El ministerio de Economía ha apurado hasta el último momento para pronunciarse sobre la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Tenía hasta hoy, 27 de mayo, para decidir si lo elevaba o no al Consejo de Ministros y no ha querido adelantar acontecimientos. Carlos Cuerpo tenía además que gestionar la abundante información que ha recibido de la consulta pública inédita que puso en marcha el 6 de mayo en la página web del Ministerio para que ciudadanos, empresas y asociaciones dieran su opinión sobre si la operación conlleva algún impedimento de interés general.
Un movimiento que ha suscitado la reacción del abogado Ibor Fernandes, accionista de BBVA y socio de Statera Legal, que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por la consulta pública. Fernandes ha pedido como medida cautelar la suspensión de la utilización de los resultados de una consulta “sin cobertura legal y con diferentes defectos formales de gravedad”.
Un mes para endurecer los compromisos
En cualquier caso, el Ejecutivo todavía dispone de un mes más para decidir si endurece los compromisos pactados por BBVA con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Pedro Sánchez no puede impedir la compra del banco catalán por parte del BBVA pero sí puede vetar la fusión o poner tantos impedimentos que la entidad que preside Carlos Torres decida desistir o, por el contario, mejorar su oferta.
Si lo hace, el Ejecutivo tendrá un mes para decidir si endurece esos compromisos pactados por BBVA con Competencia. Podría hacerlo sobre la base de criterios distintos de la defensa de la competencia. Aunque hay debate jurídico sobre el margen que tiene Moncloa para endurecer las condiciones. De ello depende que el banco que preside Carlos Torres siga adelante con la operación o llegue a desistir de la misma si pierde el atractivo económico con la que fue planteada.
Según el despacho de abogados de Statera, el uso de la información recabada en la consulta pública “podría tener una afectación del interés público ante la utilización de los datos recabados sin ningún rigor y respaldo jurídico y es contraria al principio de igualdad y no discriminación, pues la formulación de la consulta es diferente en función de si el interesado considera o no que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell”.
Posibles consecuencias
El ministro Carlos Cuerpo ya ha comentado en público en varias ocasiones su preocupación por una OPA que puede conllevar concentración bancaria, pérdida de empleos y exclusión financiera con el cierre de oficinas en zonas rurales más despobladas. Todos los argumentos que utilice deben ser de interés general distintos de los de competencia. Una vez salvado este escollo, sería el turno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El ministro, ha asegurado que se está tomando la decisión “con todas las garantías”, y que la consulta les ha permitido recoger “información válida de motivos de interés general distintos a los de competencia que puedan verse afectados por esta operación”.
Empleo
Los sindicatos, por su parte, insisten en que es una operación que no debe seguir adelante. UGT Catalunya cifra entre 22.500 y 31.500 empleos que podrían destruirse y pide al Gobierno que imponga al BBVA un endurecimiento de las condiciones para que haga inviable la fusión. El sindicato también considera que se reduciría el crédito a las pymes en torno a 54.000 millones de euros y un deterioro de la calidad del crédito con tipos de interés más caros, endurecimiento de las condiciones y una reducción de los plazos.
Ecuación de canje
El BBVA ofrece a los accionistas del Sabadell una acción de nueva emisión del BBVA y el pago de 0,70 euros en metálico por cada 5,3456 acciones ordinarias del Sabadell. En la propia web de la entidad ponen un ejemplo práctico: “si un accionista tuviera 1.000 acciones del Sabadell, BBVA las cambiaría por 187 acciones del BBVA y el pico restante lo pagaría en metálico. Además, recibiría un pago en efectivo de 130,95 euros”.
Serán ellos, los accionistas del Sabadell, los que tengan la última palabra. Durante el plazo de aceptación, que podría darse entre el segundo y tercer trimestre de 2025, los accionistas decidirán el futuro de la entidad, una vez se resuelvan todas las autorizaciones regulatorias y administrativas pendientes. Un proceso que podría alargarse hasta el mes de septiembre.