Al Gobierno de España no le gustaba el nombre con el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, bautizó el plan de 800.000 millones de euros para garantizar la soberanía y la defensa de los países de la Unión Europea. El presidente Pedro Sánchez, al término de la reunión del Consejo Europeo del jueves pasado, insistió en que el título ‘ReArm Europe’ es “una aproximación incompleta del desafío que tenemos por delante”. Finalmente la iniciativa pasará a llamarse ‘Preparación 2030’.
Si en algo coinciden Madrid y Bruselas es en que los anhelos de los Veintisiete deben ir más allá de la artillería, y el pretendido aumento de gasto en defensa debe abordar también otras cuestiones críticas como la tecnología, la ciberseguridad y la autonomía estratégica. De forma paralela, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión, estrecha el cerco a gigantes estadounidenses como Apple o Google, lo que es un primer paso para fomentar un sector tecnológico competitivo en Europa.
Tecnología europea
Escasas horas antes de que comenzara la reunión del Consejo, la Comisión presentó su libro blanco de la defensa en el que se desgranaban propuestas más concretas del plan, como SAFE -“seguro”, en inglés-, un instrumento financiero de 150.000 millones de euros en préstamos para comprar tecnología fundamentalmente europea. Se pone negro sobre blanco a una idea que adquiere cada día más sonoridad: priorizar la contratación de tecnología y defensa con empresas europeas.
Esta misma semana la propia Von der Leyen y la comisaria europea de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, recibieron una carta abierta, a la que ha tenido acceso Artículo14, que iba firmada por las grandes empresas tecnológicas europeas, algunas de ellas con operaciones en el todavía masculinizado sector de la defensa, como Airbus o Dassault Systèmes. En la carta, las firmantes concretaba algunas demandas que, por el momento, parecen ser atendidas a medias.
Correo urgente
La misiva, fechada a mediados de marzo, anima a los Veintisiete a tomar “acciones radicales” y parte de una premisa también muy concreta: la Conferencia de Seguridad que se celebró en Múnich el mes pasado, en la que el vicepresidente de EEUU, James David Vance, desató una ola de indignación al criticar a varios países europeos. “Lo que más me preocupa respecto de Europa no es Rusia, no es China (…), lo que más me preocupa es la amenaza desde dentro”, acusó.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de su discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich
Para los firmantes de la carta, aquel discurso y las amenazas comerciales recientes protagonizadas por la Administración Trump “reflejan el enorme desafío geopolítico al que se enfrenta ahora Europa” y recuerdan que “construir autonomía estratégica en sectores clave es ahora un imperativo urgente”. “Europa necesita recuperar la iniciativa y ser más tecnológicamente independiente en todas las capas de la infraestructura crítica digital”. “El legado de nuestra fragmentación estructural nos ha llevado a ir por detrás de EEUU o China”, consideran también los impulsores del documento, que reivindica una iniciativa, EuroStack, que fue presentada en enero por un grupo de tecnólogos voluntarios organizados en diversos think tanks proeuropeos.
Los firmantes
La carta la rubrican en torno al centenar de empresas y patronales de toda la Unión Europea. Además de Airbus o Dassault Systèmes, también suscriben la misiva compañías especializadas en el alojamiento web y la transformación digital, como la francesa OVH, el buscador web también galo Ecosia, o el servicio suizo de correo electrónico garantista con la privacidad, Proton. También suscriben el documento la Red Europea de Startups, el Foro Europeo de IA, la Alianza de Pymes Digitales de Europa o el servicio de dominios web y telecomunicaciones alemán, IONOS.
El único firmante español es la Agrupación Empresarial Innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, AEI-Ciberseguridad, un organismo que reúne a empresas, asociaciones, centros de I+D+i y entidades públicas o privadas entre las que se adscriben universidades privadas, colegios profesionales o compañías como Sia (Indra), empresas y startups de ciberseguridad como S21 o Bidaidea, o consultoras como Accenture. Una integrante destacada de la organización es la multinacional española GMV: una vocal de la AEI-Ciberseguridad es Patricia Tejado, directora de Servicios Públicos Digitales de esta compañía española.
Actores europeos
El documento también refleja que el sector tecnológico europeo se ha cansado de oír cantos de sirena en la Unión Europea en torno a la necesidad de contar con la inversión privada. Por eso, advierten también a Bruselas de que la inversión privada llega solo cuando hay demandas y oportunidades de mercado, por lo que recomiendan al Ejecutivo comunitario a que trabaje en incentivos que favorezcan dicha demanda. El incentivo más evidente pasa porque el propio bloque europeo empiece a favorecer la contratación de las empresas tecnológicas europeas, algo que se ha empezado a esbozar en los planes de rearme de la Unión.
También que ese plan de incentivos dé prioridad a “servicios con grandes perspectivas de adopción” y en un ecosistema “con normas comunes” que permitan trabajar “a una escala europea”. Todo, insisten, centrado en ecosistemas “en los que las empresas europeas ya puedan desplegar soluciones”. “El propósito no es excluir a actores no europeos, pero sí crear espacios en los que los proveedores europeos puedan competir legítimamente y justificar inversiones”.
Nube y fondos
Los firmantes también suscriben el desarrollo de regulación, mediante esquemas de certificación, para que usuarios “tanto públicos como privados” puedan optar a que sus datos más sensibles se almacenen en nubes europeas, para romper así con la dependencia de hiperescaladores como Amazon Web Services, Google Cloud o Microsoft Azure.
Proponen, además, la creación de un fondo para infraestructuras soberanas “que apoye las inversiones públicas, sobre todo en ámbitos clave de la cadena de valor”, en referencia a tecnologías como la computación cuántica o los semiconductores. De hecho, plantean también “un fondo de fondos por el dinamismo europeo” que coordine “cierto sentido del propósito”, para terminar con la inversión de la “innovación por la innovación”.
“El tiempo es esencial y la industria está preparada para hacer inversiones si hay condiciones para ver retornos”. “Juntos podemos construir una infraestructura abierta en la que confiar y cuyo apoyo podrá aportar soluciones que hasta ahora no se habían podido construir en la constreñida economía digital europea”. Por el momento, Bruselas no ha respondido oficialmente a esta misiva, más allá de los progresos en torno al plan de 800.000 millones de euros que se departió en el Consejo Europeo de días atrás.
Golpes a Google y Amazon
Más allá de los disgustos terminológicos de Sánchez, Bruselas también está aunando esfuerzos en torno a la libre competencia en el ámbito digital. El miércoles pasado, la comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, anunció la invocación del Reglamento de Mercados Digitales sobre Apple y Google. Sobre la primera, una decisión que obliga a la compañía a permitir que terceros puedan hacer dispositivos compatibles con sus iPhone. En torno a la segunda, hallazgos preliminares de que el gigante del buscador estaría lesionando la competencia precisamente con su motor de búsqueda.
La española Ribera adujo entonces que las empresas que operen en la UE, “independientemente de su lugar de constitución”, deben cumplir con el Reglamento de Mercados Digitales. “Con estas decisiones, solo estamos implementando la ley”, advirtió. El sector europeo incidía en su carta que no pretenden excluir a empresas extranjeras, pero el fomento de una libre competencia justa es un primer paso en sus demandas.