La historia del mutualismo administrativo en España nunca ha estado exenta de sobresaltos. Sin embargo, el nuevo frente judicial que amenaza a Muface podría suponer uno de sus desafíos más determinantes en años recientes. El modelo sanitario que articula la atención médica para cientos de miles de funcionarios públicos vuelve a tambalearse, esta vez por un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel), que representa a una parte sustancial de los médicos autónomos que operan en el sector privado.
El conflicto se ha desatado a raíz del nuevo concierto de asistencia sanitaria para los funcionarios civiles del Estado que Muface adjudicó a Adeslas y Asisa para el periodo 2025-2027. Mientras las negociaciones con el Ejecutivo parecían cerrarse tras meses de tensiones, Unipromel sorprendió al presentar el pasado 3 de abril un recurso que, de ser admitido y prosperar, podría suspender cautelarmente la ejecución del concierto.
La ofensiva legal cuestiona no solo el procedimiento seguido por Muface, sino también el modelo de retribución a los profesionales sanitarios. Acusa a las aseguradoras adjudicatarias de prácticas anticompetitivas que perjudicarían directamente a los médicos autónomos.
El reparto desigual del presupuesto en el concierto de Muface
En el núcleo de la denuncia presentada contra Muface se encuentra el incremento presupuestario aprobado por el Gobierno. Hablamos de un aumento del 41,5% destinado a las aseguradoras para la cobertura de servicios sanitarios. Según Unipromel, este incremento apenas se ha traducido en un alza del 3% en las tarifas que perciben los médicos y centros privados. Una brecha que consideran inaceptable y contraria a los principios de equidad y sostenibilidad profesional.
Esta situación, argumenta la asociación, condena a muchos facultativos a operar en condiciones económicas desfavorables. Al mismo tiempo, refuerza la posición dominante de las aseguradoras. En opinión de Unipromel, Muface debería garantizar que las retribuciones sean negociadas colectivamente bajo la tutela del Ministerio correspondiente, con el objetivo de salvaguardar tanto los derechos de los profesionales como la calidad de la atención al paciente.
Las consecuencias jurídicas
Expertos en derecho administrativo han señalado a Redacción Médica que el recurso contra Muface no tiene por qué derivar automáticamente en una paralización del concierto. Sin embargo, reconocen que la Audiencia Nacional podría decretar medidas cautelares si concluye que el daño a los recurrentes sería irreparable en caso de que el proceso finalizara con una sentencia favorable a Unipromel.
Esto implicaría una nueva sacudida para Muface, justo cuando parecía haber estabilizado su modelo tras la negativa inicial de las aseguradoras a renovar el concierto el año pasado. En ese momento, fue necesaria una renegociación intensa entre las partes y una mejora sustancial de las primas para que el acuerdo pudiera materializarse.