Hacienda endurece las normas: estas cantidades ya no se pueden pagar en efectivo

Cuando se realiza una operación sin pagar en efectivo, las partes deben conservar los justificantes del pago durante cinco años

Moneda de 2 euros - Economía
Fotografía de una moneda de 2 euros en primer plano y otro montón acumulado detrás Shutterstock

En un contexto donde los pagos digitales han ganado terreno gracias a la comodidad de las tarjetas, los móviles e incluso los relojes inteligentes, pagar en efectivo se ha convertido en una práctica residual para buena parte de la población. Sin embargo, pese a este avance tecnológico, la Agencia Tributaria sigue prestando especial atención al dinero en metálico. Por ser un medio más difícil de rastrear y, por tanto, más vulnerable al fraude fiscal y al blanqueo de capitales.

El objetivo es claro: limitar las operaciones que se puedan pagar en efectivo, controlar los movimientos opacos de dinero y reforzar la lucha contra la economía sumergida. Con este propósito, Hacienda mantiene una normativa firme que establece límites precisos y sanciones severas en caso de incumplimiento. A partir de ahora, conviene tener claro qué se puede y qué no se puede pagar en efectivo.

¿Qué dice la normativa actual sobre pagar en efectivo?

La principal regulación en vigor es la Ley 7/2012, que establece una serie de limitaciones sobre las operaciones que se pueden pagar en efectivo. Esta normativa determina que no está permitido pagar en efectivo cantidades iguales o superiores a 1.000 euros cuando las transacciones se realicen entre personas que actúan como empresarios o profesionales.

Este umbral se ha convertido en una barrera legal clara. Si un cliente y un proveedor son ambos profesionales o empresas, cualquier operación que supere esos mil euros debe realizarse mediante medios electrónicos o bancarios. Pagar en efectivo más allá de esa cantidad no solo está prohibido, sino que puede acarrear importantes sanciones.

Hacienda endurece las normas: estas cantidades ya no se pueden pagar en efectivo

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 10 septiembre | La Moncloa

Hay excepciones a este límite general. En el caso de que el pagador sea una persona física no residente fiscal en España y que no actúe como empresario o profesional, el límite para pagar en efectivo se amplía hasta los 10.000 euros. Esta excepción está pensada, por ejemplo, para turistas o ciudadanos extranjeros que realicen compras puntuales durante su estancia en el país.

No obstante, aunque el importe total se fraccione en varios pagos parciales, pagar en efectivo sigue siendo ilegal si el total acumulado supera el límite legal. Es decir, dividir un pago en varias entregas no exime del cumplimiento de la normativa. Hacienda lo deja claro: se suman todos los pagos vinculados a la misma transacción.

¿Qué pasa si se incumple la normativa?

Las consecuencias de pagar en efectivo por encima de los límites legales son claras. Se trata de una infracción administrativa grave, con sanciones económicas que pueden alcanzar el 25% del importe pagado en efectivo.

Además, Hacienda considera responsables solidarios tanto al pagador como al receptor. Esto significa que la Agencia Tributaria puede exigir el pago de la sanción a cualquiera de las dos partes implicadas. Esta medida pretende evitar que ambas partes eludan responsabilidades y garantizar la eficacia recaudatoria del sistema.

¿Se puede denunciar un pago en efectivo ilegal?

Hacienda endurece las normas: estas cantidades ya no se pueden pagar en efectivo

Monedas y billetes de euro | Europa Press

Sí. Cualquier persona que tenga conocimiento de una operación que haya vulnerado los límites para pagar en efectivo puede denunciarlo ante la Agencia Tributaria. La normativa incluso contempla eximir de responsabilidad al denunciante si actúa antes que la otra parte.

La denuncia debe hacerse dentro de los tres meses siguientes a la operación, y debe incluir el importe total pagado en efectivo, además de identificar a la otra parte. Si ambas partes denuncian simultáneamente, la exoneración no se aplica a ninguna.

Este mecanismo tiene un doble objetivo: facilitar el control del fraude fiscal y promover una mayor autorregulación entre quienes participan en este tipo de operaciones.

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