La futura entrada en vigor de la Ley para las 37,5 horas implicará un cambio relevante tanto para los empleadores domésticos como para las trabajadoras del hogar. Por primera vez, los particulares tendrán que registrar digitalmente las horas de trabajo de sus empleadas. El Ministerio de Trabajo ya analiza cómo implementar esta obligación que, en el caso de los particulares, requerirá “una adaptación técnica adicional’ a la que se implemente para las empresas.
Con carácter general, el Departamento que lidera Yolanda Díaz quiere estrechar la vigilancia sobre el cumplimiento efectivo de la nueva jornada, así como del pago de las horas extra. En consecuencia, una vez que se cuente con un sistema que permita a las trabajadoras registrar su jornada diaria, los particulares también podrían ser sancionados por su incumplimiento. Si se aplicara la cuantía máxima de esta infracción, prevista en el Anteproyecto de ley para la reducción de la jornada, podría alcanzar los 10.000 euros. No obstante, no será una exigencia inmediata.
Plazos del registro
Previamente, deben cumplirse dos condiciones: por un lado, la entrada en vigor de la nueva Ley de reducción de jornada y registro horario, que se prevé para el verano con una tramitación urgente. Y, por otro, el desarrollo del reglamento del nuevo registro horario digital. “Reglamentariamente, se establecerán los demás requisitos y contenidos que debe garantizar el registro para cumplir su finalidad y contendrá, en todo caso, las formas de identificación de la utilización o compensación de la utilización irregular de la jornada”, señala el texto del Anteproyecto.
Para ello, se abrirá una mesa de negociación con los agentes sociales, donde se abordarán los detalles. El Anteproyecto prevé un plazo mínimo de seis meses, que podrá ampliarse si así se acuerda reglamentariamente. En el caso de las empresas, el texto precisa que “la obligación de garantizar el registro de jornada seguirá rigiéndose por lo previsto en […] la Ley del Estatuto de los Trabajadores vigente durante seis meses desde la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado”. Además, establece que la obligación de interoperabilidad y accesibilidad remota al registro que entrará en vigor cuando se determine en el reglamento de desarrollo.
Comparativa
“Cuando se establezca la obligación de registro horario para los empleadores domésticos, que aún no existe, habrá que analizar si el régimen de sanciones es el mismo y valorar si se considera que su incumplimiento en un domicilio particular tiene la misma gravedad que en una empresa de 50 trabajadores“, apunta una fuente sindical, que prefiere mantener el anonimato, dado que es una cuestión que aún no se ha debatido internamente.
Hasta entonces, la relación laboral de las empleadas del hogar seguirá sujeta a su normativa específica: el Real Decreto 1620/2011 que regula esta relación laboral especial y el Real Decreto-ley 16/2022, para la mejora de las condiciones. La futura obligatoriedad del registro horario para las empleadas del hogar responde a una advertencia de la Unión Europea.
Manifestación empleadas del hogar en defensa de sus derechos.
TJUE
El pasado 19 de diciembre, elTribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE ) se pronunció a favor de que los empleadores domésticos también cuenten con un sistema que permita registrar la jornada diaria de las trabajadoras para garantizar que sus horas de trabajo se ajustan a lo acordado y puedan reclamar sus derechos en caso de despido.
“Las empleadas del hogar son un colectivo cuyo tiempo de trabajo también debe quedar controlado. Es necesario darle una vuelta técnica adicional para garantizar su derecho a que su horario se registre y sea controlado en los mismos términos que cualquier otro trabajador”. Esta es la visión del Ministerio que lidera Yolanda Díaz, según señaló, recientemente, el Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Antecedentes
El Consejo de Ministros del 4 de febrero aprobará el Anteproyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales y registro horario. Esta medida, prevista en el acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, es una de las iniciativas estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura. Se estima que beneficiará a alrededor de 12 millones de trabajadores, con un impacto significativo en sectores altamente feminizados como el comercio y los cuidados.
“La reducción de la jornada tiene singularmente un alto impacto de género, pues afectará de manera directa a nueve millones de personas que tienen nombre de mujer“, señaló la ministra de Trabajo tras el acuerdo con los agentes sociales.
El año 2025 le traerá a 12 millones de personas trabajadoras lo más importante para la vida: el tiempo.La reducción de la jornada es el mejor propósito. Se trata de mejorar la vida de la gente, de ser más felices.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 2024-12-20T12:24:47.437Z
Para reforzar su cumplimiento, el texto incorpora un nuevo registro horario digital para garantizar la interoperabilidad tanto en su acceso como en su gestión. El objetivo es facilitar la labor de la Inspección de Trabajo en el control de la duración efectiva de la jornada. En esta línea, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador el incumplimiento del registro horario, endureciendo los importes de la sanción por dos vías.
Endurecimiento
En primer lugar, porque las empresas serán multadas por cada trabajador con el que incumplan las normas, en lugar de recibir una sanción global. En segundo lugar, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, será más elevado, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
Así, según el Anteproyecto, la transgresión en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
Tramitación urgente
Tras superar la aprobación del Ejecutivo, el texto recibirá los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social antes de volver al Consejo de Ministros como Proyecto de Ley, lo que Trabajo estima que se producirá a finales de febrero.
Posteriormente, entrará en el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva. Junts ya ha advertido al PSOE de que en la reducción de jornada priorizará la realidad de las pymes catalanas.
El objetivo de Trabajo es que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano, permitiendo así que las empresas dispongan de unos meses para adaptarse. Según lo acordado, los convenios colectivos que establezcan jornadas superiores a 37,5 horas semanales en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para ajustarse a la nueva jornada máxima.