El sector asegurador se vuelca en el que podría ser el mayor siniestro en España

El modelo español, con el Consorcio de Compensación de Seguros, Unespa y Agroseguro, es un caso único en la UE. Los no asegurados dependerán de la declaración de 'zona catastrófica' para recibir ayudas

Imagen de los daños provocados tras las intensas lluvias de la fuerte dana Efe

El sector asegurador español se enfrenta al que podría ser su mayor siniestro en la historia reciente de España. El modelo asegurador nacional es un caso único en la Unión Europea, gracias  al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Esta es una entidad pública que se creó en 1941 -entonces se llamaba Consorcio de Compensación de Riesgos de Motín e inicialmente tenía un carácter provisional-, como instrumento de apoyo al mercado asegurador español para dar respuesta a las pérdidas originadas por la Guerra Civil (1936-1939). En el siglo pasado, sirvió para atender grandes siniestros, como el incendio de Santander (1941) o la explosión de minas en La Marina en Cádiz (1974).

A partir de 1954, se determinó su carácter permanente. Desde esa fecha, el Consorcio aparece íntimamente ligado a la cobertura de los riesgos extraordinarios, como figura central de un sistema de indemnización por daños catastróficos único en el mundo. Setenta años después, el sistema vuelve a revalidar su modelo. En la tragedia causada por la DANA, el Consorcio de Compensación de Seguros será la entidad que responda por las indemnizaciones. 

¿Estamos ante el siniestro más grave de la historia reciente? Dada la situación de emergencia tras la madrugada del 30 de octubre, durante ese día, el sector asegurador apenas pudo comenzar los peritajes, que en algunos ámbitos, como el agrario son imprescindibles para determinar el alcance del siniestro, según explican a Artículo14 fuentes de Agroseguro. Unespa recuerda que no es la primera vez que el sector asegurador afronta desastres con una magnitud semejante.

Cientos de millones

Según los datos del Consorcio, en varias ocasiones se han rebasado los 500 millones de euros en valoración de daños. En 2019 se produjo una DANA especialmente severa, valorada en 737 millones de euros. Otra gran devastación fue la gota fría de 1983 que afectó, especialmente, al País Vasco (inundaciones de Bilbao), Navarra y Cantabria, con un impacto de 821 millones. En términos de fallecidos asegurados, el único suceso que podría ser comparable a esta DANA es la riada del camping de Biescas (Huesca), de 1996. Entonces hubo 87 fallecidos y casi 200 personas heridas.

El Consorcio es una entidad pública, pero no depende de los presupuestos de ninguna administración pública sino que se financia a partir de las pólizas de seguros. Este modelo de riesgos compartidos entre todos los asegurados es lo que garantiza la capacidad de respuesta del sistema asegurador ante situaciones extremas, como las inundaciones. Por eso, el Consorcio atiende únicamente a las personas o bienes (viviendas, coches, negocios, explotaciones…) asegurados. Tanto el Consorcio como todos los agentes del sector ya han puesto en marcha sus planes especiales para dar respuesta a los damnificados.

Medios propios

De esta forma, según explica el Ministerio de Economía en un comunicado, será el Consorcio quien asumirá directamente con sus propios medios, la gestión y el pago de las solicitudes de indemnización que reciba, previa valoración de los daños indemnizables que se hayan producido y que “continúen produciéndose con motivo de este episodio de inundación extraordinaria”. El requisito para acceder a su cobertura es que la persona o el bien afectado tengan un seguro en vigor en el momento en que se produjo la inundación extraordinaria.

Las personas o bienes no asegurados no podrán ser atendidos por el Consorcio de Seguros. En su caso, la única posibilidad de ayuda económica es la declaración por parte del Gobierno de la conocida como ‘zona catastrófica’. En este sentido, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció tras el Comité de Crisis la intención del Gobierno de “declarar la zona altamente afectada por condiciones meteorológicas”.

Según informan fuentes del Ejecutivo, el próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará la “declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” -antes conocida como ‘zona catastrófica’- para las áreas afectadas por las inundaciones producidas por la DANA. Esta declaración es la que permitirá a los no asegurados contar con un mecanismo de apoyo. Para quienes cuentan con la protección del seguro, esta es una ayuda adicional.

Alto nivel de aseguramiento en viviendas

“Las imágenes de los terribles efectos de las inundaciones que han afectado a la Comunidad Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, son desoladoras. Hoy, nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas y con las familias de las víctimas. El seguro va a estar al lado de quienes han sufrido este trágico desastre natural para abordar la reconstrucción. Ahí estaremos las aseguradoras, el Consorcio de Compensación de Seguros y Agroseguro”, aseguró Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa, la patronal de las aseguradoras.

Frente a una catástrofe es determinante el nivel de aseguramiento. Según datos de Unespa, el 77,5% de las viviendas en la provincia de Valencia están aseguradas, si bien en otras zonas afectadas como Cádiz (71,5%), Albacete (65,1%), Cuenca (54%) o Almería (57%) están por debajo de la media nacional, que es del 74%. En el caso de los coches, la legislación obliga a un seguro obligatorio por lo que todos están asegurados.

Fuentes de Agroseguro, explican a que la implantación del seguro agrario en las áreas afectadas ronda el 50% en cítricos -siendo algo superior en el caso de la Comunidad Valenciana- y alcanza casi el 90% en caqui. En el caso de Albacete o El Ejido, donde se concentran cultivos de huerta, la cultura de aseguramiento es menor. En los últimos años, la conciencia de los agricultores y ganaderos por asegurar sus explotaciones ha ido en aumento, como consecuencial del impacto climático.

Declaración de ‘zona catastrófica’

Según recuerda Legálitas, con la declaración de ‘zonas catastrófica’ el Estado asume la reparación de desperfectos materiales o ayudas a empresas y trabajadores, como pueden ser aplazamientos de la cuota de la Seguridad Social. Este sería el único apoyo para los no asegurados y entre otras iniciativas puede incluir, ayudas para daños personales causados directamente por los hechos, ayudas destinadas a paliar la destrucción o daños en viviendas, ayudas a particulares por los daños en sus hogares y enseres de primera necesidad, ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, préstamos ICO, exenciones y reducciones de cuotas en los tributos.

También podrían incluirse medidas laborales y relacionadas con la Seguridad Social, como extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, entre otras.