next Generation está condicionado a la aprobación de una reforma fiscal estructural. Estos 6.500 millones de euros son cruciales no solo para la recuperación económica tras la pandemia, sino también para la reconstrucción de las zonas afectadas por recientes desastres naturales, como la DANA que golpeó el sureste español.
El incumplimiento de los plazos no es un problema nuevo. España ya enfrentó retrasos en el cuarto pago de estos fondos, que no se desbloqueó hasta la aprobación de la reforma del subsidio por desempleo. Además, Bruselas recortó 158 millones de dicho pago debido a irregularidades detectadas en el cumplimiento de los hitos establecidos.
Europa presiona: la directiva del 15% como punto de partida
La reforma fiscal de Sánchez está en el punto de mira de la Comisión Europea. La directiva europea que establece un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades debía haberse traspuesto antes del 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, España no ha cumplido con este requisito y ya ha sido denunciada ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso en el PE | EFE
Aunque el Ejecutivo podría aprobar únicamente la trasposición de la directiva para evitar sanciones, esto significaría abandonar la oportunidad de llevar a cabo una reforma más ambiciosa. Según fuentes del Gobierno, PSOE y Sumar ven esta directiva como el núcleo de una reforma fiscal que trascienda lo inmediato y responda también a las demandas internas de justicia tributaria.
Tensiones políticas: el peaje de la coalición de Sánchez
El desgaste político del Gobierno es evidente. La reforma fiscal se ha convertido en un campo de batalla entre las diferentes facciones de la coalición. Mientras que Sumar apuesta por medidas más progresistas, como hacer permanentes ciertos impuestos extraordinarios, el PSOE busca un equilibrio que no espante a posibles aliados en el Congreso.
En este contexto, los socios minoritarios, como PNV y Junts, han aprovechado su peso político para incluir sus propias demandas en las negociaciones. Sin embargo, este enfoque fragmentado dificulta avanzar en una propuesta unificada que cumpla con las expectativas de Bruselas y responda a las necesidades económicas del país.
Yolanda Díaz felicita a Pedro Sánchez tras la segunda jornada del debate de investidura | EFE
El tiempo corre en contra del Ejecutivo. Si bien la aprobación de la trasposición de la directiva sobre el tipo mínimo del 15% podría salvar los plazos y evitar multas, sería una solución parcial. Además, Bruselas podría cuestionar la falta de ambición de un país que ha sido receptor prioritario de los fondos Next Generation.
Otra opción sería intentar aplicar la norma de forma retroactiva, de modo que las grandes empresas tributen bajo este nuevo esquema a partir del ejercicio 2024. Sin embargo, esta medida, aunque es legalmente viable, no exime al Gobierno de la obligación de presentar una reforma fiscal integral a lo largo de 2024.
¿Hay una fecha límite para la reforma fiscal y para los fondos europeos?
El próximo lunes, el Gobierno intentará nuevamente reunir a la Comisión de Hacienda para avanzar en la discusión de las enmiendas. Sin embargo, el consenso parece lejano. El Ejecutivo tendrá que decidir si prioriza la aprobación rápida de la directiva o si insiste en una reforma más amplia, aun a riesgo de perder el quinto pago de los fondos Next Generation.
Por su parte, la Comisión Europea ha dejado claro que no aceptará más retrasos. La credibilidad de España como socio europeo está en juego. Cualquier incumplimiento adicional podría tener repercusiones más allá del ámbito económico.