La defensa del derecho a una vivienda digna saldrá a la calle en la primera gran movilización estatal -en más de 40 ciudades de toda España-, convocada por el Sindicato de Inquilinos de Madrid y el Sindicat de Llogateres de Catalunya, junto a otras organizaciones sociales. A esta voz se han unido también los sindicatos CCOO y UGT, con la premisa de acabar con el “negocio de la vivienda” y hacerlo “todos juntos y en todas partes”. En un manifiesto de apoyo a la convocatoria, ambos sindicatos siguen considerando “insuficientes” las medidas adoptadas por los poderes públicos para garantizar el derecho a una vivienda digna.
Estas agrupaciones de inquilinos llegaron a proponer una ‘huelga de alquileres’ ante la subida de las rentas. Ahora, piden una bajada del precio “inmediata” del 50 %, contratos de alquiler indefinidos, recuperar viviendas vacías para aumentar la oferta y acabar con las viviendas turísticas y de alquiler temporal, porque estas están expulsando a los vecinos en las ciudades turísticas. En paralelo, reclaman disolver la Sareb, el antiguo banco malo que aglutinó los activos fallidos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria allá por 2008, y un aumento del parque público de vivienda.
Empresa Pública de Vivienda
La promoción y gestión de vivienda pública desde la Administración General del Estado, al amparo de una gran Empresa Pública de la Vivienda, fue la medida estrella anunciada por Pedro Sánchez el pasado 1 de diciembre en su discurso de cierre del 41º Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Poco después, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, fue desvelando algunas pistas: SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) será el ‘germen’ de esta nueva entidad, a la que se aportarán los activos del Estado, incluyendo terrenos del Ministerio de Defensa, Adif y la Sareb. Han pasado cinco meses desde el anuncio del presidente, y ¿dónde está la nueva Empresa Pública de Vivienda?
Siguiendo el símil de una nueva promoción: sigue en obras y su fecha de entrega será en julio. Su constitución ha quedado condicionada al plan estratégico que SEPES, liderada por Leyre Iglesias, ha encargado a la empresa pública de ingeniería y consultoría Ineco. Según explicaron a Artículo14 fuentes del Ministerio de la Vivienda, se está trabajando en el plan estratégico, que Ineco deberá presentar a finales de junio. Y será entonces, una vez realizado un análisis, cuando se lanzará la nueva Empresa de Vivienda.
Sareb
Además de los activos propios de SEPES (valorados en 388 millones de euros y más de 8,5 millones de metros cuadrados de suelo), una parte importante de los activos de la nueva Empresa de Vivienda serán aportados por la Sareb. El pasado 2 de abril, los accionistas de esta última -los principales son el FROB, que tiene un 50,14 %, seguido de Banco Santander (22,21 %), CaixaBank (12,24 %) y Sabadell (6,61 %)- acordaron suspender de manera temporal la venta de activos residenciales para, junto con SEPES, identificar cuáles podrán ponerse a disposición de la nueva empresa pública de vivienda que pondrá en marcha el Gobierno.
Según explica Sareb, “su nueva estrategia será presentada antes del próximo 30 de junio, cuando se podrán retomar las ventas de los activos residenciales que no cumplan con los requisitos para ser transferidos a la futura empresa pública de vivienda”.
Patrimonio del Estado
Otra parte de la futura empresa procede de los inmuebles del Patrimonio del Estado. Dentro de estos se incluyen los del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), siempre que SEPES considere que son aptos para vivienda pública. Su traspaso, por la vía prevista inicialmente, decayó con el decreto-ley ómnibus del pasado mes de enero, pero, según explican las mismas fuentes gubernamentales, no se ha paralizado el traspaso porque existe otra cobertura legal.
A su vez, SEPES sigue preparándose internamente: el comité de dirección se ha reforzado y la antigua dirección comercial se ha dividido en dos nuevas direcciones: la del Parque de Vivienda Asequible, al frente de la cual está Maribel Ramos, procedente de la ONG Hogar Sí, y la de Promoción y Colaboración, responsabilidad de Inés Sandoval, exdirectora general de Vivienda de Castilla-La Mancha.
Promesas incumplidas
“El anuncio hace tres meses de crear una nueva empresa pública es el reconocimiento del fracaso de siete años de Gobierno”, afirma a Artículo14 Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular. En este sentido, recuerda que el Gobierno es uno de los mayores tenedores de suelo y de vivienda de España, ya que dispone de varias empresas públicas destinadas a su gestión.
“El Gobierno no da solución alguna al problema de la vivienda. Ha prometido e incumplido 184.000 viviendas. Sus medidas han agravado la situación: establecieron topes del alquiler del 3 %, pero la realidad es que se han incrementado entre un 10 % y un 12 % cada año. Han enfrentado a propietarios e inquilinos, han hundido la oferta y han dado más derechos a los ocupas que a los dueños”, asegura.
Mientras las calles se llenan de pancartas la gran Empresa Pública de Vivienda sigue en construcción.