La jubilación anticipada de funcionarios ha sufrido un nuevo revés que complica el futuro de miles de empleados públicos. Lo que hasta hace poco era una opción asumida por las administraciones, ahora se ha convertido en una puerta cerrada. Al menos de momento.
El anuncio de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) confirma un cambio inesperado: se pospone el acceso a la jubilación parcial anticipada hasta el último trimestre del año, y solo para algunos.
¿Quiénes se ven afectados por esta medida?
El principal grupo afectado por esta paralización en la jubilación anticipada de funcionarios es el personal laboral dependiente de la Administración General del Estado. Este colectivo esperaba beneficiarse de la nueva normativa que, desde ayer, ya está activa para la mayoría de los trabajadores españoles.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido postergar su aplicación hasta que entre en vigor la tasa adicional prevista para la oferta de empleo público de 2025.
Esto supone un duro golpe para muchos trabajadores públicos que habían planificado su retiro contando con esa vía de salida anticipada. La jubilación anticipada de funcionarios, que parecía un derecho consolidado, vuelve a situarse en terreno incierto.
¿También afecta al resto de las administraciones públicas?
Sí. La jubilación anticipada de funcionarios no solo se ha visto afectada en la Administración General del Estado. La situación también impacta al personal laboral del resto de las administraciones públicas.
Desde el CSIF advierten que esta paralización se extiende a toda la estructura administrativa del país, generando desconcierto e indignación entre los trabajadores afectados.
Hasta ahora, el acceso a la jubilación anticipada de funcionarios con contrato de relevo era una práctica asentada y habitual. Sin embargo, la nueva regulación no solo ha cambiado las reglas del juego, sino que ha interrumpido un sistema que venía funcionando con normalidad desde hace años.
¿Qué pasa con los funcionarios y el personal estatutario?
La situación es todavía más incierta para el personal funcionario y estatutario. En su caso, la jubilación anticipada de funcionarios queda supeditada a la futura tramitación de la Ley de Función Pública.
Esta normativa, aún sin calendario definido, incluye una enmienda específica sobre este asunto. Pero su entrada en vigor no será inmediata.
Esto significa que ni siquiera hay una fecha estimada para que estos trabajadores puedan acogerse a la jubilación anticipada de funcionarios. De momento, deben continuar en activo sin más alternativa que esperar a que el Parlamento resuelva el trámite legislativo, lo que podría alargarse meses o incluso años.
¿Por qué se ha detenido un derecho que ya existía?
Según el comunicado difundido por el CSIF, el acceso a la jubilación anticipada de funcionarios lleva años aplicándose de forma habitual entre el personal laboral de las administraciones. Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva normativa ha provocado una suspensión inesperada.
Las administraciones ya han informado que paralizarán las solicitudes que estaban tramitándose bajo el marco anterior. En particular, aquellas que implicaban un contrato de relevo.
Este cambio ha sido percibido por los sindicatos como un retroceso. Para muchos empleados públicos, la jubilación anticipada de funcionarios era una vía necesaria para dejar atrás un trabajo que, en muchos casos, implica una carga física o mental considerable. Con esta paralización, las expectativas de miles de trabajadores quedan congeladas sin una solución clara en el horizonte.