Para la Real Academia de la Lengua, la solidaridad es apoyo, compañerismo, camaradería o respaldo. Y es un término que se utiliza en el artículo 138 de la Constitución para destacar que el Estado debe velar por un equilibrio económico entre las diferentes partes del territorio español. De esa manera se puso en marcha el sistema de financiación autonómica que ahora se resquebraja con el preacuerdo entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña. Ambos partidos apuestan por un sistema propio como el del País Vasco y Navarra y salir del Régimen Común.
La Generalitat pasaría a recaudar íntegramente los cuatro impuestos Estatales que son: el IVA, el impuesto de la Renta, los impuestos especiales (como el de la gasolina o el tabaco) y el impuesto de Sociedades y sería la Agencia Tributaria Catalana la que se encargaría de la recaudación y de la inspección. Una política fiscal propia que sí o sí necesita de la reforma de la LOFCA, la Ley de Financiación Autonómica. Ese preacuerdo también contempla una transferencia solidaria con el resto de territorios, pero no se conoce la cuantía. Y esa caja común que hoy cuenta con la aportación de Cataluña se quedaría más pequeña, puesto que habría menos dinero para repartir y, por lo tanto, las comunidades más pobres como Asturias o Extremadura tendrían menos ingresos. Pero a priori, no solo saldrían perdiendo las que menos recaudan porque Madrid, que es la que más aporta a ese régimen común, tendría que hacer un mayor esfuerzo para compensar la salida catalana.
Los expertos temen que se agrande la brecha entre regiones con este cambio. Según Antonio Castelo, economista de Ibrockers “El Estado se queda con una parte de todos los ingresos directos que se recaudan, otra parte se quedan en las comunidades autónomas y luego hay impuestos que están transferidos a las comunidades… Sanidad y educación son los servicios que más pesan en los presupuestos autonómicos. Imaginemos una comunidad más pobre, como Asturias, si tuviera que sacar dinero para Sanidad y Educación de lo que allí se recauda, no alcanzaría para atender todos los servicios sanitarios, todos los centros de enseñanza… De la caja común salen unas cantidades que se redistribuyen de las comunidades más ricas o a las más pobres. Si a partir de ahora Cataluña se queda con todo lo que recauda y no aporta a esa caja común, el resto de comunidades que aportan más, por ejemplo, Madrid o Baleares, tendrían que aportar más para que los andaluces o asturianos mantengan el mismo nivel de servicios que ahora tienen. Para ello los habitantes de Madrid por ejemplo tendrían que pagar más impuestos para igualar las cantidades que deja de poner Cataluña. No sabemos la cantidad exacta, pero al final, lo que ocurrirá es que o una asturiana o una andaluza tendrán menos servicios, porque no habrá dinero para sufragarlo. O pasará que los españoles de las comunidades autónomas que son más ricas tendrán que asumir mayores impuestos para dotar a la caja común del dinero que dejan de aportar los catalanes”.
Los últimos datos aportados por Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, desvelan cuánto aporta cada región. Hay tres que contribuyen a la caja común: la Comunidad de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares. Cataluña ingresa más de 2.000 millones, Madrid con más de 6.000 millones y Baleares en tercera posición con 300 millones. En ese listado de quince autonomías, el resto no pone sino que recibe dinero. Andalucía a la cabeza con casi 5.000 millones, Canarias con casi 4.000 millones y Galicia con más de 2.000 millones. Ese sistema saltaría por los aires y supondría en la práctica que una catalana pudiera tener mejores servicios sanitarios o educativos que una asturiana porque su comunidad maneja más dinero para destinarlo a ese fin.
“La primera derivada de todo esto es que es insolidario y que está en contra de lo que legítimamente el PSOE y el Partido Comunista pelearon a la hora de redactar la Constitución. Otra segunda derivada es saber qué va a pasar con la deuda emitida por la autonomía catalana. Si se la perdonan la tendremos que pagar los demás. Si finalmente no aportan más, nos encontramos en una situación en la que una extremeña o una asturiana que ahora recibe una serie de servicios de la Administración, verá disminuida esa cantidad, mientras que teóricamente, una catalana, estará en disposición de recibir más, siempre y cuando la Generalitat destine esos mayores ingresos netos a los mismos destinos a los que los destinan otras comunidades menos favorecidas”, explica Castelo.
En este 2024, el presupuesto para sanidad de Cataluña es de 12.859 millones de euros. La partida presupuestaria destinada al Servicio Extremeño de Salud (SES) es de 2.251 millones de euros, el 28 por ciento del presupuesto total de la Junta, con una subida del 3,5 por ciento con respecto al ejercicio 2023. Con el principio de solidaridad resquebrajado, las partidas aumentarían para Cataluña y se podrían reducir para Extremadura, lo que en la práctica podría significar que una mujer catalana estaría mejor y más rápidamente atendida en su región que una mujer de Cáceres o Badajoz. Hasta el presidente socialista del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha rebelado contra la decisión catalana, “no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias”. Habrá que esperar a conocer la letra pequeña para poder realizar los cálculos reales de esta ruptura del principio de solidaridad.