El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha vuelto a poner a España en el punto de mira por su sistema de indemnización por despido improcedente. En esta ocasión, la denuncia parte de Comisiones Obreras (CCOO), que ha logrado que el órgano europeo dictamine que el sistema español no garantiza una compensación adecuada para los trabajadores que pierden su empleo de forma injustificada.
Aunque la resolución aún se encuentra bajo deber de confidencialidad hasta el próximo 27 de junio de 2025, el contenido del fallo ya ha comenzado a trascender.
Según ha adelantado El País, el Comité considera que el sistema actual vulnera el artículo 24.b de la Carta Social Europea, que establece el derecho a recibir “una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada” en caso de despido sin causa justificada.
¿Qué dice exactamente Europa sobre la indemnización por despido improcedente?
El CEDS ya se pronunció en 2024 en una resolución previa a raíz de una demanda presentada por UGT.
En aquel fallo, el Comité advertía que cualquier límite máximo en la indemnización por despido improcedente que impida una reparación real del daño y que no disuada a los empleadores podría vulnerar el derecho europeo.
En la nueva resolución, la crítica se repite: los actuales topes fijados por la legislación española (33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades) no siempre cubren el perjuicio real. Y, lo que es más grave, pueden incluso incentivar prácticas empresariales abusivas.
Joven con bandera de la Unión Europea | Shutterstock
Para el Comité, esta normativa puede provocar que las empresas calculen el coste del despido como un simple gasto asumible. Eso haría que el despido dejase de ser una medida excepcional.
¿Está España obligada a cambiar su modelo?
Aunque existe cierta discusión jurídica sobre el carácter vinculante de las decisiones del Comité Europeo, varios expertos coinciden en que España, al haber ratificado tanto la Carta Social Europea como el Protocolo de reclamaciones colectivas, está obligada a cumplir con sus resoluciones.
En este sentido, el Gobierno tiene una tarea pendiente. PSOE y Sumar se comprometieron en su acuerdo de legislatura a reforzar las garantías frente al despido injustificado, dando cumplimiento a la Carta Social Europea.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz | Europa Press
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su voluntad de abordar esta reforma una vez concluya la reducción de la jornada laboral y la aprobación del nuevo Estatuto del Becario.
¿Cómo sería la nueva indemnización por despido improcedente?
Desde Sumar se ha propuesto un modelo de “despido restaurativo”, que incluiría el análisis individualizado de cada caso. Esto implicaría tener en cuenta elementos como la edad del trabajador, la antigüedad en la empresa o si pertenece a un colectivo vulnerable.
El objetivo: que la indemnización por despido improcedente no sea una cifra genérica, sino una reparación proporcional al daño real sufrido.
CCOO ha defendido esta postura y ha solicitado este lunes la apertura de una Mesa de Diálogo Social para abordar la reforma. Según el sindicato, los fallos reiterados del Comité Europeo evidencian una grave carencia del sistema actual.
Además, han solicitado la intervención del Ministerio Fiscal en procesos judiciales relacionados con despidos injustificados, con el fin de salvaguardar los derechos protegidos por la Carta Social.