Incredulidad y confusión. Desde las cinco de la tarde hasta la una de la madrugada estuvo reunida la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados. Y después de ocho horas, el Gobierno no consiguió salvar su reforma fiscal y solo un puñado de medidas descafeinadas salieron adelante. Apenas queda un mes para que decaiga el impuesto a las energéticas y a la banca, a finales de año, y todavía no sabemos si el Ejecutivo conseguirá convertirlos en impuestos permanentes tal y como era su intención. ERC, Bildu y BNG quieren prorrogar el gravamen a las energéticas por un año pero a la vez, el ministerio de Hacienda mantiene con Junts su acuerdo de no aplicar el impuesto a aquellas empresas que estén comprometidas con la inversión en descarbonización. Son dos acuerdos que se contradicen entre sí porque todas las empresas del sector, según se puede apreciar de un solo vistazo en sus páginas web, tienen en sus planes proyectos de descarbonización.
Tanto Endesa como Caixabank han presentado sus planes estratégicos y han reconocido que será prácticamente imposible que esos impuestos salgan adelante. Así lo ha manifestado el consejero delegado de Endesa ante sus inversores, José Bogas. “Si nada cambia, sería imposible extender este impuesto. Por otro lado, el Gobierno ha publicado una nota en la que afirma que mantiene el acuerdo con Junts. Ese acuerdo supone no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso de inversión real en descarbonización, por lo que resulta un poco confuso. En cualquier caso, es un impuesto discriminatorio, comparado con otros jugadores europeos e introduce desventajas competitivas. Y lo más importante para mí es que ya no es hora de imponer impuestos. Es hora de invertir”.
Por su parte, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, tampoco parecía muy preocupado por tener que afrontar de nuevo el impuesto. “Ya he comentado que no está justificado e impactará en el crédito, pero no me voy a extender más sobre este tema. Veremos en qué acaba su tramitación”, decía el banquero, también tras la presentación de su plan estratégico.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no daba crédito a esta situación política. “Yo estoy perplejo. Me parece una mala noticia la incertidumbre que se genera y la falta de confianza. A medianoche se dice una cosa y un rato después se dice otra pero a la vez nadie sabe qué va a pasar el jueves. No se puede aprovechar una norma europea para incluir medidas adicionales de cualquier tipo como que a los seguros privados les suben el IVA. Puede pasar cualquier cosa, son unos impuestos a la carta. En la banca van a sufrir los pequeños, los jóvenes”.
No son los únicos impuestos que parece que se van a quedar en el cajón. También era intención del Gobierno de coalición eliminar los privilegios fiscales de las Socimis. Las empresas inmobiliarias que cotizan en Bolsa pagan un impuesto de sociedades mucho más bajo que el resto, en torno al 1%. Pero en cuanto se planteó la posibilidad, las Socimis amenazaron con localizar sus empresas fuera del país. También se ha quedado fuera de la reforma fiscal la posibilidad de imponer el impuesto sobre el diésel, los impuestos a los seguros sanitarios privados y otro punto que había planteado Sumar para acabar con la proliferación de los pisos turísticos: el IVA al 21% de esta clase de vivienda. Nada de todo esto ha salido finalmente.
Hay unas pocas medidas que sí han salido adelante. Como por ejemplo aumentar en dos puntos el IRPF para las rentas de ahorro de más de 300.000 euros, pasan del 28% al 30%, también se reducirá el impuesto de sociedades para las pymes y habrá una subida fiscal para el tabaco u los cigarrillos electrónicos. Y muy importante, la tributación del 155 del impuesto de sociedades para las multinacionales. Este último punto es una exigencia de Bruselas para poder recibir el quinto paquete de ayudas procedentes de la Comisión Europea. Son 7.500 millones de euros de los fondos Next Generation.
El problema es que lo vivido en la Comisión de Hacienda puede ser la antesala de los Presupuestos Generales del Estado. Una inestabilidad entre los socios de Gobierno que deja en stand by la posibilidad de sacarlos adelante. Decía Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP a la salida de la comisión: “Lo que habéis visto es un esperpento y una puesta en el espejo de que no tiene mayorías. Es un gobierno inviable. Han tenido que suplicar ese voto. Esto no es más que una legislatura fallida. Desde el respeto institucional de la cámara o lo que sea. Se meten enmiendas intrusas para crear impuestos. Si no son capaces de sacar esto, ¿qué va a pasar con los Presupuestos Generales del Estado? El jueves tendremos más respuestas.