El Anteproyecto de Ley para la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas semanales del que se beneficiarán 12,5 millones de trabajadores recibió ayer la aprobación del Consejo de Ministros. Las mujeres con empleos más precarios serán uno de los colectivos más beneficiados, ya que supondrá una subida de la retribución a tiempo parcial. Este tipo de jornadas tendrán un alza del Salario Mínimo Interprofesional del 6,7% en 2025, lo que equivale a más del 11% en comparación con el año anterior. El 75% de los empleados a tiempo parcial son mujeres (1,542 millones).
El gabinete aprobó también su tramitación con carácter urgente para remitir lo antes posible el Proyecto de Ley al Congreso de los Diputados. A partir de entonces, comenzará la difícil negociación con los grupos políticos. En el mejor escenario posible para el Ejecutivo, la Ley de la reducción de jornada, control horario y desconexión digital se publicaría en el BOE en verano de 2025.
Medida “estrella”
Sin embargo, como reconoció Yolanda Díaz, el nuevo control horario digital, que es “la gran medida estrella de la reducción de jornada”, se retrasará a 2026. Como explicó la vicepresidenta, en términos técnicos haciendo gala de su formación jurídica, “esta norma, su ‘vacatio’ entra en vigor al día siguiente de su publicación y tiene una ‘vacatio’ diferente en alguno de sus elementos, como la reformulación del registro horario, que es de seis meses”. La ‘vacatio legis’ es el término jurídico para referirse al periodo de tiempo periodo que transcurre desde que se publica una norma hasta su entrada en vigor.
Reducir la jornada laboral ya no es una utopía inalcanzable. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley para reducir la jornada laboral. 12 millones de personas hoy están más cerca de trabajar menos y vivir mejor.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 2025-02-04T11:59:18.125Z
Inspección
“Lo más importante de esta norma es la reformulación del control horario. Un registro horario que va a ser modificado y será propio del siglo XXI, digital e interoperable con control remoto y en el que la Inspección de Trabajo podrá conocer en tiempo real las jornadas que cualquier trabajador realiza. Esta es la gran medida estrella de la reducción de la jornada laboral”, afirmó Díaz durante su comparecencia en La Moncloa. En el punto de mira del Ministerio están los tres millones de horas extraordinarias que se hacen en España sin retribuir, aunque como señaló la propia ministra “cuando llegamos eran seis millones de horas”.
El Anteproyecto aprobado, que no ha sufrido ninguna modificación en su redacción respecto al acuerdo con los sindicatos, prevé que “la obligación de garantizar el registro de jornada seguirá rigiéndose por lo previsto en […] la Ley del Estatuto de los Trabajadores vigente durante seis meses desde la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado”. Si bien es posible que este plazo se amplíe aún más en el nuevo reglamento. Dado su complejidad, para evitar el incumplimiento y facilitar su aplicación, el Anteproyecto señala que “la obligación de interoperabilidad y accesibilidad remota al registro entrará en vigor cuando se determine en el reglamento de desarrollo“.
Mujeres
“No se trata de una norma más, es un proyecto de país que hace que la vida real cambie. Las más favorecidas de esta medida van a ser las mujeres“, aseguró Yolanda Díaz. Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, la reducción de la jornada beneficiará a un total de 12,5 millones de trabajadores del sector privado. De estos, 10,5 millones de trabajadores corresponden a personas con empleo a tiempo completo, mientras que los otros dos millones, lo hacen a tiempo parcial. Las mujeres representan el 75% de los empleados afectados por la parcialidad no deseada.
Por género, la medida beneficiará a 5,697 millones de mujeres, el 45,4% del total de trabajadores impactados. En su mayoría, se trata de trabajadores de sectores feminizados como el comercio, la hostelería o los cuidados. De todas ellas, las que desempeñan su labor en condiciones más precarias, con jornadas a tiempo parcial y cobrando el SMI, serán las más beneficiadas, pues la reducción de jornada implica una retribución superior al 4,4% pactado para 2025.
Subida del SMI
“Las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de esta norma. Asimismo, tendrán derecho al incremento proporcional de su salario a partir de la aplicación de la jornada máxima ordinaria de treinta y siete horas y media semanales”, señala el Anteproyecto aprobado en su Disposición transitoria segunda.
En la práctica (ver cuadro adjunto), una trabajadora que realice una jornada de 20 horas semanales verá incrementada su retribución en un 6,67% en 2025, cuando la subida del salario medio acordada con los sindicatos es del 4,4%. De esta forma, con la subida del SMI pactada para 2025 y partiendo de la jornada actual de 40 años, esta empleada cobrará 690 euros al mes en doce pagas (prorrateadas las extras). Este salario subirá a 736,71 euros cuando entre en vigor la reducción de jornada, lo que supone una subida del 11,37% en comparación a 2024.
Reacciones
Tras la aprobación del Anteproyecto en el Consejo de Ministros se sucedieron diversas reacciones. Para el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas es “una invasión de la negociación colectiva” y advirtió que no se ha evaluado “muy bien” cómo va a afectar esta medida a las pequeñas empresas, comercios y cafeterías. En esta misma línea, la patronal Foment del Treball rechazó la medida al considerarla “insuficiente y perjudicial para las empresas”.
Por sectores, alguna de las primeros en pronunciarse fueron la patronal de turismo y las farmacias. Para la a Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales supondrá un incremento de los costes laborales de un 6,5 por ciento, lo que considera que debe de tenerse en cuenta en la negociación del próximo convenio colectivo. Desde Hostelería de España y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), advirtieron de que tendrá un impacto de 2.538 millones de euros para el conjunto de las 300.000 empresas que conforman el sector, debito al aumento los gastos salariales.