La imposibilidad, cada vez más cercana, del Gobierno de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos y en el día a día de las familias. Medidas estrella de la agenda social de Yolanda Díaz, como la ampliación del permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas, los permisos parentales retribuidos de un mínimo de cuatro semanas para el cuidado de menores de 8 años o la paga universal por nacimiento de 200 euros al mes, corren el riesgo de quedarse en el cajón un año más.
Estas medidas están incluidas en el bloque social del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. Desde el Ministerio de Trabajo recuerdan a Artículo14 que son iniciativas que van ligadas al marco presupuestario e insisten en que el Gobierno tiene la obligación de tramitar dicha ley: “La obligación del Ejecutivo es presentar los presupuestos”, es el mantra del socio de coalición.
El problema de fondo es el pulso que mantienen las vicepresidentas primera y segunda -María Jesús Montero y Yolanda Díaz-, con la comunicación rota por la tributación en el IRPF del Salario Mínimo Interprofesional. Esta agenda social se complica con el nuevo paradigma de rearme europeo que exige destinar más recursos a defensa.
Cambio de paradigma
“La Constitución exige la presentación de la Ley General de Presupuestos, que es la ley más importante, pues determina la política económica del Gobierno. Tradicionalmente, cuando en una democracia no podían sacarse los presupuestos, se dimitía, pero este paradigma ha cambiado en los últimos años. Tenemos ejemplos de prórrogas presupuestarias por parte de los grandes partidos”, explica a Artículo14, José Emilio Bosca, asesor de Fedea y catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.
Según detalla Bosca, “comprobamos cómo el Gobierno tiene mucho margen para jugar con las partidas presupuestarias con un presupuesto prorrogado, más cuando tiene a su favor un incremento de la recaudación en 2024 por el alza de la inflación y el crecimiento económico próximo al 6 %”. A falta de los datos del mes de diciembre, los ingresos tributarios crecieron en su conjunto un 8,3 % -hay que tener además en cuenta el impacto de nuevas figuras tributarias-, inyectando más de 21.000 millones de euros a las arcas públicas en comparación con el año anterior.
En detalle
¿En qué situación está cada una de las medidas? Yolanda Díaz tiene en su agenda ministerial la ampliación de la baja por nacimiento y los permisos parentales retribuidos, que afectan directamente a la legislación laboral; mientras que la paga universal por nacimiento está en el tejado del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. “Nos queda retribuir el permiso parental, incrementar las semanas de permiso de maternidad y, especialmente, fijarnos en las familias monomarentales”, resumía Díaz en su última comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados.
En el caso del permiso parental, a su favor, Díaz cuenta con la presión de la Comisión Europea para el cumplimiento de la obligación de retribuir el permiso parental para el cuidado del menor. La no aplicación de esta exigencia ha terminado con España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el riesgo de una sanción que supera ya los 9 millones de euros. “En España, estamos incumpliendo la Directiva de Conciliación 2019/1158. Esto nos está costando una multa de 9.760 euros al día. Desde luego, este Ministerio tiene claro que hay que cumplir con la directiva. No solo por cumplir, sino porque tenemos que abordar los cuidados en este país”, afirmó Díaz en la Cámara Baja.
Tribunales
Su aplicación práctica puede venir de la mano de la justicia. Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca ha dictado la primera sentencia firme en España que reconoce el derecho de una trabajadora al disfrute del permiso parental de ocho semanas retribuido. Esta resolución marca un precedente al adelantar la aplicación de la directiva europea a la legislación nacional.
Protesta de las Madres Solteras por Elección en defensa de sus derechos.
La vía judicial es la que está marcando también el camino para la equiparación del permiso de nacimiento a las familias monomarentales, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 6 de diciembre. Este fallo reconoce a las madres biológicas de familias monoparentales el derecho a ampliar su permiso de 16 semanas en otras diez adicionales, hasta un total de 26 semanas.
Avalancha de resoluciones
Así, aunque formalmente está pendiente la reforma normativa para su incorporación a la legislación, en la práctica ya se reconoce. Tanto la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, han emitido criterios interpretativos para su aplicación. Y prevén reconocer este derecho a todas aquellas resoluciones pendientes de resolver o que hayan sido denegadas, siempre y cuando estén en plazo. A su vez, el Tribunal Constitucional sigue reafirmando su doctrina en favor de este permiso de 26 semanas.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 21 de marzo nueve sentencias en las que reconoce el derecho a la ampliación del permiso por nacimiento a familias monomarentales “disfrutando del permiso que correspondería al otro progenitor, caso de existir”. Según destaca a Artículo14 Begoña García Gil, doctora y profesora del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), lo más reseñable es que estas sentencias reconocen que se produce una discriminación por nacimiento.
Voluntad política
Con este punto de partida, la aprobación de estas medidas, con un impacto presupuestario sensiblemente inferior al de las exigencias en defensa, es más una cuestión de voluntad política que de falta de recursos públicos. De hecho, si existiera esta intención, el Ejecutivo tiene ya en marcha un instrumento legislativo en el Congreso donde tendrían fácil encaje: el Anteproyecto de Ley de Familias.
Pero todo apunta a que el permiso por nacimiento de 20 semanas terminará también este año en el cajón. Ahí también duerme la Ley de Familias, que entró en la Cámara Baja con carácter urgente y que tiene el triste récord de más de una treintena de ampliaciones consecutivas del plazo para la presentación de enmiendas.