Ya están todas las cartas boca arriba. Los agentes sociales y el ministerio de Trabajo se han vuelto a reunir para negociar cuánto debería subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Y en este caso, todos los presentes han dejado sobre la mesa sus propuestas. Incluida la Patronal. Pero este asunto se ha quedado en un segundo plano por sorpresa.
En la reunión se han encontrado con un problema mayor, tras el rechazo en el Congreso del real decreto-ley ómnibus también decae la prórroga del SMI de 2024. Un limbo jurídico que ha surgido de repente y que el Ministerio de Trabajo está intentando subsanar “valorando la vía legal más adecuada para garantizar que los más vulnerables puedan estar protegidos por el salario mínimo hasta que se apruebe una nueva cuantía para este año”.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha enviado un mensaje de tranquilidad a las personas trabajadoras “que se han visto golpeadas por la decisión antisocial del PP dando instrucciones claras de que esto no puede afectar a salarios mínimos que la gente viene percibiendo y vamos a intentar acelerar la tramitación y darle carácter retroactivo al Real Decreto del SMI”.
Las tres propuestas
Se han emplazado de nuevo para verse el miércoles que viene, en una semana, y valorar las propuestas sobre subida del salario mínimo de cara a este 2025.
- El Ministerio de Trabajo ha planteado una subida del 4,3%, 50 euros más al mes. Es una de las dos cifras que contemplaba el informe de la Comisión de Expertos, teniendo en cuenta que los ciudadanos no pierdan poder adquisitivo y que se cumpla con el 60% del salario medio según dicta la Carta Social Europea.
- Los sindicatos por su parte quieren que el incremento sea mayor, del 6%, y que el salario mínimo alcance los 1.200 euros mensuales, 16 euros más que la propuesta de Yolanda Díaz.
- Ahora también sabemos la cantidad que propone la CEOE: una subida del 3%, acorde al IPC medio de 2024, que se situó en el 2,8%. En la práctica, supondría un aumento de 34 euros más al mes, es decir, quedaría en 1.168 euros en catorce pagas. Es la cifra que ha decidido la patronal durante la reunión de su Junta Directiva y su Comité. El argumento de los empresarios es que ese 3% corresponde al incremento que el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) aconseja para los convenios colectivos. Además, la CEOE pide que esta subida debería ir acompañada de una reforma de la ley de desindexación económica para que los contratos públicos que firman las administraciones con las empresas, también se actualicen con la evolución del SMI y los empresarios no pierdan dinero.
La secuencia de 2024
Se repite un escenario similar al que hubo el año pasado cuando Trabajo se reunió con los agentes sociales para subir el SMI. La propuesta de la Patronal fue la misma, un 3%, y se quedó fuera del acuerdo entre Trabajo y Patronal. En esta ocasión, todo apunta a que suceda algo parecido.
Pérez Rey asegura que no aceptarán ningún escenario en el que este incremento esté por debajo de la propuesta del comité de expertos del SMI. “Una propuesta de subida del 3% no es una propuesta adecuada en la medida en que no respetaría el 60% del salario medio, que es el compromiso que tenemos con los ciudadanos de este país, y es el compromiso que tenemos las dos fuerzas políticas que conformamos el Gobierno de España, y que tenemos con los organismos internacionales”.
Aunque la decisión compete solo al Gobierno, Díaz siempre ha reconocido públicamente que su intención es negociar con los agentes sociales y que de esas reuniones salga una cifra consensuada. Pero todo indica que la subida estará más cerca del 6% al que aspiran los sindicatos que a la parte más baja que solicita la Patronal.
Para los sindicatos, los empresarios se quedan cortos y recuerdan que no se pueden pedir bonificaciones al sector del campo en un momento en el que “tienen un buen margen de beneficios y que pueden hacer frente a una subida salarial sin problema”.
La duda del IRPF y el SMI
Otro punto importante, pero que ya es competencia de Hacienda, es saber si se va a actualizar la cifra mínima exenta de tener que pagar el IRPF. Son dos millones y medio de personas que cobran el SMI y que no están obligados a hacer la declaración de la renta. Si Hacienda les hiciera tributar, entonces tendrían una retención del 42% sobre ese extra de 50 euros al mes. Es decir, de los 700 euros más al año, Hacienda se quedaría con 300 euros. La semana que viene, se disiparán todas las dudas.