El lunes es la fecha límite. Ese es el plazo que se han puesto los funcionarios para evitar una huelga que sería desastrosa para el sistema público. Para evitarla el concierto de aseguradores de Muface tendría que encontrar alguna que tuviera el potencial y el poder de quedarse ella sola con todo el pastel que antes era compartido. Hasta ahora han estado DKV, Adeslas y Asisa dando cobertura a los trabajadores públicos dentro de este convenio, sin embargo, en esta renovación desde el primer momento quedó claro que ni mucho menos iba a ser tan fácil. Primero DKV y Adeslas se bajaron del barco, mientras que poco después Asisa dejó la duda, de hecho, aún no han confirmado su decisión, que parece negativa puesto que no tienen posibilidades de hacer frente a toda la demanda por sí solos.
Todo va a depender de que vuelva o no a quedar desierta la licitación en este, el segundo intento del Gobierno por convencer a las aseguradoras para ‘meterse’ dentro de Muface. Si eso no sucede, el sindicato llamará a la huelga a todos los funcionarios afectados. Esto afectaría a: docentes de centros educativos públicos, profesionales de la Administración General del Estado (ministerios y dependencias adscritas, organismos oficiales o delegaciones de Gobierno, entre otros) y también de Correos. Es decir, que en caso de producirse dejaría ‘cojo’ el sistema de servicios del Estado.
El sindicato ha hablado: “En los próximos días, delegados sindicales de CSIF pondrán en marcha una campaña informativa y de concienciación en los centros de trabajo“. Para ellos, “ya ha pasado el tiempo de realizar manifestaciones” y es el momento de pasar a la acción con la convocatoria de una jornada de huelga durante la primera quincena de febrero.
La huelga viene de lejos
No viene de ahora, de hecho, el pasado 30 de diciembre, tras quedar claro el plantón de Adeslas y DKV los funcionarios de CSIF exigieron la intervención directa del presidente del Gobierno para solucionar la crisis. Y ahora lo han vuelto a hacer con un comunicado, en el que el sindicato vuelve a insistir en que Pedro Sánchez debe implicarse personalmente y “dar prioridad política a este asunto“.
Es más, CSIF está apurando los últimos días y está en negociación directa con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, reclamando a todos ellos responsabilidad ante una situación que “pone en riesgo la atención sanitaria de un millón y medio de funcionarios y sus familias”.
El mayor problema que tiene el sindicato es que cada día debe hacer frente a centenares de quejas de mutualistas porque no tiene una buena atención de las aseguradoras. Y es que estas están poniendo ‘trabas’ administrativas o directamente les están denegando citas, pruebas diagnósticas e incluso intervenciones quirúrgicas.
Y no se van a quedar quietos, ya que están ayudando a los mutualistas afectados por esta ‘táctica’ tan poco lícita para que interpongan una queja por escrito tanto a la mutualidad como a las aseguradoras, y van a ir con ello hasta las últimas instancias, pues les van a acompañar en las acciones legales que se deriven sobre las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales. También ha tramitado una queja ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión Europea. Todo va a depender de los últimos días y no es para nada descartable una huelga.