Las propuestas que el PP presentará en su nueva Ley de Vivienda incluyen medidas para fomentar la oferta en el mercado residencial y apoyar a quienes buscan acceder a una vivienda. Una de sus prioridades es generar un gran parque de alquiler a precios asequibles para jóvenes y familias. “Dar la oportunidad a personas de renta media de alquilar un piso en condiciones inferiores a las del mercado”, según explica a Artículo14 su vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín.
Así, los populares apuestan por extender el modelo del Plan Vive, que ya funciona en Madrid, Valencia y Andalucía, a toda España. Con esta fórmula se pretende acelerar la incorporación al mercado de viviendas de alquiler asequible y aliviar la tensión existente que ha disparado los precios debido a una oferta insuficiente. Según las estimaciones del INE y el Banco de España, faltarían entre 200.000 y 250.000 viviendas anuales para atender la creación de nuevos hogares. Ahora, se construye la mitad (100.0000 viviendas).
La filosofía del Plan Vive es aprovechar el suelo público ‘improductivo’ que tienen ayuntamientos, comunidades autónomas y administración central para desarrollar viviendas asequibles con el apoyo de promotores privados. Durante 75 años, estos serán los encargados de su gestión en alquiler a un precio, hasta un 30%, inferior al del mercado. Al finalizar este plazo, las promociones volverán al patrimonio público porque el suelo sigue siendo propiedad pública. En el objetivo de aumentar el parque de viviendas en alquiler, el PP quiere incentivar la disponibilidad de viviendas vacías. Su proyecto incluye una deducción en el IRPF para los propietarios particulares que pongan en alquiler inmuebles que hayan estado en desuso, al menos, dos años. Además, se promoverán seguros de impago.
Ayudas al alquiler y la compra
Otra parte de la propuesta es facilitar el acceso, sobre todo a los jóvenes. En este sentido, las propuestas del PP buscan rebajar los criterios de acceso al alquiler protegido. Para ello, según detalla Martín, se reduce el requisito salarial de 1.800 euros de ingresos mensuales a 1.080 euros. Este umbral viene determinado en la actual ley de vivienda, en la definición de personas en situación de vulnerabilidad económica. Se considera que son aquellas cuyos ingresos no superan el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 600 euros mensuales. El PP propone reducir este requisito a 1,5 veces el IPREM (1.080 euros mensuales), frente a los 1.800 euros actuales.
Asimismo, se defiende una reducción progresiva del tipo de IRPF a los jóvenes durante los cuatro primeros años para favorecer su capacidad de gasto. La idea es que el primer año estén exentos del pago del impuesto de la renta sobre sus ingresos, el segundo año pague el 75%, el tercero, el 50%,y el cuarto, el 25% de impuesto, siempre y cuando destinen esas cantidades a comprar o alquilar una vivienda.
Para las familias que ya son propietarias de una vivienda, la intención es facilitar el acceso de los parientes, especialmente los de primer grado. Se bonificará el 100% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) cuando los jóvenes reciban dinero de sus padres para adquirir una vivienda. Hoy, el ISD oscila entre un 7,65% y el 34%, según las comunidades autónomas y el grado de parentesco. Los herederos también pagan la plusvalía municipal (entre el 10% y el 20% del valor catastral). Otra opción será el aval público a los jóvenes menores de 35 para que puedan obtener una hipoteca por el 100% del precio de la vivienda. En la actualidad, las entidades están financiando un máximo del 80%.
El proyecto no aborda los pisos turísticos. Según el PP, es necesario abrir una reflexión, puesto que el impacto varía en función de la tipología del municipio: no es lo mismo un inmueble en el centro de una ciudad que un municipio costero, donde estas viviendas forman parte de la oferta turística. Por eso, considera que las comunidades autónomas deben permitir que sean los ayuntamientos los que decidan.
Seguridad jurídica
Otra línea estratégica del proyecto de vivienda del PP es aumentar la seguridad jurídica tanto a promotores como particulares. Para los arrendadores, se propone el desalojo de los ‘okupa’ en 24 horas, como así se incluye en su proyecto de ley antiokupación (pendiente de tramitación en el Congreso). Según sus datos, en España hay 80.000 viviendas ‘okupadas’, el equivalente a ciudades como Toledo, Cáceres, Guadalajara o Ceuta y 25.000 “inquiokupadas”, porque los arrendatarios dejaron de abonar la renta.
Desde el punto de vista del desarrollo urbanístico, quiere reformar la ley del suelo para dar más seguridad jurídica al planeamiento. Un problema detectado es la inseguridad generada cuando los tribunales declaran la nulidad de estos por cuestiones formales o administrativas, lo que implica la nulidad en cascada de los actos de ese desarrollo urbanístico. En relación con esto, incluyen modificar la ley de jurisdicción contencioso-administrativa, para que las reformas urbanísticas, a través de la ley del suelo, se reflejen en esta norma que es la que aplican los tribunales.
Asimismo, se plantea cambiar una disposición adicional en la ley de concesiones administrativas para reducir tramites en la rehabilitación y construcción de nuevos espacios, así como los plazos. Si bien esta norma no se relaciona directamente con vivienda, la referencia a los informes sectoriales que deben emitir las administraciones públicas en la tramitación de procedimientos urbanísticos está retrasando la ejecución.
El PP insiste en reformar la ley de vivienda para eliminar aspectos como la declaración de zona tensionada y su limitación de precios. Planea modificar cuatro leyes con la premisa de que “la administración no sea un freno” para agilizar los plazos de construcción (que pueden llegar a dos años) y eliminar tramitaciones y burocracia innecesarias. Para desarrollar su propuesta, el PP ha mantenido casi 40 reuniones de trabajo con expertos y colectivos relacionados (promotores, gestores de viviendas, afectados por la ‘okupación’…). “Nuestras propuestas están asentadas en el rigor, el trabajo técnico, escuchando a los expertos y analizando las fórmulas más adecuadas”, concluye Paloma Martín.