Marcando su agenda y tratando de cortar el paso a la del Gobierno, el PP avanza con ‘lluvia fina’ los detalles de su Plan de Vivienda. Un día después de que su secretaria general, Cuca Gamarra, esbozara sus propuestas, fue el turno de la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, quien presentó las líneas generales del Plan. Una estrategia que una parte incide sobre la oferta, por ejemplo, con medidas para liberar suelo; y, por otra, sobre la demanda, con propuestas para facilitar el acceso tanto en propiedad como en alquiler. La letra pequeña se concretará en las próximas semanas en una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados.
“El problema de la vivienda se ha convertido en el principal problema para el bienestar de las familias y el proyecto de vida de millones de jóvenes. Y hay un culpable, que es el Gobierno de Pedro Sánchez”, afirmó Martín en rueda de prensa. Según los cálculos del Banco de España, la economía española sufre un déficit de unas 600.000 viviendas entre 2022 y 2025, concentrado en las comunidades autónomas con mayor actividad económica y turística.
Medidas sobre la oferta
En este sentido, el PP propone reformas en cuatro leyes -entre ellas, la Ley del Suelo y la de Vivienda “para que la administración no sea un freno“- para agilizar la oferta de viviendas con la reducción de los plazos de construcción, que puede llegar al os dos años; la supresión de tramitaciones y burocracias innecesarias, una de las que más quebraderos da al final de la obra es la obtención de licencia de primera ocupación; y la introducción de medidas para liberar suelo, tanto desde el Gobierno central como desde las CCAA y los ayuntamientos. El objetivo es lograr reducir los plazos de construcción de viviendas.
Uno de los retos del mercado español es lograr aumentar el parqué de viviendas en alquiler, con la salida al mercado de viviendas vacías. De ahí, que se proponga una deducción en el IRPF para viviendas que salgan al mercado de alquiler. Esta medida afectaría a los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en desuso al menos dos años tengan una deducción en el IRPF.
Para dar confianza a los arrendadores, el PP incide en la tramitación de la Ley Antiokupación, que supone el desalojo de los ‘okupa’ en 24 horas. “La presidenta del Congreso tiene secuestrada la ley en el cajón de forma antidemocrática porque fue aprobada por mayoría en el Senado. Protegeremos a inquilinos y a propietarios, no a los okupas y a los inquiokupas, que tanta inseguridad provocan cuando no alteran la convivencia de los vecinos y barrios”, enfatizó Paloma Martín. Según los datos que maneja el PP, en España haya 80.000 viviendas okupadas, el equivalente a ciudades como Toledo, Cáceres, Guadalajara o Ceuta y 25.000 “inquiocupadas”: “Los ocupas ya no necesitan tirar la puerta, el Gobierno se la abre”.
Medidas sobre la demanda
La otra pata de la propuesta es facilitar el acceso, especialmente a los jóvenes. En este sentido, las recetas del PP pasan por rebajar los criterios de acceso al alquiler protegido. Para ello, según explicó Martín, se apuesta por rebajar el requisito salarial de 1.800 euros de ingresos mensuales a 1.080 euros. Este umbral viene determinado en la Ley de Vivienda, en la definición de personas en situación de vulnerabilidad económica. En la actualidad, se entiende que son aquellas personas cuyos ingresos no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que actualmente son 1.800 euros. El PP propone que se rebaje este requisito a 1,5 veces el IPREM (1.080 euros mensuales).
Asimismo, se propugna una rebaja progresiva del tipo de IRPF a los jóvenes durante los cuatro primeros años para favorecer su capacidad de gasto. La filosofía es que el primer año esté exento del pago del impuesto de la renta sobre sus ingresos, el segundo año pague el 75%, el tercero, el 50%,y el cuarto, el 25% de impuesto.
Para las familias que ya son propietarias de una vivienda, se busca incentivar el acceso de los parientes, especialmente los de primer grado. El PP apuesta por bonificar del 100% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) a familiares para comprar una vivienda. En la actualidad, este impuesto que grava el valor de la casa en el momento de fallecimiento de su titular varía según las comunidades autónomas, entre un 7,65% y el 34%. La tasa depende del grado de parentesco del heredero y de la situación patrimonial previa a la herencia. Además, debe abonarse la plusvalía municipal, que oscila entre el 10% y el 20% del valor catastral.
Apoyos
“La ley de Vivienda de Sánchez ha provocado la reducción del 15% de la oferta de alquiler y el incremento del 13% de los precios y la inversión del sector inmobiliario ha caído un 36% en 2023″, criticó Martín, quien recalcó que se trata de eliminar políticas intervencionistas que “han destrozado al sector”.
El PP registrará en el Congreso su Proposición de Ley de Vivienda con la voluntad de hablar “con todos los grupos parlamentarios, para concitar el mayor apoyo posible”. En este sentido, Martín admitió que no cuentan con el apoyo de los socios en esta materia, es decir, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, y Podemos. Con esta iniciativa los populares tratan de avanzar en materia de vivienda, con la aspiración del alcanzar un pacto de Estado, como así se recogía en el programa de las últimas elecciones generales.