CRISIS DE MUFACE

La directora de Muface cobra más de 100.000 euros al año

Las aseguradoras cuentan con una semana para presentar su licitación

Myriam Pallarés es la directora general de Muface. Kiloycuarto

Queda todavía una semana en vilo por delante para un millón y medio de funcionarios que todavía no saben qué va a ser de su futura asistencia sanitaria. Este 2025 ha comenzado igual que terminó, con la incertidumbre sobre la decisión de las aseguradoras que tendrán que dar a conocer el 15 de enero si presentan o se retiran a la nueva licitación para hacerse cargo de la sanidad privada de los trabajadores públicos. Es la segunda licitación después de que la primera se quedara desierta porque a las tres aseguradoras -Adeslas, Asisa y DKV- les pareció una oferta insuficiente por parte del Gobierno. A esta segunda tanda ya se ha retirado Adeslas ante la propuesta de subir las primas hasta un 33,5% porque asegura que genera pérdidas de unos 250 millones de euros anuales para la compañía. DKV también apunta a retirada según fuentes de su dirección y tan solo quedaría Asisa en la carrera por Muface, pero tendría que hacerse cargo del 100% de los empleados suscritos.

Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, esta situación de incertidumbre está afectando a la atención médica de los trabajadores con retrasos y cancelaciones de pruebas diagnósticas. Una angustia para los funcionarios públicos adscritos que saben que el 31 de enero se acaba el actual contrato y que si no se aprueba uno nuevo, el Gobierno puede prorrogar el actual o hacer un traspaso a la sanidad pública.

Y mientras las aseguradoras hacen números en privado, hay otras cuentas que sí son públicas: se trata del salario de la directora de Muface, Myriam Pallarés, que en este año que entra cumplirá su sexto en el cargo y que cobra más de 100.000 euros anuales según publica el portal Sueldos Públicos. En su primer año al frente de Muface, en 2020, recibió un salario de 88.879 euros. En los dos siguientes años, se acercó a los 100.000 al incluir los seis trienios por su condición de funcionaria. En el año 2023, ya superó la cifra hasta los 104.325 euros brutos al año.

Las nuevas condiciones planteadas por el Gobierno suponen un aumento del porcentaje de las primas al 33,5% en los próximos tres años.

Adeslas se descolgó porque, asegura, es una propuesta que se queda corta y genera un agujero millonario en sus cuentas. Ahora sobre el tablero solo quedan Asisa y DKV, y ya se habla de que sea solo una, Asisa, la que asuma Muface en solitario.

Mientras tanto, el Ejecutivo ha ofrecido una alternativa a los funcionarios que no saben qué va a suceder con su asistencia sanitaria. Desde el 1 de enero se ha abierto un proceso para permitir que todos los empleados públicos que lo deseen puedan cambiar a la pública. La fecha tope para hacer ese traslado es el 31 de enero, o sea que disponen de un mes para pensarlo. Si finalmente se llega a un acuerdo con las aseguradoras, entonces esos funcionarios que se han pasado a la sanidad pública podrán retornar a la privada cuando arranque el nuevo concierto para el 1 de abril.

Pero si hay una fecha que los funcionarios están marcando en el calendario es el 15 de enero. Es el último día para que las aseguradoras respondan a la segunda propuesta del Gobierno. Pueden decir que sí a esas primas del 33,5% hasta 2027 pero también pueden decir que no. En ese caso, Pedro Sánchez podría intentar plantear una tercera licitación, más atractiva. En cualquier caso, la asistencia sanitaria estaría garantizada para los funcionarios al menos hasta el 31 de marzo, con las mismas condiciones, pero con el precio actualizado. Una prórroga que se activaría mediante la Ley de Contratos del Sector Público que contempla esta posibilidad, aunque todavía no se ha producido.

El sindicato de funcionarios CSIF está intentando presionar y le ha enviado una carta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que tome cartas en el asunto. Le pide que medie con las aseguradoras para garantizar la continuidad del modelo de atención sanitaria de los empleados públicos, “que dé las indicaciones oportunas al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para que sin más demora convoque a CSIF, en su condición de sindicato más representativo e integrante del Consejo General de Muface y nos informe personalmente de las medidas que se van a llevar a efecto para garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas y beneficiarios afectados”. Temor a quedarse sin sanidad privada que cada vez es más creciente, un beneficio que hasta ahora permitía a este millón y medio de funcionarios acudir al médico sin sufrir las largas listas de espera de los hospitales públicos y contar con especialistas sin tener que pasar por el médico de cabecera del ambulatorio.

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