El Congreso de los Diputados dio la semana pasada un paso clave en el desarrollo de los derechos laborales con la aprobación de una iniciativa que insta al Gobierno a implementar el permiso parental retribuido de 8 semanas para el cuidado de hijos e hijas de hasta ocho años de edad. Esta medida, que responde a una directiva europea que España lleva tiempo sin trasponer completamente, representa un giro de 180 grados en la conciliación familiar y laboral.
El nuevo escenario ha puesto en alerta tanto a sindicatos como a las administraciones públicas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Ejecutivo que no dilate más la aplicación efectiva del permiso parental retribuido de 8 semanas y que active, cuanto antes, los trámites necesarios para garantizar este derecho a todos los trabajadores.
El respaldo judicial al permiso parental retribuido de 8 semanas
La presión sindical se apoya en importantes precedentes judiciales. Recientemente, los servicios jurídicos de CSIF lograron la primera sentencia firme en España que reconoce el derecho de una trabajadora a disfrutar del permiso parental retribuido de 8 semanas, en cumplimiento de la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo. Esta decisión judicial ha sido considerada un hito en la defensa del derecho a la conciliación.
A este fallo se suma otra sentencia del pasado mes de diciembre, también obtenida por CSIF, contra el Ayuntamiento de Barcelona. En ella, un trabajador público logró que se le reconociera el derecho al permiso parental retribuido de 8 semanas. Se consolidó así una jurisprudencia incipiente que refuerza la exigencia sindical al Gobierno.
Estos casos reflejan una clara demanda: cumplir con la normativa europea sin más retrasos. La directiva establece con claridad que el permiso parental retribuido de 8 semanas debe estar garantizado, y no puede ser rebajado ni parcializado como pretende el Ejecutivo en su propuesta.
La propuesta del Gobierno: recortes y polémica
Dos padres miran con felicidad y devoción a su hijo recién nacido | Licencia Unsplash
Aunque el Congreso ha dado luz verde a la iniciativa para desarrollar el permiso parental retribuido de 8 semanas, el Gobierno ha planteado una fórmula que ha generado polémica. El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra de la moción y ha optado por introducir una enmienda al proyecto de Ley de Función Pública que modificaría sustancialmente el espíritu del permiso.
Esta enmienda propone que el permiso parental no supere las 8 semanas, pero que solo dos de ellas sean retribuidas. Eso supone una reducción notable del alcance del derecho que exige la directiva europea. En otras palabras, se plantearía un permiso parental retribuido de 8 semanas, pero solo en parte. Algo que ha sido calificado por sindicatos y partidos como una medida insuficiente y contraria al marco normativo comunitario.
CSIF ha denunciado que esta propuesta vulnera el contenido esencial de la Directiva 2019/1158, que estipula que los Estados miembros deben garantizar al menos 8 semanas de permiso parental retribuido, además del total de cuatro meses de permiso por progenitor.
Familias monomarentales: otra clave en el debate
Un bebé toma el biberón | Licencia Unsplash
Otro punto que ha generado consenso en la reciente moción aprobada en el Congreso es la necesidad de garantizar un permiso parental retribuido de 8 semanas que no discrimine a las familias monomarentales. La propuesta contempla la posibilidad de conceder hasta 16 semanas de permiso para este tipo de unidades familiares, con el fin de que los hijos no se vean perjudicados por la ausencia de un segundo progenitor.
Este aspecto ha sido especialmente bien recibido por las asociaciones de familias. A fin de cuentas, ven en esta ampliación una forma de asegurar la equidad en el acceso al permiso y la protección real de los menores. Para muchos colectivos, aplicar un permiso parental retribuido sin ajustes para estos casos sería una forma de consolidar una desigualdad estructural que ya afecta a miles de hogares.
El Grupo Parlamentario Mixto, promotor de la moción, ha insistido en que esta adaptación del permiso parental retribuido es imprescindible para una aplicación justa del derecho y no puede dejarse al margen del desarrollo normativo.