La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo público independiente que tiene como misión la fiscalización presupuestaria, sacó los colores al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, a cuenta de las tasas de non take-up del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es decir, el número de potenciales beneficiarios que no lo solicitan, que se mantiene por encima del 50% sin apenas mejora desde que en 2020 se lanzó esta prestación. Las mujeres son un colectivo especialmente afectado, dado que esta prestación tiene un marcado carácter femenino: casi el 70% de sus titulares son mujeres.
En concreto, la Airef advierte de que más de tres años después de su puesta en funcionamiento, el IMV mantiene la tasa de non take‑up en el 56% en 2023. Está fue del 57% en 2021 y del 58%, en 2022. “La Airef cree que resulta cada vez más crucial profundizar en la reducción del non take‑up para alcanzar los efectos potenciales de la prestación”, destacó el organismo en su tercera Opinión sobre el IMV expuesta por su presidenta, Cristina Herrero.
Por su parte, el Ministerio aclaró que el cálculo de la tasa de non take-up es susceptible de distintas metodologías y que la concesión del IMV de oficio “es inviable y no recomendable”, en respuesta a la propuesta de la Airef para ampliar su alcance. “Esta es una prestación que se configura en base a los miembros de la unidad de convivencia y no existen bases de datos que contengan información suficientemente precisa sobre estas para que su tramitación se pudiese iniciar de oficio”, puntualizó este Departamento, tras valorar “positivamente” las aportaciones de la Airef y aclarar que el IMV no es la única política para combatir las situaciones de pobreza y/o exclusión social en España.
En detalle
Una parte de este non take-up incluye a un 5%, unos 47.500 hogares, que continúan recibiendo una renta mínima por parte de la comunidad autónoma pero no solicitan el IMV -aun teniendo derecho a ello- porque no quieren dejar de percibirla. Esta tasa de non take-up varía según las comunidades autónomas, desde un 68% en Islas Baleares a un 34% y un 39% en Melilla y Ceuta, respectivamente.
Considerando la renta mínima autonómica, Cataluña es la región en la que hay mayor influencia para no solicitar finalmente el IMV: representa 17 puntos de una tasa del 67% de non take up, mientras que en Castilla-La Mancha y Melilla no se detecta ninguna percepción de rentas mínimas entre quienes no piden el IMV.
Según las estimaciones de la Airef, el año pasado, 342.856 hogares percibieron el IMV, lo que supone una tasa del cobertura del 36% de un total de 951.702 que podrían haberlo percibido. De esta forma, solo cubrió al 17% de los hogares en pobreza severa, frente a un universo potencial del 53%. Una situación que también se detecta en aquellas familias con menores.
En estas, la brecha es aún mayor, dado que alcanzó al 18,6% de los potenciales beneficiarios. Un 73 % de los hogares elegibles para percibir el CAPI (complemento de ayuda a la infancia) no solicitó la prestación en 2023.
En opinión de la Airef, esta situación se explica por la falta de información, por el miedo de los hogares perceptores de la renta mínima autonómica a perder dicha ayuda y por la complejidad en la documentación a presentar y los cálculos. "La AIReF continúa identificando retos en relación con la eficacia y eficiencia de la prestación. Por ejemplo, las entidades mediadoras del IMV trasladan la falta de correspondencia entre la acreditación de requisitos de acceso a la prestación y la realidad social de determinados hogares, en aspectos como la unidad de convivencia de determinados tipos de familias", señaló.
Además, la Airef observa la subsidiariedad en la concesión del IMV del mecanismo para tener en cuenta los ingresos del año en curso, según la Ley que lo desarrolla. En su informe, estima que de los 836.510 expedientes (30% del total) en los que el hogar solicita tener en cuenta los ingresos del año en curso, se han aprobado el 24%. De estos 198.300 expedientes aprobados, únicamente se ha reconocido la prestación con los ingresos del año en curso a 3.964 (el 2%).
El supervisor fiscal calcula que al 65% de los beneficiarios se les revisó sus importes en 2023 (el 83%, en 2022). Al 25% de los beneficiarios se les solicitó reembolsos de importes y a un 7% se les dio de baja. Según explicó Herrero, siguen dialogando con el Ministerio respecto a los pagos que tienen que afrontar estos hogares. En su opinión “lo mejor sería aproximar la renta al momento presente y no utilizar la situación de años anteriores”.
Para evitar el non take-up, la Airef propone utilizar esquemas de concesión de oficio: "acelerar la transformación hacia un modelo de gestión del conjunto de prestaciones no contributivas (IMV, CAPI, subsidios por desempleo, …) más automático y que se actúe de oficio". Valora en este sentido, el paso hacia el IMV cuando se agota el subsidio de desempleo. También propone una reforma que facilite la verificación de los datos económicos para el acceso de la prestación y así, disminuir la frecuencia y el importe de las revisiones; además de captar mejor las situaciones de pobreza sobrevenida.
Respuesta del Ministerio
El Ministerio que dirige Elma Saiz aclaró que esta concesión de oficio no es factible por cómo está concebida la prestación. Es una prestación es solidaria para todos los miembros de la unidad familiar -para el cálculo se computan todas las rentas que ingresan todos ellos-, si bien se abona a través del titular.
Recordó que este tipo de prestaciones otorgan derechos, pero también implican obligaciones e incompatibilidades para sus beneficiario. "Se necesitarían cambios en la estructura de datos administrativos del conjunto del Estado y cambios legislativos, tanto del IMV como de otras materias, fundamentalmente dentro de la protección de datos", explicó.
Lo que sí se ha producido son mejoras en la automatización de la prestación. Por ejemplo, durante el proceso de admisión y tramitación se realizan cruces de datos con diferentes organismos implicados. En esa línea, a partir del próximo 1 de noviembre se incorporan nuevas mejoras y así, bastará la firma del titular (hasta ahora se requería la de todos los miembros de la unidad de convivencia. Según definió el Ministerio, el IMV "más que una prestación es una política viva".
"Las conclusiones del informe de la Airef serán incorporadas a la fase de estudio y mejora. El nuevo equipo está realizando una evaluación exhaustiva de la política para identificar ámbitos de mejora en base a la evidencia y las mejores prácticas a nivel internacional. Se está trabajando en dos vías principalmente: avanzar hacia una prestación donde las cuantías reflejen con mayor agilidad la realidad económica de las familias y flexibilizar criterios de acceso a la prestación", señaló el Ministerio.
