La huelga en la Seguridad Social ha encendido todas las alarmas. Por primera vez en la historia del organismo, los subdirectores y secretarios provinciales han optado por una movilización parcial ante lo que definen como un “colapso insostenible”. Las consecuencias ya se notan en miles de ciudadanos que esperan respuesta a sus solicitudes de pensiones, ayudas y prestaciones.
Esta huelga en la Seguridad Social responde al creciente atasco de expedientes. En especial, los relacionados con la incapacidad temporal, que están llegando al límite legal de los 18 meses sin ser resueltos. La situación ha superado, según los convocantes, el punto de saturación.
Uno de los focos más críticos que ha motivado la huelga en la Seguridad Social es el retraso acumulado en el reconocimiento de las incapacidades temporales. Según denuncian los trabajadores, los casos se están resolviendo casi “in extremis”, cuando ya ha transcurrido el periodo máximo permitido por ley.
En febrero, se contabilizaron más de un millón de prestaciones por esta causa. El coste mensual que representa este volumen asciende a unos 1.200 millones de euros. Una cifra que evidencia la magnitud del problema. La saturación en este punto ha sido el detonante final de una tensión que lleva años en aumento.
Aumento de solicitudes y falta de personal
La huelga en la Seguridad Social también es la consecuencia directa del desbordamiento generalizado que vive el sistema desde hace años. A las solicitudes habituales se han sumado las de la generación del baby boom, nacida en los años 60, que ahora comienza a jubilarse de forma masiva. En 2023, se retiraron 368.035 trabajadores, un 16% más que hace tres años.
Este crecimiento no ha venido acompañado de un refuerzo proporcional en las plantillas. Muy al contrario, los responsables de las oficinas denuncian que operan con personal en mínimos históricos. Eso convierte en misión imposible dar respuesta al volumen actual de trabajo. De ahí la huelga en la Seguridad Social como medida de presión.
El ingreso mínimo vital, otro factor de saturación
Desde 2020, con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, el sistema ha tenido que absorber millones de nuevas gestiones. Solo este colectivo ha tramitado 3,5 millones de solicitudes, muchas de ellas sujetas a revisiones periódicas para adaptar la ayuda a las circunstancias familiares y económicas de los beneficiarios.
Esta sobrecarga ha influido de forma directa en la huelga en la Seguridad Social, al convertirse en otro de los grandes puntos de tensión para unas oficinas desbordadas. Según los trabajadores, esta ayuda ha supuesto un “golpe en la línea de flotación” de su operativa diaria.
Provincias saturadas y traslados de expedientes
Uno de los mecanismos que se están utilizando para mitigar el colapso es el traslado de expedientes de unas provincias a otras. Así, mientras en algunas zonas se acumulan cientos de casos, otras oficinas con menor carga se encargan de tramitarlos para garantizar que nadie se quede sin cobrar.
Sin embargo, esta estrategia no es sostenible a largo plazo. La huelga en la Seguridad Social también pone el foco en estos desequilibrios territoriales y en la urgencia de implementar soluciones estructurales. Mientras tanto, hay documentos que siguen sin responderse desde 2021.
Una huelga en la Seguridad Social parcial, pero simbólica
La huelga en la Seguridad Social comenzó el pasado 10 de marzo con paros de dos horas durante dos días a la semana. Aunque su alcance es parcial, su impacto es evidente tanto en los medios como en la opinión pública. Este lunes, los convocantes se concentrarán ante la sede del Ministerio en Madrid para exigir medidas urgentes.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha manifestado su voluntad de diálogo. Desde el departamento reconocen que la situación es compleja tras años de falta de reposición de personal, pero aseguran que ya están en marcha planes de rejuvenecimiento de las plantillas y mejora de la gestión.
¿Cómo afecta al ciudadano?
La huelga en la Seguridad Social ya está provocando retrasos adicionales en la atención al público. Las citas presenciales se están demorando semanas y algunos trámites esenciales, como las bajas laborales o la solicitud de pensiones, sufren parones que complican la vida de los afectados.
Especialmente preocupante es el caso de quienes esperan el reconocimiento de una incapacidad o el acceso a una ayuda vital. En muchas ocasiones, la falta de respuesta administrativa implica la ausencia de ingresos durante un periodo crítico. La huelga, aunque justificada por las condiciones laborales, también agrava esta situación para los usuarios.