En los últimos meses, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha vuelto a poner sobre la mesa un debate económico que suscita controversia tanto en el sector empresarial como en el ámbito laboral. Hablamos de la posibilidad de que los trabajadores perciban su sueldo bruto y se hagan cargo directamente de sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Esta idea, impulsada por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, pretende dar visibilidad a los altos costes laborales que enfrentan las empresas. Sin embargo, la propuesta ha despertado una serie de inquietudes y resistencias. Tanto desde el ámbito gubernamental como por parte de los sindicatos, que ven en esta medida un posible aumento del fraude, la creación de falsos autónomos y un desequilibrio en el sistema de cotizaciones.
El debate sobre el sueldo bruto y las cotizaciones
La CEOE plantea un sistema en el que los trabajadores reciban su salario bruto completo, dejando en sus manos la gestión y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Una tarea que actualmente desempeñan las empresas. Garamendi sostiene que esta medida permitiría a los empleados comprender el verdadero coste de su empleo. A fin de cuentas, muchos desconocen que las empresas abonan una parte significativa de las cotizaciones. La visibilidad de este coste, según la CEOE, sería clave para fomentar una mayor conciencia sobre el esfuerzo económico que supone mantener un puesto de trabajo.
Sin embargo, esta visión ha sido criticada por expertos y actores sociales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos han mostrado un claro rechazo a la idea. Alertas de las posibles consecuencias negativas que podría tener tanto para los trabajadores como para el sistema de Seguridad Social.
Riesgos y dificultades de implementar el sistema de la CEOE
Los economistas y juristas consultados sobre esta propuesta por El Economista coinciden en que, si bien la transparencia en los costes laborales es positiva, el cambio al sistema de retribución directa podría generar más problemas que soluciones. Según Marcel Jansen, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), “esta medida no supondría una reducción de los costes laborales para las empresas ni una mejora en el salario neto de los trabajadores”. Más bien, se trataría de un traspaso de responsabilidades desde las empresas hacia los empleados. Esto podría aumentar el riesgo de errores y fraudes.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi | EFE
Una de las principales preocupaciones es la falta de conocimientos especializados de la mayoría de los asalariados en cuanto a la gestión de cotizaciones y trámites fiscales. Según Omar Molina, director del Área de Laboral de Augusta Abogados, “la medida podría llevar a un incremento en la morosidad, sanciones y errores en la gestión de las cotizaciones”. Los trabajadores, que no están familiarizados con estos procedimientos, tendrían que contratar servicios externos o asumir riesgos. Lo que encarecería aún más el coste del empleo.
¿Qué pasaría con los falsos autónomos en España?
Otro aspecto preocupante es la posibilidad de que esta medida fomente la figura de los falsos autónomos. Al convertir a los trabajadores en responsables de sus propias cotizaciones, se podría llegar a una situación en la que, a efectos prácticos, millones de asalariados fueran tratados como autónomos sin los beneficios que este régimen conlleva. Esto permitiría a las empresas eludir responsabilidades en cuanto a la gestión del empleo, reduciendo sus costes a expensas de los derechos de los trabajadores.
La legislación actual establece con claridad que la responsabilidad del pago de las cotizaciones recae sobre el empleador. Es él quien debe abonar tanto la parte correspondiente al trabajador como la parte empresarial. Cambiar este sistema implicaría una modificación radical de la normativa. Abriría la puerta a situaciones irregulares en las que los empleados sigan dependiendo de las empresas para aspectos como horarios y organización del trabajo. Pero sin las mismas garantías, claro.
¿Cómo afectaría a la Seguridad Social?
Una oficina del Servicio de Empleo Público Estatal o SEPE | EFE
Además del impacto directo sobre los trabajadores, el sistema de Seguridad Social también se vería afectado por esta propuesta. Los asalariados podrían optar por reducir sus cotizaciones, eligiendo coberturas mínimas similares a las de los autónomos. Todo ello pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema. También afectaría a las prestaciones por desempleo y otras coberturas de protección social, más generosas para los trabajadores por cuenta ajena en comparación con los autónomos.
Alternativas al sistema de la CEOE del sueldo bruto y las cotizaciones
En lugar de implementar un sistema que traspase responsabilidades a los trabajadores, los expertos coinciden en que sería más sensato aumentar la transparencia sobre los costes laborales. Actualmente, algunas nóminas no incluyen la parte de las cotizaciones que paga el empresario. Eso provoca una falta de comprensión sobre el verdadero coste de los empleos. Incorporar esta información en las nóminas podría ayudar a los empleados a entender mejor el valor de su trabajo sin generar los problemas asociados con el pago directo de cotizaciones.
La transparencia en el desglose de los costes laborales podría ser una solución intermedia que permitiera a los trabajadores valorar mejor su salario neto y su cotización sin desestabilizar el sistema actual de sueldo bruto. Además, evitaría el riesgo de conflictos laborales y la aparición de fraudes, que serían más probables si los empleados tuvieran que gestionar sus cotizaciones de forma independiente.