El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un seguro de impago del alquiler. La medida busca ofrecer mayor seguridad a los propietarios y facilitar el acceso a la vivienda a los inquilinos más vulnerables. Este fondo de garantías públicas compensará a los caseros en caso de impago por parte de los arrendatarios y cubrirá también posibles desperfectos en la vivienda, así como suministros pendientes de pago.
El seguro de impago del alquiler forma parte de un acuerdo entre el Ejecutivo y Junts. Sin embargo, ya había sido anunciado previamente por el presidente Pedro Sánchez dentro de un paquete de medidas destinadas a aliviar la crisis habitacional en España. Sin embargo, aún quedan dudas sobre su aplicación y sobre si beneficiará a todos los contratos o solo a aquellos que cumplan ciertos requisitos.
¿En qué consiste el seguro de impago del alquiler?
El seguro de impago del alquiler es un sistema de avales públicos que tiene como objetivo principal ofrecer protección a los propietarios en caso de que sus inquilinos no puedan hacer frente a las mensualidades. Según ha trascendido, el Estado garantizará el cobro del alquiler y, además, asumirá los costes derivados de posibles daños en la vivienda o deudas por suministros impagados.
Este sistema busca incentivar la oferta de viviendas en alquiler, ya que muchos propietarios optan por no arrendar sus inmuebles por miedo a impagos o destrozos. Con esta medida, el Ejecutivo pretende generar mayor confianza en los caseros y, a la vez, facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables, como los jóvenes o personas con menos recursos.
¿A quién beneficia el seguro de impago del alquiler?
Uno de los principales interrogantes en torno al seguro de impago del alquiler es si estará disponible para todos los contratos o si se limitará a aquellos en régimen de alquiler asequible, es decir, con precios por debajo del mercado. En un primer momento, Pedro Sánchez señaló que estos avales estarían dirigidos a contratos firmados por menores de 35 años. Hablamos de un colectivo que suele enfrentar grandes dificultades para acceder a una vivienda en alquiler debido a las altas exigencias económicas de los propietarios.
El Gobierno se ha fijado en modelos como el de Francia, donde ya existe un sistema similar conocido como seguro visal. Este mecanismo ha sido clave para reducir los impagos y garantizar una mayor estabilidad tanto para inquilinos como para propietarios. En España, la medida ha sido presentada como una solución para aumentar la oferta de vivienda en alquiler sin necesidad de intervención directa en el mercado.
La relación con el escudo antidesahucios
El seguro de impago del alquiler se ha planteado como un complemento al escudo antidesahucios. Una medida que protege a familias vulnerables de ser expulsadas de sus viviendas en situaciones de extrema necesidad. Este escudo ha sido prorrogado dentro del nuevo decreto ómnibus, que el Gobierno tratará de aprobar en el Congreso tras un primer intento fallido.
Si bien el objetivo de estas iniciativas es garantizar el derecho a la vivienda, algunos expertos advierten que podrían generar efectos contraproducentes. Mientras que el escudo antidesahucios ha sido criticado por desalentar el alquiler de viviendas al ampliar la protección a los inquilinos, el seguro de impago del alquiler podría contrarrestar este efecto al ofrecer mayor seguridad a los propietarios.
¿Cómo se gestionará el seguro de impago del alquiler?
La Moncloa ha indicado que la administración del seguro de impago del alquiler estará a cargo de la nueva empresa estatal de vivienda, que surge de la transformación de Sepes, el organismo público encargado de la promoción de suelo industrial en España. Sin embargo, aún no se han detallado los mecanismos exactos a través de los cuales los propietarios podrán acceder a estas garantías.
El principal reto de esta iniciativa será su financiación. Si bien el Gobierno ha asegurado que se trata de una medida viable, algunos economistas advierten que la implementación de un seguro de impago del alquiler financiado con fondos públicos podría generar un elevado coste para el Estado. En países como Francia, este tipo de seguros funcionan con un sistema mixto de aportaciones públicas y privadas, lo que reduce la carga sobre las arcas del Estado.