El futuro de Muface, la mutualidad que ofrece asistencia sanitaria a más de 1,5 millones de funcionarios en España, se encuentra en el centro del debate tras la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, de integrarla en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, la reciente publicación de un informe por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en entredicho la viabilidad de esta medida, alertando sobre los riesgos que supondría para una sanidad pública ya colapsada.
Una sanidad pública sobrecargada: el principal obstáculo para eliminar Muface
El informe de la OCU refleja un creciente descontento con la sanidad pública, evidenciando problemas estructurales que podrían agravarse si se integran los mutualistas de Muface en el sistema público. Según los datos del estudio, en los últimos cinco años la satisfacción con la atención primaria ha disminuido considerablemente, debido, entre otras razones, a los largos tiempos de espera para obtener una cita con el médico de cabecera.
Uno de los datos más alarmantes es que solo el 14% de los pacientes logra una cita en menos de 48 horas, en contraste con el 40% que lo conseguía en 2019. Además, la espera media actual para un médico de familia es de casi ocho días, mientras que para un pediatra asciende a seis días. Estas cifras ponen de manifiesto la saturación de la sanidad pública y la dificultad de asumir a 1,5 millones de nuevos pacientes sin un colapso total del sistema.
Myriam Pallarés es la directora general de Muface | Kilo y Cuarto
Más allá de la atención primaria, el informe de la OCU señala que las urgencias hospitalarias también lidian con graves problemas de saturación. Actualmente, el tiempo medio de espera para ser atendido en urgencias de hospitales públicos es de 50 minutos, mientras que el tiempo total que un paciente pasa en urgencias se acerca a tres horas y cuarto. Incluso en los centros de salud, donde la atención es más rápida, la espera media supera la hora y media.
En este contexto, la absorción de los mutualistas de Muface supondría un reto titánico para el sistema, que ya enfrenta dificultades para atender a los pacientes con rapidez y eficiencia. La propuesta de Mónica García de eliminar Muface en nueve meses no parece realista si no se implementan reformas profundas en la sanidad pública que permitan reducir tiempos de espera y mejorar la calidad asistencial.
¿Por qué Mónica García quiere eliminar Muface?
La ministra de Sanidad ha defendido la integración de los mutualistas de Muface en el sistema público alegando que el modelo actual es insostenible debido al envejecimiento de sus beneficiarios y a la creciente carga económica que supone para el Estado. Sin embargo, el informe de la OCU sugiere que el verdadero problema no está en Muface, sino en la incapacidad del Sistema Nacional de Salud para gestionar eficientemente los recursos disponibles.
Mónica García, ministra de Sanidad, durante una comparecencia pública | EFE
Según el documento del Ministerio de Sanidad, la incorporación de los mutualistas de Muface supondría un incremento del 2,12% en el número total de personas atendidas por la sanidad pública. Aunque este porcentaje podría parecer asumible, el OCU advierte que, en un sistema ya saturado, cualquier aumento de la demanda sin una mejora de los recursos generaría un colapso aún mayor.
¿Cómo afectaría la eliminación de Muface a los funcionarios?
Para los funcionarios que actualmente están adscritos a Muface, la eliminación de este modelo supondría la pérdida de acceso a la sanidad privada y la obligación de recibir asistencia exclusivamente a través del Sistema Nacional de Salud. Esto generaría incertidumbre entre los mutualistas, quienes hasta ahora han tenido la posibilidad de elegir entre la sanidad pública y aseguradoras privadas como Adeslas, Asisa o DKV.
La principal preocupación de los funcionarios radica en que la sanidad pública, con sus actuales listas de espera y tiempos de atención, no garantizaría la misma rapidez ni calidad asistencial que el modelo de Muface. Además, la saturación de los centros de salud y hospitales podría afectar negativamente tanto a los nuevos pacientes como a los actuales usuarios del Sistema Nacional de Salud.