El precio del alquiler en España sigue siendo un tema clave para millones de personas. En 2025, un nuevo mecanismo impulsado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se convierte en la referencia oficial para la actualización de los contratos de alquiler, marcando un límite destinado a evitar incrementos desproporcionados en las rentas. Este sistema, conocido como índice de referencia para la actualización del alquiler (IRAV), afecta principalmente a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023. Pero, entonces, ¿cuál es el límite del alquiler en 2025?
¿Qué establece el nuevo límite del alquiler en 2025?
El límite del alquiler en 2025 estará basado en el IRAV, que el INE publicará mensualmente. Según los datos más recientes, el índice para diciembre de 2024 se sitúa en un 2,28%, ligeramente por encima del 2,20% registrado en noviembre. Esta cifra será el tope máximo para la actualización anual de las rentas de los contratos firmados tras el 25 de mayo de 2023.
La Ley de Vivienda establece que este índice deberá aplicarse a los contratos afectados, marcando el valor mínimo entre varias variables, como:
- Índice de Precios al Consumidor (IPC): Refleja la variación en los precios de bienes y servicios.
- Inflación subyacente: Excluye elementos volátiles como energía y alimentos frescos.
- Tasa media ajustada: Considera el crecimiento anual promedio y aplica mecanismos de moderación.
De esta forma, el límite del alquiler en 2025 pretende frenar subidas excesivas y garantizar una mayor estabilidad en el mercado.
Contratos firmados antes y después de la Ley de Vivienda
El impacto del límite del alquiler en 2025 varía según la fecha de firma del contrato:
- Contratos firmados después del 25 de mayo de 2023: La actualización anual de la renta se realizará siguiendo el IRAV. Esto significa que los propietarios no podrán incrementar la renta más allá del porcentaje publicado por el INE.
- Contratos firmados antes de la Ley de Vivienda: Estos seguirán rigiéndose por los términos estipulados en sus contratos, generalmente vinculados al IPC o al Índice de Garantía de Competitividad (IGC). El IGC, limitado al 2%, seguirá siendo la referencia principal para muchos contratos previos a la normativa actual.
En ambos casos, el objetivo es proteger a los inquilinos frente a incrementos abusivos, aunque con diferencias significativas dependiendo de la antigüedad del contrato.
Mecanismos adicionales de protección
La Ley de Vivienda incluye otras medidas para garantizar una mayor estabilidad en el mercado del alquiler. Entre ellas, destacan:
- Prórrogas automáticas de la renta: Los contratos podrán prorrogarse durante cinco años si el propietario es un particular y hasta siete años si se trata de un gran tenedor.
- Herramienta digital del Ministerio de Vivienda: Una plataforma online permite a arrendadores e inquilinos calcular el precio máximo que puede actualizarse la renta según el contrato y las condiciones vigentes.
Estas herramientas buscan facilitar el cumplimiento de la normativa y garantizar la transparencia en las actualizaciones de renta.