EXAMEN 14

El PP apoya a la CEOE: banco de horas frente a la reducción de jornada laboral

El Proyecto de Ley de Conciliación incluye un permiso parental retribuido de ocho semanas, el doble de lo que abandera Yolanda Díaz

La Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar recién registrada por el PP en el Congreso de los Diputados aclara la posición de los populares en relación con la jornada laboral. Y, tal y como se refleja en el texto, su postura coincide con la CEOE, para tranquilidad de su presidente, Antonio Garamendi, que previamente tuvo que salir al paso de unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, en las que dejaba la puerta abierta a la jornada laboral de 4 días flexibilizando las horas de trabajo.

Ahora, queda negro sobre blanco en el artículo dedicado a medidas de flexibilidad laboral y creación de un sistema de Banco de Horas, en el que se señala: “La implementación del horario flexible deberá acordarse entre la empresa y los representantes de los trabajadores, de acuerdo con las necesidades particulares de ambas partes, y sin que esto implique una disminución de las horas de trabajo ni del salario”, dejando cualquier modificación en manos del diálogo social.

Entre los ‘guiños’ a los empresarios, en el texto registrado, se indica que “las empresas deberán favorecer la implementación de un horario flexible, que permita a los empleados organizar el inicio y final de su jornada laboral, siempre y cuando se respete una franja horaria limitada de presencia obligatoria que responda a las necesidades productivas de la empresa” o que “las horas acumuladas en el Banco de Horas deberán ser gestionadas de acuerdo con los convenios colectivos aplicables o acuerdos específicos entre los trabajadores y las empresas, respetando en todo momento las necesidades de producción de las mismas”.

Desde el punto de vista de los trabajadores, la iniciativa garantiza “el derecho a su acceso [al Banco de Horas] sin perjuicio para el trabajador”, una vez acordado entre ambas partes. Además, la inclusión por el PP de un permiso parental retribuido de ocho semanas deja la puerta abierta a que los trabajadores puedan ‘jugar’ con esta bolsa de horas para conciliar.

En el texto se recoge que “en el marco del diálogo social se regulará el derecho de los trabajadores a acogerse a un sistema de Banco de horas como herramienta de flexibilidad laboral, de forma que les permita acumular horas de trabajo adicionales, horas extras, o tiempo no utilizado de permisos remunerados, con el fin de gestionar mejor su conciliación entre la vida laboral y personal. El tiempo acumulado en el Banco de horas podrá ser utilizado por los trabajadores para: ampliar el tiempo de vacaciones, tomar días libres adicionales sin afectación de sus derechos laborales o reducir su jornada laboral en determinados momentos sin reducir proporcionalmente sus retribuciones”.

Permiso parental retribuido

En su defensa de un permiso parental retribuido de ocho semanas para cuidado de mayores de un año y menores de ocho, el PP va más allá de una de las banderas sociales de Yolanda Díaz recogida en el acuerdo del Gobierno de coalición y que el Ejecutivo está incumpliendo, como así advirtió la Comisión Europea. España ha sido el único país de la UE expedientando por no transponer la obligación europea. La Directiva Europea de Conciliación exige que, al menos, las dos últimas semanas de un total de ocho sean retribuidas. En el acuerdo de coalición, este mínimo se eleva a, al menos, cuatro semanas.

El PP dobla este tiempo, según se señala en la definición de permiso parental de la Proposición, “el derecho a ausentarse del trabajo durante dieciséis semanas, de las cuales ocho serán intransferibles y retribuidas, al que pueden acogerse los cuidadores que sean progenitores para cuidados de niños y niñas, mayores de un año y menores de ocho, en cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo y del Consejo”.

El Proyecto de Ley deja varias cuestiones pendientes de desarrollo, tanto mediante planes como a través de modificaciones legislativas en normativas vigentes, como la mejora del tratamiento fiscal de las familias. Para ello, a los seis meses de su entrada en vigor prevé la remisión al Congreso de los Diputados de un proyecto de reforma de la Ley que regula el IRPF para pasar de un sistema de deducción de mínimo por descendientes a un sistema de pago directo a las familias que generan el derecho.

Mientras tanto, se propone una mejora de las reducciones fiscales para las familias a través de IRPF, elevando la deducción por maternidad a 1.440 euros, cantidad que podrá incrementarse en hasta 1.200 euros adicionales por los gastos de hijos menores de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Además, tanto para las familias monoparentales, como para las numerosas, propone que los Ayuntamientos puedan bonificar hasta el 90% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), mediante la modificación legislativa correspondiente.

También se menciona la presentación de un Plan Nacional de Conciliación y Corresponsabilidad familiar, con el objetivo de que se apruebe en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta Ley. En este plan, se fomentará el uso de instalaciones educativas y deportivas como recursos de apoyo a la conciliación, así como el establecimiento de programas de conciliación y la apertura de los comedores escolares en periodos no lectivos del calendario escolar con la misma finalidad. Para ello se establecerá un programa específico de financiación en los Presupuestos Generales del Estado.

En relación con la Gratuidad de la educación de 0 a 3, se detalla a la aprobación de un Plan para extender la gratuidad del primer ciclo de educación infantil en toda España que será cofinanciado el 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. “Dicha ampliación será progresiva, adaptándose a los modelos implantados en cada territorio, pudiendo establecerse ayudas directas a las familias que opten por no escolarizar a sus hijos en esa franja de edad”, señala el texto.

Aquí se puede acceder al detalle de las medidas del Proyecto de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad del PP.