A veces leemos noticias con tantas cifras, números y porcentajes que no nos damos cuenta de que hay personas, con nombres y apellidos, mujeres que sufren, detrás de cada una de las estadísticas que se publican.
El Gobierno, en Consejo de Ministros, ha prorrogado hasta el año 2028, durante los próximos cuatro años, la moratoria para suspender los desahucios a deudores hipotecarios vulnerables. Es una medida que se aprobó por primera vez con Mariano Rajoy como presidente, en 2013, y que se ha ido manteniendo pese a los cambios de color político del Ejecutivo. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), es una medida que evita alrededor de 30.000 desahucios en toda España.
Sara Alvarado forma parte de esa cifra. Hace dieciocho años tomó una mala decisión y casi dos décadas después arrastra las consecuencias de comprar una vivienda por encima de sus posibilidades. Estuvo mal asesorada y además, se quedó en paro. “Me metí en 2006 en una hipoteca de 307.950. Entonces tenía 27 años y trabajaba de ayudante de cocina en un bar. Empecé pagando una hipoteca de 850 euros, pero solo durante los dos primeros meses, después vinieron más subidas hasta que llegué a pagar 1.800 euros mensuales, junto con seguros de vida, plan de pensiones, tarjetas de crédito que no había solicitado o el seguro de la casa que tenía que ser en la entidad que ellos dijeran porque te obligaban y claro, las cuotas eran enormes y dejé de pagar”.
Ahogada por las facturas llegó otro revés en su vida, se quedó en el paro y su expareja, también. Entonces comenzó un periplo a la sucursal bancaria para intentar buscar una solución, pero esos rostros afables que cuando firmó la hipoteca eran todo sonrisas y buenas palabras, se convirtieron en negativas y caras de pocos amigos. “Yo he acudido varias veces a mi banco a buscar una solución que nos beneficiara a las ambas partes pero a mí solo me han dado largas, largas y largas y mentiras llevándome a una situación desesperante de juicio tras juicio y tratando de defenderme cómo puedo ya que nunca me imaginé estar así”.
Sara Alvarado en la cocina de su casa por la que en 2006 se hipotecó por 307.950 euros.
Menor de edad
La decisión del Gobierno ha permitido que pudiera seguir teniendo un techo donde vivir, pese a que todavía no ha resuelto su situación financiera. Ella cumple los requisitos para esta moratoria: está en el paro y tiene un hijo menor de edad. La norma permite suspender los alzamientos de vivienda a las familias numerosas, monoparentales con un hijo a cargo, con menores de edad, con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y en situación de dependencia o incapacidad permanente. O si el afectado está en el paro, es víctimas de violencia de género o mayor de 60 años.
En cualquier caso, no debe superar el límite de tres veces el IPREM anual, es decir, las rentas de los afectados no deben superar los 25.200 euros anuales, aunque es un límite que se amplía en función del número de hijos, situación de dependencia o incapacidad.
En el caso de Sara, al menos, no se ha visto en la calle. Pero ha tenido que pasar un calvario de preocupaciones y números rojos que le han repercutido en su salud. “Este problema de la hipoteca me ha generado enfermedades. He sufrido depresión, estrés, no podía dormir tranquila por la noche, dolores de cabeza… tantas cosas que no podría contar pero que gracias a la ley 1/2013 que es la moratoria que ha prorrogado el Gobierno no me voy a ir a la calle ya que he pagado de mi casa 128.000 euros sólo de intereses y 10.000 de capital”.
Pero también sabe que es solo un parche y que está lejos de la solución definitiva. “Deben darnos una solución a todo este problema que tenemos ahora en toda España ya que somos muchísima gente los perjudicados por las hipotecas basura. Gracias a los colectivos y plataformas de hipoteca y asambleas de vivienda que nos han orientado y ayudado, he podido seguir adelante. Seguiré luchando para que me quiten la deuda, está en juego mi vida entera y el futuro de mi hijo”.
Nueve años pagando la hipoteca, una amortización de capital irrisoria y unas consecuencias de por vida. Sara además no tiene familia en España, ella llegó con 23 años desde Ecuador para labrarse un futuro ahora truncado. “Esto te perjudica en todos los sentidos, como no poder trabajar una jornada completa de trabajo porque necesitas tiempo para poder defenderte judicialmente ya que en ello te va la vida entera. Yo no conozco de leyes, aquí en España sola, no tengo familia… yo pienso que si me engañaron fue porque confíe en el director del banco y en el notario que daba fe que el documento que yo firmaba estaba correcto en todos los sentidos. Yo solo quería una casa donde poder vivir tranquila pero esto ha sido una pesadilla, ha perjudicado mis ilusiones y las ganas de seguir adelante”.
No puede decir más, se le caen las lágrimas al recordar su historia. Lleva años topándose con un muro de negativas y burocracia que no la permiten avanzar. Pero hay una fuerza en su interior que le impide rendirse. Y no piensa tirar la toalla. Por su hijo y por ella misma.