La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, lideresa de Sumar y militante del Partido Comunista de España (PCE), Yolanda Díaz, ha reunido a los agentes sociales para que concluyan con una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero, eso sí, y aquí viene su punto happy, sin merma de las condiciones salariales. Las reacciones no se han hecho esperar. Los sindicatos, como ocurre siempre con esta ministra y con este Gobierno, actúan como cheerleaders de sus iniciativas, mientras las patronales no saben ya qué cara poner. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha exhibido la más dura. Ha dicho “basta ya” a lo que tilda de “injerencias” y “hostigamientos” del Gobierno.
El diálogo social a modo Yolanda es impositivo. 38,5 para este año y 37,5 a partir del 1 de enero de 2025. La ministra ya tiene acostumbrado a unos y a otros que ella practica el diálogo consigo misma y con los sindicatos. Si la patronal, que es la que paga lo salarios, firma o no firma, es asunto suyo, pues las decisiones de Yolanda siempre llegan a puerto. “Me gustaría un pacto tripartito, pero si no puede ser, será bipartito”, dijo sin ocultar sus cartas. Ahora les insta a pagar lo mismo por 37,5 horas que por 40, o sea 2,5 horas de matute.
La jornada de 40 horas fue fijada en 1983 siendo Joaquín Almunia ministro de Trabajo. Por supuesto, se permite acordar cifras inferiores en la negociación colectiva, como ocurre en muchos convenios. Los datos del Ministerio de Trabajo señalan que la jornada media ya está en 38,6 horas semanales, que en la actualidad 5,5 millones de trabajadores tienen pactadas 38,5 o más y que la reducción a las 37,5 beneficiará a 12 millones de empleados.
Yolanda Díaz, al tiempo que quema su aceptación electoral allá donde concurre, no ceja en sus ansias reformadoras para hacernos más felices a todos: nuevo Estatuto de los Trabajadores, entrada de los sindicatos en los consejos de administración empresariales, subida del Salario Mínimos Interprofesional (SMI), reforma del subsidio de paro, estatuto del becario, poner la inteligencia artificial al servicio del “trabajo decente”, derechos para los LGTBI, más semanas de permiso por nacimiento para el papá y la mamá, etc. Este a grandes rasgos es su programa para esta legislatura. Todo está de cine y superguay, pero a nuestra fogosa ministra parece que nadie le ha dicho que nada es gratis.
La política de la Unión Europea indica que “el empresario debe garantizar que la duración media del tiempo de trabajo semanal de su personal no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias”. Pero el tope legal en la mayoría de la zona euro está en las 40 horas, al igual que en España, con la famosa excepción francesa de las 35 horas. Eurostat en su último informe correspondiente a 2023 afirma que la media europea para personas en la franja de edad de 20-64 años en su trabajo principal se sitúa en 36,1. España está en esa media con un 36,4. Por arriba, aparecen Grecia, con 39,8; Rumania, con 39,5, y Polonia, con 39,3. Y por abajo, Países Bajos, con 32,2; Austria, con 33,6 y Alemania, con 34 horas. En Estados Unidos el promedio se eleva a 38,7 horas por semana. En estos datos se consideran autónomos, personas que trabajan a tiempo parcial y profesionales liberales.
Cuando se oye hablar al gobierno sobre esta o materias similares se tiene la impresión de que sólo existen en España grandes empresas domiciliadas en oficinas situadas en las mejores calles de las grandes capitales. Pero la realidad española no es esa. Es un tejido formado por talleres, bares, tiendas, pequeño comercio, actividades en las que el mundo happy no se inocula bien. Pequeños negocios, que abren la persiana y echan el cierre, a los que las medidas impositivas de la ministra les hace mucha pupa.
CEPYME ha puesto cifras sobre la mesa. Indica que el coste total para las empresas sería de 40.000 millones de euros, incluyendo gastos laborales, caída de producción e impuestos. ¿Quién pagará la factura? Obviamente no lo hará ni el gobierno, ni Sumar, ni los sindicatos. Las empresas, y esos pequeños negocios, buscarán vías para mitigar el impacto en sus márgenes, aumentando precios o ajustando el empleo. Por ahora, no se esperan reducción de las cotizaciones o ventajas fiscales.
Algunos economistas se han venido pronunciando en estos últimos años sobre el impacto de la reducción de la jornada a largo plazo con pérdida de crecimiento, caída de la generación de empleo o mayor participación de los salarios en el PIB Yolanda Díaz quiere que vivamos mejor, trabajemos menos, ganemos más y sonriamos tanto como ella. A todos nos gustan esas cosas tan bonitas. Pero nada es gratis y la economía española no es la escandinava. Nuestra productividad sigue muy lejos. Pero da igual. Mientras haya sociedades y particulares a los que freír a impuestos, empresas para pagar salarios y BOE para publicar normativa, Yolanda seguirá con sus medidas que, al fin y al cabo, dan votos. O eso se cree ella.