La justicia ya investiga el apagón de este lunes como un presunto delito de terrorismo. El juez José Luis Calama ha abierto una investigación para dilucidar si el cero que sufrió el país pudo atender a un sabotaje informático. En el auto expone que “si bien en el momento actual la causa de los referidos hechos resulta desconocida, el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibles” y añade que la situación supuso “una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadano”. De ahí que quiera indagar en el origen de la crisis eléctrica e investigarlo como un presunto delito de terrorismo.
Señala Calama que las infraestructuras dañadas “son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población” y recuerda un apagón en Ucrania de 2016 por un ciberataque a infraestructura energética que dejó a millones de personas sin luz. También expone como precedente el caso Anonymus en el que ciudadanos rusos habrían atacado en 2011 a usuarios de varios países.
El juez explica que el incidente ocurrió ayer sobre las 12.30 hora española y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria, transporte, etc., lo que ha supuesto “una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos”.
El texto de siete páginas recoge la explicación facilitada por el Gobierno de que “se han perdido” de forma súbita durante 5 segundos 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 por ciento de la luz que se estaba consumiendo, siendo “algo que no había ocurrido jamás”.
Por todo ello, el juez libra oficio a Red Eléctrica y al centro criptológico nacional para que remitan sendos informes sobre lo acontecido este lunes. Además da diez días a la Comisaría General de Información de Policía Nacional para que investigue y realice un informe con sus pesquisas.