En un momento en que los alquileres son un tema candente en el mercado inmobiliario español, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ofrece ciertos respiros a los inquilinos. Una de las novedades más destacadas es que, en determinadas circunstancias, los arrendatarios pueden permanecer en sus viviendas, incluso si el casero no tiene intención de renovar el contrato. Esto supone un giro significativo en las dinámicas de los alquileres y proporciona mayor estabilidad a quienes ya se encuentran en situación de alquiler.
¿Cómo funciona la prórroga automática de los alquileres?
La Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada en 2019, establece que los contratos de alquiler tendrán una duración mínima de cinco años si el arrendador es una persona física, y de siete años si es una persona jurídica (por ejemplo, una empresa). Esto significa que, incluso si se ha pactado un contrato de menor duración, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda hasta que se alcance este periodo mínimo.
Esto es un cambio sustancial frente a la legislación anterior, que establecía una duración mínima de tres años. Ahora, el inquilino puede respirar más tranquilo sabiendo que el contrato se prorrogará de manera automática hasta alcanzar los cinco o siete años, siempre que no manifieste su voluntad de finalizarlo con al menos 30 días de antelación a la fecha de vencimiento.
Si no hay una notificación formal, el contrato seguirá vigente de forma automática. Una medida que muchos inquilinos aplauden, ya que les proporciona una mayor seguridad ante el temor de ser forzados a abandonar la vivienda al finalizar el contrato.
Excepciones: cuándo puede el casero recuperar la vivienda
Aunque la ley protege a los inquilinos, también prevé ciertas excepciones en las que el arrendador puede recuperar su vivienda antes del plazo de los cinco o siete años. Según el artículo 9 de la LAU, el propietario tiene derecho a recuperar el inmueble si lo necesita para él mismo o para un familiar en primer grado, como padres, hijos o cónyuge. Sin embargo, para poder ejecutar esta medida, el casero debe haber incluido esta cláusula en el contrato de alquiler y avisar al inquilino con al menos dos meses de antelación.
Este escenario ofrece una posibilidad limitada a los arrendadores para recuperar sus viviendas antes del tiempo pactado. Aun así, deben cumplir estrictamente con las condiciones establecidas en la ley.
La renovación automática tras el vencimiento del contrato
Una vez que se alcanzan los cinco o siete años de contrato, muchos inquilinos temen que los propietarios decidan no renovar el acuerdo. Sin embargo, la ley ofrece otra capa de protección. Si el arrendador no notifica su intención de no renovar el contrato con al menos cuatro meses de antelación, el contrato se prorrogará de forma automática por plazos anuales hasta un máximo de tres años adicionales.
Esta prórroga tácita fue ampliada con la reforma de 2019. Anteriormente solo se concedía un año de extensión. Esta medida otorga a los inquilinos un margen más amplio para continuar en la vivienda, incluso si el propietario desea poner fin al contrato. La falta de notificación en el plazo establecido es clave para que el contrato siga vigente por tres años más.