La manifestación del pasado domingo en protesta por los elevados precios de la vivienda transcurrió bajo el lema “Se acabó. Bajaremos los alquileres”, pero durante la manifestación pudo verse otra llamativa pancarta: “Bajemos los precios. A por la huelga de alquileres”. La idea del impago no es precisamente nueva. En 1907 se produjo la primera huelga de inquilinos en varias ciudades de Argentina y los grandes protagonistas de esas jornadas fueron las mujeres y los niños, que organizaron multitudinarias marchas llevando escobas con las que se proponían “barrer la injusticia”.
En España también hay varios precedentes, aunque ninguno es tan sonado como el de 1931 en Barcelona. El libro que, hasta ahora, mejor ha documentado este episodio es el de Manel Aisa Pàmpols. La huelga de alquileres y el comité de defensa económica documenta cómo la idea de un impago por parte de los inquilinos se fue abriendo paso tras multitud de asambleas en barrios populares de la capital catalana organizadas, en particular, por la Comisión de Defensa Económica (CDE) de la anarco-sindicalista CNT.
El contexto era particularmente complicado, puesto que Barcelona sufría una doble crisis: la derivada de la onda expansiva del crack del 29 y la subsiguiente del final de un gran proyecto como el de la Exposición Universal de 1929. “En estos encuentros de la CDE había mucho público femenino, porque entonces era normal que los obreros entregasen su salario a sus esposas para gestionarlo y por eso también las mujeres eran las más implicadas en otras protestas de consumo, como contra la escasez de alimentos o subidas de precios”, recuerda David Cot, de Memorias Hispánicas.
La masiva llegada de mano de obra
La organización de la Expo de 1929 hizo que Barcelona recibiera una llegada masiva de mano de obra. La ciudad prácticamente dobló la población. Pero al término de los esfuerzos constructores y desarrollistas (entre otras cosas, se inició el Metro), miles de trabajadores se vieron sin empleo y, por tanto, sin capacidad para afrontar el precio de los alquileres. El 1 de abril de 1931, solo dos semanas antes de la proclamación de la II República, se inició en Barcelona la mayor huelga de alquileres.
Un año antes, en 1930, ya se había organizado un boicot de los alquileres en la Barceloneta, barrio portuario y proletario que era sede de la Maquinista (la metalúrgica más importante de la ciudad). Pero fue el Sindicato de la Construcción de la CNT quien propició el gran impulso a la huelga, lo cual era de toda lógica porque el 40% de los 30.000 afiliados a este sindicato estaba en paro al término de la Exposición de 1929.
La vivienda, el 40% del salario
Con la II República ya en marcha España, la Comisión de Defensa Económica de la CNT acelera un estudio para determinar en qué se gastaba el obrero su jornal y qué parte destinaba al alquiler de vivienda. Lo cierto es que prácticamente todos los obreros estaban en alquiler, no podían acceder a la vivienda en propiedad, y los precios de los alquileres se habían disparado hasta suponer un 40% de los salarios.
Las primeras protestas comenzaron en la Barceloneta y rápidamente se extendieron a barrios como Sants, El Clot, Poblenou y también L’Hospitalet y Santa Coloma de Gramenet. Entre abril y diciembre de 1931, las quejas y manifestaciones fueron continuas. Los huelguistas, que pedían una reducción del 40% de los alquileres e incluso la suspensión de los mismos para quien estuviera sin ingresos, tomaron la determinación de plantarse con los pagos de los alquileres a la vista de que la Cámara de la Propiedad y el Ayuntamiento les ignoraba.
La casa por la ventana
La huelga tuvo especial incidencia en los barrios de vivienda precaria construidos a toda prisa para acoger a esas olas migratorias, las llamadas “Casas baratas” como las de Can Peguera o el Bon Pastor. Aquí, los vecinos organizaron grupos de resistencia oponiéndose a los desahucios: subían de nuevo a las casas los muebles que la policía dejaba en la calle y crearon cajas económicas de ayuda a los desahuciados.
Viendo que los huelguistas ganaban terreno, los dirigentes de la Cámara de la Propiedad emplazaron al Gobierno de la República a poner orden y en agosto del 1931 envió a la Guardia de Asalto a la ciudad. A partir de ahí, los muebles ya no se bajaban, sino que se tiraban por la ventana.
La actuación policial ordenada por el Gobierno de la República acabó poniendo fin a la huelga. Se encarceló al completo al Comité de Defensa Económica de la CNT que había instigado las protestas y la Cámara de la Propiedad dio por ganado su conflicto. No obstante, el Comité calculó que en el período que duró la huelga se lograron ahorrar unos 50 millones de pesetas en alquileres, puesto que, entre otras cosas, se alcanzaron numerosos acuerdos.