El PSOE ha presentado una propuesta para modificar el proyecto de Ley de Función Pública, introduciendo una medida que podría cambiar las condiciones laborales de miles de empleados públicos en España. Se trata de la ampliación de la jubilación de los funcionarios hasta los 72 años. Esta reforma permitiría que aquellos trabajadores que lo deseen puedan seguir en activo dos años más, prolongando así la edad máxima de jubilación forzosa, que actualmente está fijada en 70 años.
Además, dentro del paquete de enmiendas, el PSOE también ha planteado medidas que buscan mejorar la conciliación familiar para los funcionarios. Eso incluye permisos retribuidos y derechos específicos para familias monoparentales. Sin embargo, la ampliación de la jubilación de los funcionarios ha generado un intenso debate sobre el impacto que tendrá en el empleo público y en el relevo generacional dentro de la Administración.
¿En qué consiste la propuesta para la jubilación de los funcionarios?
Actualmente, los funcionarios pueden jubilarse forzosamente a los 70 años. Sin embargo, algunos cuerpos tienen límites inferiores. La nueva medida permitiría que quienes lo deseen sigan trabajando hasta los 72 años, siempre que su desempeño siga siendo apto para el puesto que ocupan.
Dos jubilados disfrutan de su tiempo libre juntos | Shutterstock
Esta propuesta forma parte del acuerdo alcanzado a finales de 2024 entre el ministro de Política Territorial y Función Pública, Óscar López, y los sindicatos UGT y CCOO. Junto con la ampliación de la jubilación de los funcionarios, el Gobierno también se ha comprometido a recuperar la jubilación parcial anticipada, una medida que llevaba tiempo siendo reclamada por los sindicatos.
La reforma busca flexibilizar la edad de retiro para los empleados públicos, permitiéndoles extender su actividad profesional en caso de que lo deseen y se encuentren en condiciones de seguir desempeñando su labor.
¿Qué impacto tendrá la jubilación de los funcionarios hasta los 72 años?
Una mujer mayor trabajando | Shutterstock
La ampliación de la jubilación de los funcionarios hasta los 72 años plantea una serie de implicaciones tanto para el sistema de empleo público como para la gestión de recursos humanos dentro de la Administración.
- Mayor envejecimiento de la plantilla: Actualmente, la media de edad de los funcionarios en España es elevada. Con esta medida, se retrasará el relevo generacional, lo que podría afectar a la incorporación de nuevos empleados públicos.
- Menor rotación y oportunidades para nuevos aspirantes: Si los funcionarios prolongan su vida laboral, habrá menos plazas disponibles para opositores y nuevos trabajadores, lo que podría generar un efecto embudo en la contratación pública.
- Ahorro en pensiones: Desde el punto de vista financiero, la medida busca reducir el impacto del gasto en pensiones a corto plazo, ya que los empleados que sigan en activo durante más tiempo no estarán cobrando su pensión hasta más tarde.
- Riesgo de agotamiento laboral: Aunque la propuesta es voluntaria, sectores como la sanidad o la educación podrían verse afectados si los trabajadores en edad avanzada experimentan dificultades para mantener el rendimiento en puestos con alta exigencia física o psicológica.