El PSOE se plantea obligar por ley a las grandes empresas a repartir una parte de sus beneficios entre sus empleados, aboga por reducir la jornada laboral a 36 horas semanales en 2030 y apuesta por incluir en la Constitución la obligatoriedad de revalorizar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que siempre esté por encima del 60% del salario medio. Así consta en la ponencia marco elaborada por la dirección del partido de cara al 41 Congreso Federal que está previsto que se celebre a finales de noviembre en Sevilla.
Una de las medidas incluidas por el PSOE en el documento plantea obligar por ley a las grandes empresas a repartir una parte de sus beneficios entre sus empleados, como ya hacen en Francia. Esta obligación aplicará a todas las empresas de más de 250 trabajadores, y afectará a aquellos beneficios que superen el 5% del capital social.
Además, aboga por desarrollar incentivos para que los trabajadores puedan participar de la toma de decisiones y los beneficios de las empresas medianas y apuestan por incrementar el Impuesto de Sociedades a las empresas en las que los ejecutivos cobren 40 veces más que la media de las personas trabajadoras, de forma que cada vez que se supere ese ratio, el gravamen aumente en 3 puntos porcentuales, desde el tipo general del 25%.
En el plano laboral, el PSOE quiere aumentar la tasa de empleo (16-64 años) del 66% al 72%, para converger con la tasa actual de las economías europeas más avanzadas y recortar la tasa de desempleo aproximándola al 8%, cuatro puntos menos que en 2023.
Con estos objetivos, los socialistas apuestan por reemplazar el actual esquema de políticas activas de empleo por un sistema integrado de formación continua a lo largo de la vida que permita actualizar y transformar las competencias de las personas empleadas y las desempleadas por igual.
Este sistema debería ir acompañado de la creación de una plataforma online que funcione como un ‘job marketplace’ público que conecte a los y las demandantes de empleo con todas las ofertas que haya a nivel nacional, tanto públicas como privadas.
También abogan por promover la contratación de menores de 35 años, en especial de aquellos con dificultad de inserción laboral, mediante incentivos fiscales a las pymes, y poner en marcha un ‘Plan Estatal de Relevo Intergeneracional Un autónomo por un joven’, que facilite el traspaso de negocios abocados al cierre por la jubilación a una persona emprendedora. Este plan debería incluir mecanismos de intermediación pública y ayudas destinadas a cubrir la inversión inicial.
Además, se apuesta por reforzar los mecanismos de negociación colectiva, actualizando los convenios para adaptarlos a los cambios en el modelo productivo del país y a los nuevos sectores que surgen con ellos, aprobando la Ley de Participación Institucional para consolidar el papel de los agentes sociales, y dotando de nuevos recursos y mayor representación a los sindicatos, impulsando una mayor participación de pymes, autónomos, y otros tipos de trabajadores.
En el documento, el PSOE remarca su apuesta por crear un sistema fiscal más progresivo en el que contribuyan más quienes más tienen. Para ello, proponen aumentar el actual tipo impositivo del impuesto sobre el patrimonio de los ‘megarricos’ hasta un 5%, establecer una tributación mínima del 50% en la tarifa general del IRPF para las rentas superiores a 300.000 euros anuales, acercar la tributación del capital a la tributación del trabajo aumentando el tipo marginal máximo hasta el 30%, y establecer un impuesto estatal sobre las grandes herencias y donaciones, que actúe como impuesto mínimo e impida que algunas comunidades autónomas dejen sin efecto el actual Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También apuestan por avanzar en la tributación medioambiental, reduciendo el diferencial negativo con la UE, complementando los impuestos sobre residuos y plásticos de un solo uso.
Paralelamente, el PSOE impulsará un Acuerdo Global de Impuestos Justos que permita compartir soberanía fiscal, haga efectivo el impuesto del 15% a todas las multinacionales, instaure impuestos globales a las transacciones financieras y a los grandes patrimonios, y un impuesto a las emisiones de la aviación y el transporte marítimo internacionales para compensar a los territorios y colectivos más afectados por la transición ecológica.
Además, se impulsará la creación de una nueva Corte Internacional Anticorrupción que persiga la corrupción allí donde los gobiernos nacionales no puedan o no quieran hacerlo.
Al mismo tiempo, el PSOE quiere instaurar un billete único de transporte público que incentivará y permitirá la movilidad nacional a un precio asequible, buscará seguir mejorando la red ferroviaria, ampliando las conexiones con los grandes puntos de distribución de cada región, y concederá ayudas y/o incentivos fiscales a aquellos trabajadores y/o empresas que usen la bicicleta para sus desplazamientos cotidianos de casa al trabajo. En paralelo, trabajarán en el marco del diálogo social para que las grandes empresas de más de 250 trabajadores costeen el 50% del transporte público a sus empleados en los días laborables.