2025 va a ser el momento en el que el Gobierno de España ponga en marcha una de las reformas más esperadas en relación con la ocupación: la nueva ley que busca agilizar los procesos de desalojo de okupas. Esta medida fue aprobada en el Congreso el 14 de noviembre del año pasado y, aunque recibió el apoyo de varios partidos políticos como el PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, Bildu y ERC (aunque estos dos últimos votaron por error, lo que permitió que la ley saliera adelante), también generó divisiones. Y es que el PSOE, Sumar y Podemos se opusieron, mientras que Vox se abstuvo, al considerar que las medidas propuestas no eran suficientes.
El motivo del problema es que la ocupación ilegal de viviendas es un fenómeno que preocupa a muchos ciudadanos en España. Al punto de que en 2023 se registraron más de 15.000 denuncias por okupación ilegal en el país, aunque existen diversas percepciones sobre la magnitud del problema. Y cada vez son más las personas que lo consideran un problema muy importante y que hay que atajar.
Desalojo en el municipio tinerfeño de Arona, por orden judicial debido a la debilidad estructural del inmueble y el riesgo de derrumbe
¿Cuándo entra en vigor la nueva ley?
La nueva normativa será efectiva a partir del próximo 3 de abril de 2025, tal y como se ha establecido en su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado. Aunque la ley ya está aprobada, Podemos ha planteado la necesidad de que se apruebe una ley orgánica que derogue esta medida, mostrando su desacuerdo con algunos de los aspectos de la misma.
¿Que mejoras establece la nueva ley?
Esta nueva legislación establece una serie de medidas clave para agilizar los desahucios de okupas, haciendo que los procedimientos sean más rápidos y eficientes. Una de las principales modificaciones es la incorporación de los delitos de usurpación y allanamiento de morada dentro de los procesos judiciales, lo que permitirá resolverlos mediante juicios rápidos. Esto significa que los ocupantes ilegales de una vivienda podrán ser juzgados en un plazo máximo de 15 días, lo que representa una mejora sustancial respecto a los tiempos de espera actuales.
- Usurpación: Este delito se refiere a ocupar un inmueble sin autorización, sin violencia ni intimidación. Es una de las figuras legales que se aplicará a quienes ocupen una vivienda que no es la residencia habitual de otra persona.
- Allanamiento de morada: Este delito ocurre cuando una persona entra o permanece en una vivienda ajena sin el consentimiento de su propietario, vulnerando la inviolabilidad del hogar.
Actualmente, los desahucios en España suelen demorarse entre 4 y 9 meses, ya que, si se detecta que los okupas llevan más de 48 horas en la vivienda, el caso pasa a un procedimiento judicial estándar. Pero ahora con la nueva ley los tiempos de espera se reducirán considerablemente, lo que permitirá que los propietarios recuperen sus viviendas de manera mucho más rápida.
Controversias por la nueva ley
La nueva ley se ha presentado como una respuesta a las demandas de los ciudadanos que llevan tiempo pidiendo soluciones efectivas ante la okupación. No obstante, la reforma también genera controversia, ya que algunos partidos políticos consideran que las medidas no son suficientes para abordar el problema de fondo de manera definitiva. Además, se ha señalado que la ley podría generar conflictos en su aplicación, especialmente en aquellos casos en los que el propietario de la vivienda no pueda demostrar de manera clara la ocupación ilegal.